El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, aprobó una licitación centralizada por insumos de papelería en la que cuadernos, minas de lápiz y otros artículos salen hasta el doble del valor del mercado. Por el nuevo sistema, un solo proveedor abastecerá a toda la administración porteña con un sistema de “orden de compra abierta” on line. Página/12 relevó los precios de tres proveedores más pequeños que el que ganó la licitación y encontró sobreprecios en algunos casos superiores al 200 por ciento. Desde la gestión PRO argumentaron que al centralizar la compra tendrán más control de los gastos y que ahorran fundamentalmente en resmas de papel y cartuchos de impresora. Pero según los datos que relevó este diario las resmas cuestan casi igual y los cartuchos, cerca de 80 pesos más por unidad.

El 12 de febrero Macri autorizó una compra centralizada y abierta de artículos de papelería y oficina por 27.525.907,17 de pesos a un único proveedor. Con el nuevo sistema, cada dependencia porteña hará una orden de compra, controlada por el Ministerio de Hacienda. Macri facultó a su ministro del área, Néstor Grindetti, a aumentar ese precio hasta un 15 por ciento. La empresa proveerá a todo el gobierno porteño por un año, y Macri tiene la posibilidad de extenderlo un año más.

Este diario hizo un relevamiento con tres proveedores –que pidieron reserva– y la diferencia de precios respecto del mercado es llamativa en varios de los 1015 tipos de artículos licitados (ver cuadro). Algunos ejemplos: en la compra que licitó el gobierno porteño en noviembre, un cuaderno Gloria cuadriculado de tapa flexible le costará 2,66 pesos por unidad. El mismo producto cuesta entre 1,21 y 0,82 pesos en otros proveedores: en promedio un 130 por ciento de sobreprecio. Un cuaderno Avon universitario la gestión de Macri lo pagará 6,32, cuando puede conseguirse hasta por 3,23. Es decir, casi la mitad. Una caja con doce minas para portalápiz Cónsul le costará a la administración PRO 1,32, mientras que en otros proveedores sale 0,41. Un sobreprecio del 221 por ciento.

El director general de Compras y Contrataciones, Edgardo Cenzón, argumentó ante Página/12 que con la compra centralizada tendrán un ahorro global respecto de lo que podían ser las licitaciones de cada ministerio y compras por caja chica. Además, se ahorrarán el gasto de logística y almacén de stock. También sostuvo que “un tercio del consumo” en artículos de oficina es el de resmas y cartuchos y que, en esto, los precios son competitivos (ver recuadro). Pero, según el relevamiento de este diario, el gobierno porteño pagará la resma de 500 hojas A4 de 80 gramos, marca Ledesma, a 15,11 pesos, mientras que otros proveedores la venden a menor escala a 14,45. Un cartucho HP (C7115a) les saldrá 288,91 la unidad. Otros, lo vendían al gobierno porteño a 206,15.

La licitación de la Dirección de Compras y Contrataciones se aprobó el 17 de noviembre pasado. Se presentaron sólo dos empresas y una de ellas, Melezane SA, se retiró por no poder cotizar. La ganadora fue, entonces, la única ofertante, OfficeNet-Staples. Según su web, la multinacional Staples es “la número uno en el mundo en provisión de insumos para oficina”. “Vas a encontrar en productos puntuales precios más altos o más bajos. Nuestro foco está puesto en ayudar al cliente a ahorrar”, dijo el gerente general de OfficeNet, Leonardo Piccioli. En la empresa señalaron que mantendrán los mismos precios por seis meses y luego podrán ajustar por inflación.

Por la compra centralizada, el gobierno porteño anuló todas las licitaciones pequeñas de cada ministerio, lo que puso a los proveedores a menor escala en pie de guerra. La Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) hizo dos presentaciones ante la ciudad –la primera, el 11 de noviembre, antes de la licitación– reclamando que se suspenda por violar la Ley de Contrataciones, ya que “restringe a tal extremo la concurrencia que una sola empresa pudo formular una oferta válida, pese a que en licitaciones anteriores concurrían gran cantidad de PyMEs”. La UAPE cuestionó que se impidiera la participación de uniones transitorias de empresas y que se debiera ofertar por todos los productos. “La diversidad de lo solicitado impide que una sola empresa posea un objeto social tan amplio”, advirtieron. La UAPE sugirió que se trataba de una licitación hecha a medida. “Pergeñaron un sistema para dejar afuera a los otros con la exigencia de un sistema de compra on line que tiene una sola empresa”, comentaron. “Encuadrar la licitación como un servicio complejo bajo la figura de una locación de servicios poniendo en un segundo plano los productos a suministrar constituye una grave desnaturalización del contrato de compraventa”, insistió la abogada de la UAPE, Raquel Rojkier, para quien esto “pone en duda la legalidad” de la licitación. Y reclamaron que los precios de la empresa ganadora se ajustaban a los precios testigo del Estado y a los de otros proveedores.

El gobierno porteño desestimó la denuncia, pese a que una simple comprobación arrojaba diferencias con los precios de mercado. El procurador general, Pablo Tonelli, aprobó la licitación el 30 de diciembre y Macri la otorgó con el decreto 122/09, donde sostiene que la compra forma parte de “un nuevo mecanismo de adquisición centralizada”. Del ahorro, en cambio, no dice nada.