La escena habría sido un tanto extraña: un patrullero esperando a Mauricio Macri en la puerta de su casa en Barrio Parque para llevarlo esposado a Tribunales, donde habría tocado el pianito para luego pasar un tiempo a la sombra como un delincuente común. Es que durante las últimas dos semanas pesó una orden de arresto sobre la cabeza del jefe de Gobierno. Fue porque desoyó diversas intimaciones judiciales para que le diera un turno en el Hospital Piñero en un plazo razonable a una querellante en una causa laboral. La jueza Mirta González Burbridge ordenó a la Policía Federal que detuviera a Macri y lo llevara a la Alcaidía de Tribunales para que pasara dos días allí por “obstruir a la Justicia”. “Poseo inmunidad de arresto”, se defendió el líder de PRO, pero Su Señoría no levantó la orden hasta que le dieron el turno a la querellante.

La causa que se tramita desde 2007 en el juzgado laboral 13 no tenía, en principio, relación alguna con el gobierno porteño. En ella, la querellante Natalia Porreti reclama una indemnización por despido de 127 mil pesos a una cadena de venta de ropa para la que trabajaba. En un punto de la instrucción, se requirió una pericia psiquiátrica, por lo que Porreti pidió un turno en el Hospital Piñero. Le dieron uno recién para el próximo 16 de diciembre. Y le dijeron que era normal que se demoraran un año en atender. “Le manifestaron que otro joven que estaba en la recepción también había esperado un año para realizarse un estudio similar”, detalló su abogado en un escrito con muchos signos de admiración que presentó ante la jueza González Burbridge.

Para no demorar todo el año la resolución del proceso, la magistrada intimó primero al Ministerio de Salud y luego al propio Macri para que le diera un turno a la querellante en un plazo que no podía exceder los 40 días, “bajo apercibimiento de considerarlo en obstrucción de la Justicia”. La primera vez le dio un plazo de 20 días para responder, que pasaron sin novedades. La magistrada debió reiterar el oficio, esta vez con un plazo de tres días, sin que la gestión PRO se inmutara en lo más mínimo. González Burbridge intimó a Macri con una multa y le advirtió que “en caso de persistir el incumplimiento se remitirán las actuaciones pertinentes a la Justicia en lo Criminal y Correccional”. No hubo respuesta.

Finalmente, el 15 de abril la jueza firmó una orden de detención contra Macri. “Le impongo la sanción de arresto por dos días al señor jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por considerarlo en actitud de obstrucción de la Justicia”, escribió González Burbridge, que remitió una orden a la Policía Federal de encontrar y detener al líder de PRO “en el plazo de cinco días” y trasladarlo a la Alcaidía de Tribunales. La orden nunca se cumplió. Con una velocidad que no habían demostrado hasta el momento, se presentaron del gobierno porteño para recordar que Macri tiene inmunidad de arresto. La jueza, sin embargo, no levantó la medida hasta el jueves pasado, cuando finalmente le dieron un turno a la querellante en el Hospital Piñero: no se sabe si habrá obrado algún temor a quedar tras las rejas, pero lo cierto es que la mujer pasó de tener que esperar hasta mediados de diciembre para que la atendieran a tener un turno para el día siguiente.

Curiosamente, Macri no se percató de que le habían levantado la orden de arresto y el viernes pasado presentó un escrito en la causa, patrocinado por el procurador porteño Pablo Tonelli, en el que acusó a la jueza de “violar la inmunidad de arresto”. “No ignora la jueza que el subscripto es jefe de Gobierno (...) y en tal carácter, poseo inmunidad de arresto”, se escandalizó Macri, que le informó a la jueza que su resolución “es nula”. “El tribunal dictó una medida privativa de la libertad con plena omisión de expresas normas legales”, la cuestionó Macri.

El jefe de Gobierno se deshizo en excusas sobre la falta de respuesta a la Justicia: alegó que no tuvo conocimiento en ningún momento del mandato judicial. “No me fue entregado personalmente, sino en la mesa de entradas general de este gobierno –argumentó–. Es obvio que como jefe de Gobierno no intervengo personalmente en el trámite de todos los oficios que se envían a este gobierno”, se quejó. “La apelación resulta improcedente”, falló Su Señoría el viernes pasado, porque ya le había levantado la orden de detención el día anterior.