La UCR es uno de los partidos más perjudicados por la movida del kirchnerismo de adelantar las elecciones nacionales. Y no sólo por su conflictiva vida interna, sino también por su delicada política de alianzas. Como todavía mantiene su estructura nacional, el radicalismo había establecido un trabajoso cronograma de elecciones internas en varios distritos, cada uno con diversos problemas a resolver. La situación de Cobos y compañía en Mendoza, la resistencia de Leopoldo Moreau en Buenos Aires y el rechazo de un grupo de intendentes a acompañar a Luis Juez en Córdoba son sólo algunos de ellos. Si los comicios son en junio, no habrá tiempo para demoras: por eso, este viernes se juntarán los jefes de cada provincia para discutir cómo enfrentar el nuevo escenario.

En las últimas 72 horas el panorama se convirtió en una bomba que los radicales tratarán de desactivar en el Congreso. Pero aunque no pierden las esperanzas de igualar la cantidad de votos ante la Resolución 125, empezaron a analizar cómo van a hacer en caso de que se vote el 28 de junio. Cerca de la conducción del partido señalaron la posibilidad de levantar algunas elecciones internas y adelantarlas en los distritos más complicados. “Si en alguna provincia insisten en la convocatoria a internas, habrá que ajustar la fecha y por ahí en vez de votar un domingo votamos un miércoles”, dijeron.

La intención es no dilatar el lanzamiento de los candidatos en los distritos cuyas líneas internas puedan llegar a un acuerdo. En la UCR esperan que la falta de tiempo sirva no para agudizar los conflictos, sino para superarlos. El encuentro del viernes será clave. Se realizará en Córdoba, donde estaba previsto el lanzamiento de la sede local del Instituto Radical de Políticas Públicas. El titular del partido, Gerardo Morales, convocó este fin de semana a los jefes de cada distrito para que viajen hasta esa provincia y les pidió que les “metan pilas” a las negociaciones. No vaticinan un cambio de rumbo, sino un acortamiento de los plazos.

El otro punto clave es la Convención Nacional, que será el 3 y 4 de abril y cuyo eje es la reunificación del partido. Aunque no habría alusiones directas a Julio Cobos, la cuestión Mendoza será el centro de atención. Hasta fines de la semana pasada, el titular de la UCR había logrado un avance no menor: que el sector del ex gobernador Roberto Iglesias atenuara su enfrentamiento con Cobos y se mostrara dispuesto a discutir su regreso. Tras varios avances y retrocesos, las negociaciones empezaron a progresar lentamente. La candidatura del senador radical Ernesto Sanz para renovar su banca habría sido aceptada por los cobistas, pero todavía no se definió si secundará a Laura Montero o viceversa. La confección de la lista de diputados está más trabada.

En la cúpula de la UCR aseguran que el interventor Carlos Le Donne está trabajando en una fórmula para reincorporar a los ex radicales K y analizan que el vice pida licencia mientras siga en el Gobierno.

En la provincia de Buenos Aires, la interna estaba convocada para el 10 de mayo. Sin duda deberá adelantarse, si es que no logran un arreglo con Leopoldo Moreau. Hasta ahora hay consenso para que Ricardo Alfonsín encabece la nómina de diputados, pero los problemas vienen en los puestos siguientes. Moreau propone como lista de unidad a Pedro “Perico” Azcoiti y Vilma Baragiola para acompañar, pero el sector de Alfonsín hijo pretende incluir en esos lugares a candidatos renovadores.

Otro distrito problemático para el radicalismo es Córdoba, donde el titular del comité local, Mario Negri, busca una alianza con el ex intendente Luis Juez. Pero hace tiempo se viene topando con la resistencia de un importante grupo de intendentes que prefieren ir solos. Esta es otra de la provincias que deberá reprogramar las internas, convocadas para el 26 de abril.

En tanto, esta semana el radicalismo seguirá con la agenda que había programado antes del anuncio de la Presidenta. Hoy dará una conferencia de prensa con la Coalición Cívica para hacer propuestas sobre “la inseguridad”, mañana hará una audiencia pública en contra del “tarifazo”. Además, cuando el Gobierno anuncie el envío de un proyecto de nueva Ley de Radiodifusión, marcarán su rechazo. Y, por último, seguirán apoyando los reclamos de los productores rurales.