Pese a que había anunciado que las nuevas condiciones eran convenientes para la ciudad, las presiones pudieron más. Ayer, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció que no suscribirá un nuevo convenio con la Lotería Nacional para la explotación del juego. “El acuerdo avalaría un negocio que, claramente, por lo menos goza de una enorme falta de transparencia en cómo lo ha hecho el gobierno nacional”, sostuvo Macri. Según las cuentas que habían hecho en la administración macrista, la renegociación le permitiría ganar unos 120 millones de pesos extra por el juego en 2009, pero en el círculo más cercano al jefe de gobierno consideraron que más caro le saldría aparecer ante la opinión pública acordando con el Gobierno nacional.

La renegociación vino a coincidir con las denuncias que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, viene haciendo contra el kirchnerismo por “asociación ilícita”. En las denuncias, Carrió incluyó al empresario patagónico Cristóbal López, quien tiene la concesión de las máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Macri quería pasar a obtener el doble de lo que la ciudad sacaba por esa explotación.

Macri, la vicejefa de Gobierno Gabriela Michetti y el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, dieron ayer una conferencia de prensa en la que explicaron que la decisión no implicaba “una marcha atrás”, ya que sólo se había presentado una propuesta de acuerdo que el jefe de Gobierno decidió rechazar. De todos modos, el jefe de Gobierno advirtió que el rechazo implicaría “resignar recursos para obras”.

Carrió, una vez conocida la decisión, salió a elogiarla. “Saludamos el retroceso y la rectificación de Macri en el negociado con Cristóbal López”, sostuvo la líder de la CC en un comunicado que firmó junto a la diputada Patricia Bullrich.

La otra presión vino por el lado de la Iglesia Católica, que en los últimos días inició una ofensiva contra la expansión del juego, enfocando principalmente en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. El vocero del Episcopado, Jorge Oesterheld, volvió ayer a cargar las tintas sobre este punto. “El tema nos llega permanentemente, porque uno desde las parroquias ve cómo a través del juego se destruyen familias enteras”, sostuvo el religioso. Y agregó: “Convertir el juego en la forma normal del financiamiento de los municipios no puede ser, porque es a costa de las familias y de los pobres”. Quien había llevado la voz cantante en los días previos fue el titular de la Pastoral Social y obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, que exhortó a “parar el avance del juego”.

Gabriela Michetti citó expresamente los pedidos de la Iglesia. En línea con los planteos de los obispos, la vicejefa de gobierno advirtió sobre las implicancias “morales” que podría acarrear el avance del juego, en especial en los sectores más humildes. “Vamos a resignar recursos para que cambien las cosas de fondo”, manifestó.

También tuvieron reminiscencias eclesiásticas algunas de las frases de Macri, como cuando habló de la necesidad de “reparar nuestros valores y recuperar nuestra fe en nuestras instituciones”.

Macri también advirtió que, tal y como fue presentado, el convenio implicaba respaldar “el último acto” de Kirchner como presidente, en referencia al decreto que prorrogó la concesión de las máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Palermo y habilitó para poner 1.500 máquinas más.

Por último, Pinedo informó que reactivarán en la Cámara de Diputados un camino similar al seguido por el gobierno porteño con la policía, para que se sancione una ley que permita a la Ciudad tener jurisdicción en el juego que actualmente administra Lotería Nacional.