En una nueva audiencia del juicio oral y público al general retirado Jorge Olivera Rovere, Rodolfo Mattarollo declaró por el secuestro y desaparición de su colega Roberto Sinigaglia, uno de los 130 abogados desaparecidos durante la última dictadura militar, la mayoría de los cuales pertenecían a la Asociación Gremial de Abogados de Buenos Aires. El ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, actual consultor de la secretaría, es el primer abogado convocado en las causas de derechos humanos dentro del país para declarar como testigo por su condición de letrado de los ’70. En su intervención, describió el plan sistemático de desaparición forzada sobre los abogados ideado por la dictadura.

Mattarollo compartió con Sinigaglia –cofundador de la gremial– un estudio jurídico ubicado sobre la calle Viamonte al 1300, en la Capital Federal. Tal como lo recordó ante la sala de audiencia convocada por el Tribunal Oral Federal 5 –que prohibió la televisación del juicio–, Mattarollo ya había partido al exilio cuando el 11 de mayo secuestraron a Sinigaglia en ese estudio. A partir de ese caso, Mattarollo relató ante el tribunal la lógica de la represión ilegal en la desaparición forzada de abogados. Indicó que ya bajo la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse los abogados de la gremial habían elaborado novedosas prácticas profesionales de defensa “político-jurídicas” de los “luchadores populares”.

Por ejemplo, ante la Cámara Penal Federal, conocida como “Camarón” y que era un tribunal especial creado por Lanusse como un fuero “antisubversivo”, los abogados de la gremial desarrollaron principios tales como el rechazo de las pruebas obtenidas mediante torturas o diferenciaron los “juicios de ruptura”, en los que se impugnaba la legalidad del tribunal y el acusado se convertía en acusador, y aquellos “juicios de connivencia”, en los que se realizaba una defensa técnica.

Como sus colegas de la gremial, Sinigaglia acompañaba a los movimientos sociales de la época –recordó el testigo– y era uno de los principales referentes de un pensamiento jurídico avanzado. Ese escenario dio vida a lo que Mattarollo consideró como otro de los ejes de la época: la emergencia de dos nuevos actores en el paisaje político-jurídico, el movimiento de familiares y el periodismo de investigación, ambos integrados por abogados. Según Mattarollo, eso abonó la decisión de la Junta Militar de considerar a los abogados defensores de presos políticos como uno de los blancos prioritarios de la represión ilegal.

Cuando le preguntaron en la audiencia qué es lo que se sabía en el exterior de lo que estaba sucediendo en el país, el testigo relató gestiones realizadas ante la ONU y los gobiernos europeos, y ante la misma embajada argentina en París. Durante seis años, dijo, hubo una manifestación semanal que exigía información sobre listas concretas de desaparecidos, pero nadie obtuvo información. En ese sentido, señaló la responsabilidad de la diplomacia militar argentina encabezada en Ginebra por el entonces embajador de la dictadura Gabriel Martínez, que negó el crimen de la desaparición forzada e intentó descalificar a los denunciantes.