Los cortes de calles realizados los días 5, 6 y 29 de mayo de 2008 por la Asamblea de San Telmo en la esquina de Cerrito y Sarmiento y sobre la Avenida de Mayo fueron para denunciar la crisis habitacional en la ciudad (hoy acentuada con una baja del presupuesto del Instituto de la Vivienda de la ciudad de 500 a 120 millones de pesos), para pedir la suspensión de los desalojos por 180 días y el congelamiento de los alquileres. Melnik y Saboulard sostienen que no estuvieron allí, pero el fiscal Norberto Brotto promovió la acción contra ellos siguiendo instrucciones del fiscal general de la ciudad, Germán Garavano. Este ocupa el cargo desde julio de 2007, cuando Buenos Aires era gobernada por Jorge Telerman y al asumir Mauricio Macri se identificó rápidamente con la línea de intervención que le imprimió a su gobierno en estos temas. En un reportaje concedido al diario La Nación el 15 de enero del año pasado anticipaba lo que se vendría: “Vamos a ir contra los responsables, los líderes de las organizaciones, contra los que arman estas marchas”. La nueva política instaurada por el PRO es la de repeler todo tipo de movilización que no sea anunciada con “razonable anticipación”, según señala el artículo 78 del Código Contravencional. “No aceptamos probation ni aceptaremos trabajos comunitarios ni multas –señaló en un comunicado la organización social a la que pertenecen Melnik y Saboulard–. Si estos empleados de la Justicia macrista quieren llevar su persecución contra los que luchan y contra las Asambleas del Pueblo hasta el bochorno, deberán dictarnos condena de cumplimiento efectivo en días de arresto y aceptar que son la herramienta de una persecución política vergonzosa.”