EL PAíS › JUICIO ORAL A DOS MILITANTES SOCIALES POR INSTIGAR PIQUETES EN EL CENTRO PORTEñO

Acusados por protestar contra Macri

Rubén Saboulard y Ana Melnik afrontan desde hoy un proceso como responsables de la Asamblea de San Telmo, que en 2008 protestó en la ciudad. Aseguran que tras la acusación está Rodríguez Larreta.

 Por Gustavo Veiga

Se sienten fortalecidos en la calle porque dicen que ése es su lugar de lucha y porque así nacieron las Asambleas del Pueblo (ambos militan en la de San Telmo). Rubén Saboulard y Ana Melnik fueron acusados por el fiscal Norberto Brotto de instigar a otras personas a realizar tres piquetes sucesivos en pleno centro de Buenos Aires en mayo de 2008 y hoy serán sometidos a un juicio oral por esa razón. Señalan a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gabinete porteño, como el responsable de promover la causa en su contra con intencionalidad política, porque “no estuvimos en esas movilizaciones y hay como doscientas fotografías que lo prueban”. Lo que no niegan es que son opositores del gobierno de Mauricio Macri y denuncian que se los persigue, entre otras cosas, “por habernos enfrentado a las patotas de la UCEP en el desalojo de Paseo Colón 1588 y por haber parado el desalojo más grande de esta ciudad en años, el de 250 familias en el inquilinato de Bolívar y Moreno”.

En la esquina de México y Chacabuco funciona un comedor donde Saboulard y Melnik trabajan todos los días. El integró una fórmula como candidato a jefe de Gobierno porteño junto con Boni Bullrich, el curador de arte que se alió con Raúl Castells en 2007. Viene de la iglesia jesuita y tiene un discurso duro, que bien puede definirse en una frase: “Quiero destruir este orden social”. Ella es maestra –aunque ya no ejerce–, fue actriz y vive de vender comida natural. Sus modos suaves no están desprovistos de firmeza para denunciar lo que lastima: “Así como la riqueza asocia a la gente, la pobreza une, hermana”.

Si la jueza Laura Martínez Vega los declarara culpables en el proceso que afrontan, deberían abonar una multa de 200 a 1000 pesos o realizar tareas comunitarias, según el Código Contravencional porteño. Melnik explica: “Tenemos que ir a juicio porque levantaron un acta sin probar que estuvimos. Imagínese que nosotros trabajamos en dos comedores y a las 12 del mediodía. En este hecho puntual no participamos y como no pudieron identificar nuestra presencia, nos imputaron como responsables de la organización. Tampoco pueden probar que nosotros ordenamos hacerlo. Porque acá la gente es libre, decide por sí sola. Es una causa incongruente”.

Sentado a su lado y tras la segunda taza de té, su compañero apunta: “Detrás de esta causa está Rodríguez Larreta. El habla directamente de nosotros, como lo hizo por televisión diciendo que la Asamblea del Pueblo era una organización de ocupas y extorsionadores de propietarios. Y no casualmente también aparece en este juicio el fiscal Bro-tto, que es el mismo que quería desalojar un edificio de la calle Suipacha y nosotros se lo impedimos”.

“Sí, ésta es una organización que molesta”, sostiene la maestra “porque públicamente no lo disimulamos y lo decimos: somos opositores a este gobierno. A siete cuadras de todos los sectores del poder, salimos a la calle porque consideramos que es nuestro lugar de lucha. Todos nuestros reclamos fueron ahí, porque es donde se consiguen las cosas y donde nos hacemos visibles, porque no tenemos otra posibilidad de visibilidad que en la calle”.

Según Saboulard, el macrismo “ha hecho una bandera de liberar el espacio público. Pero en el espacio público también vivimos y convivimos nosotros. Y ahí chocamos. Chocamos en el tema de vivienda, en el de la venta ambulante, en el de los puestos de artesanías”. Melnik establece una diferencia entre los gobiernos anteriores y el actual: “No es lo mismo Macri que Ibarra. No hay comparación de acá a la China. La diferencia es enorme. Con Ibarra se podía dialogar. Pero hoy no está en los planes escuchar a las organizaciones sociales”.

“Es cierto –agrega el dirigente–, se trata de la filosofía del Grupo Sofía que dice: las organizaciones sociales no pueden ser intermediarias entre el Estado y los ciudadanos. La política social se tiene que dar personalmente con el individuo aislado, así lo vuelven totalmente vulnerable. Lo que no admiten es la organización. A la venta ambulante la combaten con persecución absoluta, a la prostitución con persecución absoluta, a los cartoneros con persecución absoluta... Ibarra hizo desalojos administrativos como el de Padelai, que fue una vergüenza, pero ahora desalojan a la gente un sábado a la noche.”

¿En esta política entroncan las acciones ilegales de la UCEP?, pregunta Página/12. Saboulard responde: “Sí, es la patota que usan ellos. Dicen que la patota existía desde la época del ibarrismo, pero yo nunca vi pegar durante su gobierno a alguien en nombre de Ibarra. Pegaba la policía, en todo caso. A nosotros en la Legislatura nos reprimió la policía y digamos, las veces que ligamos palos no los recibimos por grupos de civil. Ahora hemos tenido lastimados”.

Para Melnik, el juicio al que serán sometidos “es un ejemplo típico de criminalización de la protesta social, ésa es la mejor definición”. Su compañero en la Asamblea asiente: “Es una presión política para que arruguemos. Montada tan de apuro que la montaron mal, porque, la verdad, hemos hecho cagadas mucho más graves. Yo reivindico la protesta. No respeto este orden social. Quiero destruir este orden social. Si fuera por mí y por Ana, nos podrían haber incriminado por las cosas que hemos hecho antes, pero se apuraron mal para tratar de apretarnos y no tienen nada de qué agarrarnos. Este es un juicio político para que la organización baje los brazos, como ocurrió cuando desalojaron el hotel Carlos V en que metieron presos a veintitrés compañeros durante dos meses acusados de delitos que sumaban quince años de prisión”.

Mientras un par de militantes dispersos disfrutan su demorado almuerzo bien entrada la tarde y otro acerca un volante que exige “basta de persecución a las Asambleas del Pueblo”, Saboulard les pone la rúbrica a sus pensamientos: “Están equivocados. No arrugamos no porque seamos muy machos, sino porque la bronca y la desesperación de la gente es tan grande que si nosotros arrugamos nos tenemos que ir del barrio. Si no hacemos las cosas que hacemos junto con ellos, no podríamos estar donde estamos. Es una cuestión de supervivencia, es nuestro barrio, es nuestra identidad. Vamos a pelear todas, aunque vayamos presos”.

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“Es un ejemplo típico de criminalización de la protesta social”, dice Melnik.
Imagen: Adrián Pérez
 
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