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No se siente subversiva ni enemiga del gobierno puntano que aún dominan los Rodríguez Saá. Pero cree que “es posible” que el ex gobernador intente someter o “privatizar” a la Justicia si llega a la Casa Rosada, tal como hizo en su provincia. Casi veinte años de carrera terminaron ayer cuando la jueza en lo Civil, Comercial y Minas número 2 de San Luis Silvia Maluf de Christin fue destituida. Sin embargo aseguró a Página/12 que se siente muy bien. “Acá en Villa Mercedes todos nos conocemos y sabemos quién es quién”, dice tranquila.
De hecho, no fue destituída por mal desempeño sino acusada de intervenir públicamente en política. La magistrada considera que la sentencia es “absurda” porque a los jueces no les está vedado hacer “política institucional” sino partidaria, y considera que la condenaron por defender la independencia del Poder Judicial. “Las samurais” fue el mote con el que una revista bautizó a las funcionarias judiciales que mantuvieron posiciones radicalizadas contra el Ejecutivo provincial. “Parecería más sencillo hacer persecución a mujeres”, opinó Maluf.
La siesta puntana no fue respetada ayer en la casa de las afueras de Villa Mercedes que la jueza de 49 años comparte con su marido y sus dos hijos. Cuando la describe se detiene el jardín porque le gustan las plantas. Y admite, con cierta resignación, que ahora tendrá más tiempo para dedicarles. Aunque no fue destituída para ejercer cargos públicos y podría ejercerlos en otras provincias, explicó que se dedicará a la actividad privada. “Estoy afuera del Poder Judicial pero no descarto seguir peleando esta batalla desde alguna organización no gubernamental”, comentó a pocas horas de conocida la sentencia.
–¿Cómo se siente?
–Absolutamente disconforme, y sigo pensando que es una injusticia porque el hecho que se me imputa de actividad política no fue tal. Ejercí mi derecho a la libertad de expresión.
–¿En su momento en la acusación se habló de actos subversivos?
–Sí, en la acusación la fiscal me acusa de proselitismo político y subversión por haber firmado esa nota. La acusación es absurda, los duros alegatos fueron absurdos y el fallo también es un absurdo. No lo he leído, no sé qué esfuerzo pueden hacer para fundamentar que esa adhesión a la solicitada pidiendo la intervención federal es una actividad política. Lo mismo que decíamos en aquella nota ya lo habíamos dicho en acciones judiciales en contra de la provincia, acciones de amparo, de inconstitucionalidad de una serie de leyes que se dictaron que eran contrarias totalmente a la Constitución. Yo no soy enemiga del gobierno provincial, sólo defendí la Constitución provincial. Se llegó al absurdo de recusarnos acusados de odio en contra de la provincia. Soy juez civil y comercial y en juicios de concursos o quiebras la provincia podía verificar créditos en su calidad de acreedora, y planteban la recusación.
–Las funcionarias cesanteadas o destituidas son todas mujeres.
–Sí, todas. Hay una suerte de discriminación, acá hay hombres que pertenecen a la justicia que han hecho críticas pero, por supuesto, eran miembros del partido oficialista y no han sido sancionados ni perseguidos, como Mario Zavala del Colegio de Magistrados. Hay una cuestión de género.
–Si Adolfo Rodríguez Saá llega a la Presidencia, ¿repetirá la experiencia con la justicia nacional? Su hermano en Miami sugirió la posibilidad de revisar toda la legislación.
–Es posible que esté en su cabeza, es una cuestión que excede el marco provincial, son tendencias para que haya un sistema judicial “privatizado”. Es lo mismo que se puede observar a nivel nacional con la Corte. Creo que sí, que si esto se ha implementado de esta forma en la provincia es factible... aunque me resulta muy difícil pensar que esto se pueda trasladar a la Capital Federal. Este es un lugar muy chico, donde las presiones son más directas, hay miedo y sojuzgamiento.
–¿Hay algún hecho emblemático en esta persecusión judicial? –Son muchos. Las leyes que mencioné, la disolución de los Colegios de Abogados, las cesantías de 12 secretarias en el ‘97...
–¿Llevaban causas sensibles para el gobierno provincial?
–No. En ese momento molestaron las acciones de amparos e inconstitucionalidad que presentábamos, y la respuesta del gobierno era sacar una nueva ley y castigar con cesantías y juicios políticos.
–¿Qué pasó con los casos de corrupción contra los Rodríguez Saá?
–Hubo muchos pero están todos archivados, ninguno prosperó.