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Es frecuente oír, en los tiempos que corren, los paralelismos existentes entre la crisis actual y la ocurrida en el ‘29, planteando también, casi en forma superficial, que la solución es “keynesiana”. Sin embargo, la aguda controversia que surca la Argentina, no expresa el debate subyacente en términos tan lineales. Es real que la debacle del capitalismo mundial, que afecta a los países más desarrollados, contiene nítidamente factores de insuficiencia de demanda y/o sobreproducción de bienes que, consecuentemente, deberían ser resueltos con una fuerte intervención estatal capaz de recrear la capacidad y las expectativas de consumo.

El notable endeudamiento de las familias estadounidenses expresa, sin lugar a dudas, la insuficiencia de ingresos que padecen para acceder a bienes, por lo tanto compran a créditos cuya cancelación les insume toda su vida. Más grave aún es la situación de la Eurozona, donde se infería que la capacidad exportadora alemana era suficiente para nivelar las enormes diferencias de competitividad entre los países que usaban una misma moneda o que se habían atado a ella, como en el caso de Europa del Este. En ambos escenarios se clama, frente a la furiosa oposición conservadora, que el Estado recupere su capacidad para regular los mercados antes que sobrevengan graves convulsiones sociales, hecho que hasta ahora parece incierto y de difícil resolución en cuanto al abordaje de un programa de regulación estatal articulado.

Sin embargo, en la Argentina, la discusión se basa en el efecto de la retracción de la demanda externa y su impacto sobre el mercado interno, y no en un problema de poblaciones endeudadas por su afán de consumir o en un proceso de integración económica que no reconoce asimetrías entre sus miembros. En efecto, la Argentina atraviesa en el presente un escenario de extrema similitud con lo ocurrido durante el crac del ’29. La preocupación de los sectores dominantes frente al impacto de la crisis se centraba en la caída de la demanda externa y la pérdida de inserción internacional dentro del Imperio Británico, antes que en el freno que provocaba en el consumo masivo y en el empleo. Es por ello que, los sectores dominantes en el modelo agroexportador, no vacilaron en dar un golpe militar que les permitiera apropiarse del control del Estado asegurando que el costo de la crisis fuera descargado sobre la población. Simultáneamente, estos sectores procuraban recomponer el nivel de demanda externa en el marco del pacto Roca-Runciman.

No es casual entonces, que hoy, frente a un gobierno abocado al sostenimiento del consumo interno a través de políticas fiscales, monetarias y crediticias, se erija frente a él un arco opositor político y empresario que enarbole como única bandera la reducción de las retenciones a la soja, compensando de ese modo, la caída de la demanda externa sin importar el impacto sobre el consumo interno y el empleo. Es fundamental no equivocar la apreciación respecto de la situación política del país, puesto que no se está discutiendo la profundidad o el alcance de la intervención del Estado en el marco de un paquete económico keynesiano, sino la posición de un gobierno por preservar el nivel de actividad frente a un planteo de completa desregulación de la actividad agropecuaria hacia los mercados externos como salida de la crisis.

“La solución es la demanda externa” es la síntesis abarcativa de los planteos que van desde Biolcati hasta Carrió, frente a un gobierno que plantea cotidianamente medidas de impulso al consumo tanto de bienes durables a través del crédito, como masivos a través de los aumentos en las jubilaciones, los subsidios sociales, o el empleo traccionado por la obra pública. Frente al reclamo crispado e insensible a otro interés que no sea el propio, el Gobierno debe profundizar “el paquete keynesiano”. En este sentido, es necesario equilibrar la caída de las exportaciones con mayor consumo interno, y la disminución de la inversión privada con mayor inversión pública. En ambos casos se requiere una combinación de recursos fiscales y monetarios que sólo puede alcanzarse sosteniendo la actual política de retenciones, profundizando el control de la oferta de divisas y adaptando la disponibilidad de crédito al tiempo presente.

Antes que retroceder frente a la presión opositora, el Gobierno debe profundizar los atributos conseguidos hasta el presente. En primer lugar, la solvencia fiscal extraída de aquellos de mayor capacidad contributiva. En segunda instancia, el avance en un mayor control de la oferta de divisas, permitiendo la desvinculación del circuito de actividad interno, del mercado externo, incrementando la pesificación de la economía, y reconstruyendo un mercado de crédito accesible y masivo para vivienda y bienes de consumo durable. En relación con esto último, es necesaria la recreación de instituciones oficiales de crédito y regulaciones más activas sobre el sector financiero en su conjunto. Finalmente, la aceleración del ambicioso programa de inversión pública que resulta decisivo para el sostenimiento del nivel de empleo.

El conflicto real no se presenta sobre el grado de profundidad de las eufemísticamente denominadas “medidas keynesianas” para sostener la demanda interna que plantea el Gobierno. Lo que realmente se reclama es la preservación de la rentabilidad de los sectores más primarios de la economía afectados por la caída de la demanda externa, en el marco del dislocamiento de los mercados internacionales. Al igual que en los ’30, la oposición política y empresarial ligada al sostenimiento de las exportaciones exige también un reemplazo del actual gobierno cualquiera sea el modo.

* Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina.