A media tarde de ayer ingresó formalmente a Diputados el proyecto de ley para expropiar las acciones de Aerolíneas Argentinas, Austral, Optar, Jet Paq y Aerohandling en términos tales que tal operación podrá concretarse a un valor simbólico de un peso. La iniciativa es autoría del oficialista Frente para la Victoria y tiene consenso unánime en el Parlamento respecto del afán que el Estado recupere de inmediato la propiedad de las líneas aéreas privatizadas hace diecisiete años. Deberá, sin embargo, enfrentar el disenso que genera la forma elegida para hacerlo, ya que implica dejar en manos estatales el pasivo de más de mil millones de dólares. Aun así, todo indica que antes de la Navidad podría estar sancionada y que difícilmente el accionista privado pueda hacer algo para impedir este rescate compulsivo: la batalla que Marsans pueda dar por el precio no impediría que el Estado tome posesión y administre a voluntad a partir de que la norma sea publicada en el Boletín Oficial.

El proyecto está firmado por el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi; por el titular de la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, Mariano West, a quienes se suman los diputados Alejandro Rossi, Ariel Basteiro, Patricia Fadel, Patricia Vaca Narvaja y el presidente del Bloque de la Concertación, Héctor Prieto. Así las cosas, es el Parlamento el que toma la iniciativa, algo funcional a la estrategia del Ejecutivo para despegarse de esta embestida contra Marsans. Sin embargo, el proyecto fue elaborado con aportes de Transporte y de la secretaría Técnica de Presidencia, totalmente comprometidos con la cocina.

A diferencia de lo que se previó en un principio, no se remite a la ley sancionada en septiembre, que ordenaba rescatar la totalidad de las acciones de Aerolíneas y Austral a través de la compra. Como la falta de acuerdo con los españoles abortó esa operación, el Parlamento adoptó un camino diferente, como es el de ordenar la expropiación fundándose en la ley 21.491, que da un marco general a estas iniciativas.

Según esa ley, el Estado sólo puede comprar en base al precio fijado por el Tribunal de Tasación de la Nación que, en este caso, estipuló un valor negativo para ambas compañías. Esto es lo que sostiene la posibilidad de pagar sólo un peso o un monto similar, que sea simbólico, ya que lo que se estaría transfiriendo a la órbita pública son empresas sin valor positivo. El artículo segundo del proyecto prevé expresamente que desde el momento de la publicación el Estado ejercerá a través del organismo que designe “todos los derechos que las acciones a expropiar le confieren”. El siguiente habilita a instrumentar los mecanismos necesarios para “cubrir las necesidades financieras”, “realizar operaciones de crédito, incluido el otorgamiento de avales para la adquisición de bienes destinados a la explotación comercial”. Una habilitación para gestionar sin obstáculos al grupo de empresas que desde el viernes se administran bajo la mirada de un veedor e informante impuesto por la Justicia, a pedido del Estado.

Finalmente, la norma prevé que cualquiera de esos movimientos debe ser informado a la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones (lo cual no implica que sujetar esos movimientos a la aprobación de este cuerpo) y dispone que los trabajadores podrán tener hasta un 10 por ciento de las acciones a través del programa de propiedad participada. Hoy ya tienen esa proporción en Austral, contra poco más del 1 por ciento en el caso de AA.

El proyecto oficialista irá ahora a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la única que, a juicio de sus autores, debe opinar sobre el contenido. Transporte, hasta hace días comandada por Beatriz Daher, que partió del bloque oficialista para aliarse con Felipe Solá, podría ser eludida, lo que allana aún más el camino hacia el recinto. Ahí, la suerte de la expropiación dependerá de una cuestión matemática, ya que la oposición presentó y defenderá su propio proyecto, lo que resta votos a la propuesta del Frente para la Victoria.

El radical Rubén Lanceta y el macrista Esteban Bullrich ingresaron el viernes un proyecto para reestatizar selectivamente a los activos, que también tiene la firma de Silvia Ausburger, jefa del bloque de diputados socialistas. Según las cotizaciones del Tribunal de Tasación de la Nación, para comprar los bienes tangibles son necesarios 730 millones de pesos. Si a eso se le añade la marca, no cotizada por ese organismo estatal, podría llegarse a los 800 millones (238 millones de dólares).

A juicio de los autores, este camino es mucho menos gravoso que expropiar las acciones, lo que deja en manos estatales la abultada deuda. Inclusive, no sería necesario desembolso alguno, si el Estado se limitara a capitalizar lo que ya desembolsó desde julio para garantizar la operatividad de la compañía. “De ningún modo vamos a consentir que se cargue sobre la ciudadanía ese pasivo”, advierte el legislador de la UCR.

No es esa la única iniciativa que tomó la oposición. Aquellos mismos legisladores presentaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 10 un pedido de nulidad del acta acuerdo que Planificación firmó en julio con Marsans, argumentando vicios formales. Ese documento preveía nombrar un tercer tasador en caso de desacuerdo entre las partes por el precio de las acciones a rescatar, paso que el gobierno decidió omitir.

Si ese documento fuese declarado nulo, se le restaría un argumento a los españoles para demandar ante el Ciadi. Al menos, no podrían argumentar que el gobierno vulneró el compromiso de buscar ese laudo para imponer la tasación oficial.