El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó ayer un proyecto de ley que impulsa la despenalización de las figuras de calumnias e injurias respecto de expresiones relacionadas con temas de interés público. En la presentación de la iniciativa, el presidente del organismo, Horacio Verbitsky, adelantó que “el proyecto fue enviado tanto al Ejecutivo como a los bloques oficialistas y opositores”. De esta manera, el CELS se remitió a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que en su fallo a favor del periodista Eduardo Kimel, en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de estas figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Acompañado de Damián Loreti y Andrea Pochak, integrantes del CELS, y de Kimel, cuyo paradigmático caso derivó en el proyecto (ver recuadro), Verbitsky explicó los pormenores de la propuesta y se mostró confiado en que sea rápidamente sancionada. Contó que “hemos tenido contactos con legisladores tanto del oficialismo como de la oposición. Notamos muy buena voluntad, lo que me hace pensar que es muy posible que salga la ley por unanimidad, como ocurrió con la derogación de la figura del desacato en 1993, y así podremos seguir avanzando hacia un nuevo paradigma en materia de libertad de expresión para que la Argentina vuelva a marcar un nuevo paso adelante”. Aclaró que “si bien el proyecto no hace distinción entre periodistas y el resto de ciudadanos y se refiere a expresiones de interés público en general, los compañeros periodistas deben seguir este tema con atención porque suelen ser los más perjudicados”.

El CELS propone también una reforma del Código Civil. Pochak y Loreti explicaron su consistencia.“La proliferación de juicios civiles, con la amenaza de enfrentar sumas exorbitantes de dinero en concepto de reparación del daño al honor, compromete la libertad de expresión en periodistas y ciudadanos en general”, argumentó Pochak. Loreti agregó que “la reforma insta a los jueces a evitar que la sanción pecuniaria impuesta desaliente la participación ciudadana en el debate de los asuntos de interés público o la labor periodística”.

Una vez detallados los principales puntos de la propuesta, Verbitsky retomó la palabra y aprovechó para recordar el mal trago vivido por Kimel luego de culminar su libro, La Masacre de San Patricio, en el que investigó el crimen de los curas palotinos perpetrado por un grupo de tareas de la última dictadura. “Lo que le pasó a Eduardo es un caso raro en la demostración de la argumentabilidad –analizó– por la paradoja de que en uno de los crímenes más aberrantes de la historia del país no exista ninguna condena, salvo la del periodista que lo investigó.”

Por su parte, Kimel afirmó que “mi presencia obedece a mi respaldo absoluto al proyecto del CELS. Pero al margen de la cuestión personal, es importante que el saldo sea colectivo, que los beneficios de la libertad de expresión puedan llegar a un nivel mucho más amplio que el periodístico, llegando a toda la sociedad”. Elogió al CELS porque “gracias a su propuesta contamos con niveles de protección para que situaciones como la que yo viví no se repitan”. Además, aseveró que “con esto se defiende un derecho sustancial de la democracia, como es la crítica a los funcionarios públicos”. En la misma sintonía, Verbitsky dijo a Página/12 que “nadie puede ser penado por lo que dice, sólo por lo que hace. A la opinión pública no se la puede castigar, debe ser lo que tiene que ser”.

En concreto, el artículo 109 del Código Penal, referido a las calumnias, sentencia que “la calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública será reprimida con prisión de uno a tres años”. En relación con las injurias dicta que “el que deshonrare o desacreditare a otro será reprimido con multa de mil quinientos pesos a noventa mil pesos o prisión de mes a un año”. El CELS propone las siguiente reformas: “La calumnia o falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto y circunstanciado que dé lugar a la acción pública será reprimida con multa de tres mil pesos a treinta mil pesos. El que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de mil quinientos pesos a veinte mil pesos”. Lo fundamental de la propuesta: en ambas situaciones no configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas.

Informe: Tomás Forster.