Diez militantes estudiantiles de la Universidad de Buenos Aires fueron procesados tras haber participado de una protesta en el rectorado de la institución. El delito que les imputa el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid es el de “secuestro coactivo agravado”, por lo que los dirigentes de la FUBA enfrentan posibles penas de entre 10 y 25 años de prisión. “Es descabellado”, dijo Agustín Vanella, uno de los procesados, para quien la medida tiene “el claro objetivo político de aleccionar al movimiento estudiantil” y judicializar la protesta social.

Los hechos se produjeron el 28 de mayo pasado. Con la Federación Universitaria (FUBA) a la cabeza, unos 50 estudiantes se presentaron en el edificio del rectorado mientras sesionaba el Consejo Superior de la UBA, exigiendo la continuidad de las actividades académicas en la sede Merlo del Ciclo Básico Común (CBC). El reclamo continuó con una toma del rectorado que duró siete horas. Durante dos de ellas, los estudiantes mantuvieron encerrados a los decanos y demás consejeros. Hubo forcejeos, insultos y algunos destrozos.

El rector de la universidad, Rubén Hallú, presentó una denuncia policial por privación ilegítima de la libertad. Ahí se inició la causa en la que, ahora, después de tomar declaración a los consejeros superiores y revisar las grabaciones de TV, Aráoz de Lamadrid dictó el procesamiento de los siguientes representantes y dirigentes estudiantiles: Cristian Henkel, Juan Pablo Rodríguez, María Laura Casal, Mariela Solesio, Alejandro Raia, Santiago Gima (del PO), Agustín Vanella, María Damasseno (MST), Leonardo Perna (CEPA-PCR) y David Fridman (El Brote).

De acuerdo con el juez, los alumnos “ingresaron al edificio del rectorado forzando y rompiendo la puerta de ingreso” y retuvieron a los consejeros superiores “contra su voluntad”. Los militantes procesados son –según el fallo– “los únicos involucrados que por el momento han sido debidamente individualizados e identificados”. A todos ellos se les trabaron embargos por 10 mil pesos y se les prohibió salir del país. El magistrado considera al delito “agravado” por el número de los participantes.

“Nos están imputando un delito gravísimo –dijo Vanella a este diario–. En el fallo, el juez reconoce que no encontró pruebas contra nosotros, pero considera que teníamos el dominio de lo que pasaba, lo cual es un completo disparate.” Para el ex titular de la FUBA, el fallo apunta a impedir que los estudiantes lleven sus reclamos al Consejo Superior y el rectorado de la universidad: “El mismo juez dispuso un vallado policial que controla el ingreso al edificio cada vez que sesiona el consejo”. Voceros del rectorado tomaron distancia del fallo y señalaron que, aunque la inició, la universidad no es querellante en la causa.

Con la asesoría de abogados de organismos de derechos humanos, los estudiantes prepararan una apelación para presentar ante la Cámara Federal, posiblemente mañana. Y la conducción de la FUBA comenzará a definir hoy una campaña de repudio al fallo, en reclamo del sobreseimiento de los acusados.