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Hace veinte años, una reducida pero poderosa parte de la humanidad, la que vive a expensas del resto, descorchó botellas de champaña para brindar por la caída del Muro de Berlín y la derrota del campo socialista. Apenas dos décadas después, si no fuese porque sabemos que vienen por nosotros para que otra vez paguemos los platos que ellos rompen, este 1º de Mayo nos podría encontrar a los trabajadores solazándonos con el espectáculo del entierro del Consenso de Washington y el fracaso estruendoso del dogma neoliberal, con un infarto masivo en el corazón mismo de las economías capitalistas del Norte.

Tal como lo definió la Confederación Sindical de las Américas, en el documento que presentó a los jefes y jefas de Estado reunidos en la Cumbre de Puerto España, “esta crisis representa el fin del modelo neoliberal de mundialización de la economía a través de la creencia de que el libre mercado sería capaz de autorregularse y organizar la producción y el consumo del planeta”.

Pero no tenemos nada que festejar. Porque sabemos que las potencias del Norte van a intentar transferir los costos del desastre económico que ellos generaron a las naciones de la periferia.

Y, a nivel interno, esa transferencia del Norte hacia el Sur va a tener como correlato dentro de nuestros países a los grupos empresarios pretendiendo que los platos rotos de la salida de la crisis los terminemos pagando los trabajadores. Qué otra cosa significa si no la presión de la UIA para que haya devaluación acompañada de congelamiento salarial o la exigencia de la Mesa de Enlace, que a eso le agrega la eliminación lisa y llana de las retenciones. De aplicarse esas recetas, a los viejos problemas de la desigualdad social y de un modelo distributivo que no elimina la pobreza, les estaríamos agregando los nuevos problemas de las políticas de ajuste que inevitablemente sobrevendrían en un contexto de retroceso salarial y recesión económica. Lo que ya conocimos: más miseria y más exclusión social.

El gran desafío que tenemos por delante la clase trabajadora y los sectores populares es construir en el debate público, y apelando a nuestra capacidad de movilización, un camino de salida de la crisis que nos permita avanzar hacia un modelo distributivo que responda a la necesidad de la eliminación de la pobreza.

Para ello partimos de una base nada despreciable: hoy la inmensa mayoría de los trabajadores sabe que aplicando las medidas monetaristas que recetan los gurúes económicos de la ortodoxia neoliberal no tenemos salida. Parte de esa base son las históricas conquistas de nuestra acción, como: la norma que derogó la Ley Federal de Educación, la estatización de los fondos de jubilación y la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, entre otras. Ahora bien, esto no puede atenuar la justa y necesaria demanda del blindaje social, tal como lo definimos las centrales sindicales de América en la Cumbre de Trinidad Tobago, y de promover las articulaciones sociales que nos permitan abrirle paso. Las condiciones en que deberemos hacerlo hoy son por demás adversas, en un escenario turbulento en el que a la inconsistencia de las políticas sociales y distributivas del oficialismo, hay que sumar el asedio de una oposición reactiva que ve la oportunidad de recuperar posiciones asumiéndose ante los factores de poder como garante de sus intereses económicos.

No es casual que mientras nosotros pugnamos por instalar la necesidad de políticas públicas para que la crisis no la terminemos pagando los trabajadores, desde los estrados de una derecha sui generis, que rehúye definirse como tal, se instale como primer punto de la agenda pública el de la inseguridad en su expresión más reaccionaria: la criminalización de los menores de edad.

También está la otra inseguridad, la laboral, que no casualmente los grupos empresarios más poderosos comenzaron a incentivar con los “despidos preventivos”, a pesar de las voluminosas ganancias acumuladas en estos últimos siete años y con la clara determinación de poner un límite a la demanda de avanzar en la discusión de la agenda social pendiente.

Lo cierto es que en este 1º de Mayo, el desafío al que nos enfrentamos es instalar la necesidad impostergable de políticas públicas que protejan a los más vulnerables. La ley de emergencia ocupacional que prohíba los despidos por 180 días, la universalización de la asignación por hijo para trabajadores no registrados y desocupados, la institución de un seguro de empleo que abarque al conjunto de los que lo necesitan y la convocatoria al Consejo del Salario son algunas de las principales medidas de ese blindaje social que seguiremos reclamando al Gobierno hasta que seamos escuchados.

Pero para ello necesitamos apoyarnos en la participación y la movilización de los trabajadores y las organizaciones sociales en todo el país. Nosotros podemos tener los mejores argumentos, los mejores informes, los mejores números. Pero la razón sirve cuando además tenemos la organización y la fuerza para poder convertirla en energía transformadora. Y, sin duda, ésa es la gran tarea que tenemos por delante. Por eso entendemos que en esta etapa es fundamental asumir la tarea de encabezar y de expresar la demanda de los sectores populares, en un momento en el que aparecen enfrentados dos modelos de sociedad. Estamos en ese punto de la divisoria de aguas en el que nítidamente se plantea la pugna entre dos proyectos antagónicos. De una orilla, el proyecto de sociedad de los que quieren que la riqueza siga quedando en manos de unos pocos, el modelo de sociedad de los que para sostener la gobernabilidad en ese esquema quieren tolerancia cero con los pobres. De la otra orilla, el modelo de sociedad de los que queremos tolerancia cero, pero con la pobreza. Los que queremos distribución, los que queremos justicia social, los que queremos una sociedad que proteja a nuestros niños y no una sociedad que se proteja de ellos. Ese es el camino y el compromiso que tenemos por delante.

* Secretario general de la CTA.