En septiembre pasado, a partir del intento de suicidio de “Sebastián”, un niño 8 años, se abrió una investigación judicial por presuntos abusos sexuales en el Hogar Convivencial San José Obrero, del barrio porteño de Chacarita, que depende de la Fundación Felices los Niños, cuyo titular, Julio César Grassi, está siendo sometido a juicio oral, imputado por delitos similares. La Justicia dispuso que un equipo interdisciplinario designado por el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño realizara una “intervención informativa” para analizar la situación en el hogar, el accionar de sus máximos responsables –tres monjas guatemaltecas nombradas por la Fundación– y los riesgos a los que podrían estar expuestos los 46 chicos, de entre 7 y 17 años, allí internados. Tras cuatro meses de intervención, el Consejo ha dispuesto ponerle fin a pesar de que siguen siendo negativos los informes del equipo interdisciplinario del propio organismo, acerca de la situación en la que se encuentran los chicos (ver notas aparte). La Justicia no pudo confirmar, hasta ahora, que haya sido abusado sexualmente el chico que quiso suicidarse, pero se recibieron denuncias de otros niños que dicen haber sido violados o que tomaron conocimiento de violaciones cometidas por adolescentes que conviven con ellos en el hogar. Página/12 intentó consultar a las autoridades del Consejo, pero la única respuesta fue que el caso “está en manos de la Justicia”.

De acuerdo con lo que figura en el expediente judicial, al que tuvo acceso Página/12 a través de fuentes judiciales y del propio equipo técnico de la “intervención informativa”, un niño de 8 años que no es “Sebastián” dijo en la Cámara Gesell que tres chicos “a la noche”, en el Hogar San José, le hicieron “cosas horribles”. Según el relato, al chico lo ataron de las manos con la correa de un perro y entonces “empezaron a hacerlo”. El niño dice que estaba “sin ropa” y que lo empezaron a manosear por todos lados. “Me veían con cara de novia”, declaró el pequeño, que proviene de una familia de escasos recursos, con problemas de violencia familiar. El chico está internado en el lugar junto con algunos de sus hermanitos. A pesar de la situación vivida, el niño que denunció haber sido abusado permanece en el Hogar San José Obrero.

Una niña internada en el hogar dijo que ella supo que a una compañerita, L., de 12 años, “le pasó” algo similar a lo que relató el chico de 8 años que no es “Sebastián”. La niña que habló sobre lo que le pasó a su compañerita sostuvo que lo ocurrido “son secretos, yo no lo puedo decir. La propia L. me lo dijo. Pregúntele a ella”. Cuando fue llamado a declarar, “Sebastián”, el chico que intentó suicidarse atándose en el cuello un cable que colgaba de una viga del techo, respondió siempre con evasivas. “No me gusta hablar, no quiero (...) No me acuerdo (...) No tengo ganas de hablar”, fueron las únicas frases que pudieron sacarle los psicólogos que intentaron saber las razones por las cuales intentó quitarse la vida.

El informe de los especialistas dice que el chico presenta un cuadro de “vulnerabilidad emocional, déficit defensivo, dificultades en aceptación de límites, conducta hiperquinética e impulsiva, posibilidad de conductas de riesgo”. La reticencia a hablar que demostró durante las entrevistas determinó que “no sea posible aseverar que el niño haya padecido abuso sexual”. La directora del hogar es la monja guatemalteca Olivia Jiménez, que al igual que las otras dos religiosas a cargo pertenecen a la Comunidad de Hermanas de Marta y María, fundada en el año 1979, en la localidad de Jalapa, Guatemala, por monseñor Miguel Angel García Aráuz.

La hermana Olivia, como la llaman en el hogar, declaró que sobre los presuntos abusos sexuales se había pedido un informe “a una psicóloga de la institución”, en referencia a la Fundación Felices los Niños. De todos modos, en la documentación reunida en el marco de la investigación judicial, “no se han encontrado informes sobre dicha consulta”, de manera tal que no hay certeza acerca de si efectivamente se ordenó un sumario interno para corroborar si hubo abusos.

Las declaraciones de los niños llamados como testigos en la investigación judicial, de acuerdo con la información reunida en el expediente a la que pudo acceder este diario, fueron reticentes por lo general y en algunos casos coincidieron con expresiones públicas formuladas por responsables de la Fundación Felices los Niños. Una niña, B. M., admitió que ella se pone “mal” cuando “se pone a llorar (Sebastián)” porque “se suicida”. La misma chica que hizo tal afirmación, luego sostuvo que “él no se quiere suicidar, sino que le gusta jugar con el cable” con el que se había atado el cuello.

En octubre del año pasado, cuando se conoció en forma pública el intento de suicidio, el sacerdote Julio César Grassi trató de minimizar lo ocurrido: “Se puso un cable al cuello para llamar la atención de una docente pidiéndole que lo adopte”. El apoderado de la Fundación, Ricardo Muro, dijo por su parte que el chico “juega al ahorcado” y negó que hubiera tenido intenciones de suicidarse. Sin embargo, una psicopedagoga hizo un informe en el cual se afirmó que Sebastián “estaba sumergido en una crisis total” y que se resistió a bajarse del pupitre sobre el que se había subido para atarse el cable al cuello.

La psicopedagoga Constanza Biondi trabaja en el Colegio Santa Teresa de los Andes, que ocupa un sector dentro del predio ubicado en Charlone 753, en el barrio de Chacarita, donde también está el Hogar San José, cuyos internos concurren al establecimiento educativo. “Llegó muy mal, muy angustiado, no quería trabajar, se encaprichó y se puso a llorar”, dijo Biondi en su informe. “El director (de la escuela) logró calmarlo y llevarlo a la dirección.” El chico, con el cable al cuello, amenazaba con tirarse del pupitre y ahorcarse.

Esto ocurrió el 2 de septiembre del año pasado y recién el 26 de ese mes el caso llegó a la Justicia, por una denuncia presentada por el obispo Horacio Benites Astoul, de la Vicaría Episcopal de Belgrano, de la que depende el colegio. La presentación fue hecha ante el defensor de menores Marcelo Jalil, quien de inmediato concurrió al hogar, con el propósito de entrevistarse con “Sebastián”. Eso no fue posible. Le dijeron que el chico había sido trasladado a la sede de la Fundación Felices los Niños, en la localidad bonaerense de Hurlingham.

La psicopedagoga Biondi, al describir el estado de “Sebastián” el día de los hechos, dijo que “apretaba los puñitos y tenía una tensión en el cuerpo terrible”, lo que le impidió contar lo que le había sucedido para llegar hasta el intento de suicidio. “De eso no se habla”, respondió el chico cuando fue consultado por la secretaria del director de la escuela. Siempre de acuerdo con el informe de Biondi, un alumno de quinto grado se acercó a una de las maestras de cuarto grado y le dijo: “Acá empezaron otra vez los abusos”.

En el informe de la psicopedagoga se mencionan situaciones que son las que hacen posible que los chicos más grandes cometan abusos, de todo tipo, con los más pequeños. “Como no hay gente que los cuide, dejan a los más grandes a cargo de los más chicos. Y ahí se arman ciertos circuitos de poder, de abusados y de abusadores que seguramente también lo padecieron.” Según Biondi, los chicos viven en el hogar “como exiliados en un lugar gris, donde no importa si se bañan o no, si se lavan los dientes o si se ponen ojotas un día de diez grados”.

El caso del intento de suicidio es investigado por la jueza Miriam Ruth de Estrada, quien abrió una causa por “protección especial” del menor que protagonizó el incidente y ordenó el secuestro de los legajos de los 46 chicos que están institucionalizados. Allí comprobó que los legajos no existían. Por otra parte, el defensor Jalil hizo una denuncia penal por abuso de menores ante el Juzgado de Instrucción Nº 32, a cargo del juez Carlos Bruinard. El apoderado de la Fundación, Ricardo Muro, presentó después el informe de una psicóloga, según el cual “Sebastián” se había atado el cable al cuello “para llamar la atención”.

La falta de personal especializado que cuide a los chicos durante las 24 horas del día, denunciado por la psicopedagoga Biondi, fue corroborada en varios de los informes elevados al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, cuyas máximas responsables son Jessica Malegarie y Gladys G. Suárez. Los informes fueron producidos por los especialistas designados por el propio Consejo para analizar la situación existente en el Hogar San José Obrero. Lo curioso es que, a pesar de los datos negativos señalados por los especialistas, el Consejo haya decidido (ver notas aparte) terminar con la “intervención informante” que había designado por solicitud de la Justicia.

Miembros del equipo técnico designado por el Consejo están “sorprendidos” por la decisión de las autoridades políticas del organismo. Los especialistas creen que “no se cumplieron las metas previstas al decidirse la intervención informativa y que no hubo una devolución hacia los chicos”, algunos de los cuales han confiado en los especialistas y están esperando un cambio importante en el funcionamiento interno del hogar. Los técnicos se preguntan si es posible confiar en que las actuales autoridades del Hogar San José, que estaban al frente del instituto cuando ocurrieron las irregularidades denunciadas, están en condiciones de designar y controlar al nuevo equipo que, en las actuales circunstancias, va a ser nombrado por la Fundación Felices los Niños, que ha venido negando en forma sistemática los abusos denunciados por los chicos.

Aunque ninguna de las autoridades judiciales quiso hablar sobre el tema, se sabe que habrá oposición, al menos por parte del defensor Jalil, a la intención del Consejo de hacer cesar la “intervención informativa”.