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Silvia Maluf es la tercera jueza destituida en San Luis por haber firmado un documento que denunciaba el control absoluto del ex gobernador Adolfo Rodríguez Saá sobre el Poder Judicial provincial. El jurado que decidió removerla –integrado por personajes ligados, en su mayoría, al poder político y elegidos violando leyes locales– la acusó en forma unánime por “intervención pública en política”. Este caso es sólo una muestra de lo que viene haciendo el oficialismo puntano para garantizarse instituciones adictas. Un ataque en el que, además, las mujeres han resultado blanco predilecto.
“Se ha cometido una injusticia. Estoy convencida de que ni aún haciendo un esfuerzo se puede interpretar como actividad política haber adherido a aquella declaración, esto lo comprende hasta el hombre común de la calle. Voy a seguir luchando por obtener ese reconocimiento en el carril judicial”, dijo a Página/12 Maluf, jueza desde 1984. Además de recurrir a la Corte Suprema presentará con las otras dos magistradas enjuiciadas con anterioridad, Adriana Gallo y Ana María Careaga, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por persecución política, violación de garantías judiciales y de la libertad de expresión, con respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Hace cerca de seis años, cuando Rodríguez Saá era gobernador de San Luis, se desató desde el oficialismo provincial una campaña de desprestigio y limitación hacia los jueces independientes. Para lograr su cometido el Poder Ejecutivo local, sincronizado con el Legislativo, fue apoyando el dictado de una serie de leyes que determinaron: la reducción de los salarios de los magistrados (que son intangibles), un sistema de centralización de expedientes sensibles desde la capital puntana, la disolución de los colegios de abogados y la confiscación de sus bienes, la disolución de organismos de control y la cesantía sin causa de 12 secretarias, entre otra cosas. A fines de 1996 los miembros del Superior Tribunal renunciaron masivamente ante esa situación y fueron reemplazados por jueces adictos al gobierno.
En febrero de 1997 el Colegio de Abogados de Villa Mercedes emitió un pronunciamiento en el que advertía sobre la delicada situación institucional, señalaba el poder de Rodríguez Saá no sólo sobre la Justicia sino sobre la prensa, y solicitaba la intervención de la provincia. Al planteo adhirieron cuatro juezas, cuatro funcionarias y dos secretarias. Entre las magistradas figuraban Maluf, Careaga y Gallo. Estas dos últimas también habían cuestionado por inconstitucionales las normas que se venían dictando.
Maluf, quien desde 1987 ocupaba un juzgado civil, decidió no ir a la audiencia de ayer en que se leería la sentencia. “Fue una decisión personal porque lo importante ya estaba hecho y dicho. El jurado ya había hecho oídos sordos a todo lo que se había manifestado y la acusación de por sí era muy absurda, aunque preví el resultado”, explicó, serena. También confesó que para ella el momento más duro de todo el proceso fue la formulación de la acusación por parte de la procuradora subrogante de San Luis, Diana Bernal. “Ella además de denunciarme por supuesta subversión y proselitismo encuadró delitos. Eso fue realmente sorpresivo, además para cuando lo planteó yo ya había declarado”, comentó.
El jury de enjuiciamiento, presidido por José G. Catalfamo, utilizó en su sentencia argumentos como: “Haber firmado la referida nota de adhesión (a la postura del Colegio de Abogados) no ha significado una demostración de mayor coraje o valentía como mujer, según afirma la defensa, sino lisa y llanamente ha consistido en la realización de un acto de contenido político expresamente prohibido en su condición de juez sin distinción de género por la Constitución provincial”.
Durante las audiencias previas, a Maluf la acompañaron la abogada puntana Estela Aragón y el abogado Alberto Bovino, por el CELS. Losdefensores plantearon un centenar de incidentes de recusación por los lazos de miembros del jurado con el PJ. En el alegato que hizo el martes el letrado pidió la nulidad de todo el proceso y señaló incontables irregularidades en su desarrollo como el nombramiento ilegítimo del presidente del jury quien superó por lejos el año de permanencia que le corresponde en el cargo; la acusación tardía de la procuradora; y el hecho de que Catalfamo en pleno juicio adelantó en voz alta que rechazaría las apelaciones, entre los puntos clave.
Lo que sorprendió positivamente a Maluf y a sus asesores fue que a pesar de la destitución, fueron retirados los cargos penales y el jury no la inhabilitó para ejercer cargos públicos, algo que sí les ocurrió a sus dos colegas que ya fueron juzgadas no sólo por manifestar su preocupación ante la situación de la Justicia sino por otros cargos irrisorios. En noviembre de 1998 Gallo fue expulsada de la Justicia e inhabilitada por ocho años. Había sido denunciada también por abogados que no acordaban con sus resoluciones. Al mes siguiente, la misma suerte pero con 15 años de inhabilitación corrió Careaga, cuestionada por haber impulsado una investigación por corrupción que involucraba al intendente de Villa Mercedes, Alberto Cangiano. Parece que no todo terminará aquí. Otras dos juezas, Alicia Neirotti y María Angélica Leiva, van camino al juicio.