En el juicio por el incendio en el boliche Cromañón, donde murieron 194 personas, se produjo una novedad inesperada. La ex subsecretaria de Gestión y Control Comunal porteña Fabiana Fiszbin, imputada en la causa, aseguró que el certificado de bomberos necesario para la habilitación del boliche estaba vigente y en regla el 30 de diciembre de 2004, cuando ocurrió la tragedia. De ese modo, Fiszbin contradijo todo lo que se había dicho hasta ahora sobre ese punto, dado que se sostiene que el certificado había vencido en noviembre de 2004 y que, por lo tanto, el local tenía que haber sido clausurado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que hubiera evitado el desastre. La ex funcionaria, al declarar ayer ante los jueces, aclaró que sus dichos no la favorecen ni la perjudican. Distinta es la opinión del abogado de Omar Chabán, administrador del boliche y principal acusado, quien consideró que la declaración de la ex funcionaria “prueba que en Cromañón estaba todo en orden” y que los únicos responsables del desastre son los que encendieron las bengalas que provocaron el siniestro.

La ex funcionaria Fiszbin, que está imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, pidió ayer ampliar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral 24. “Lo que voy a decir no me favorece ni me perjudica, pero es importante para determinar la verdad histórica de lo que sucedió”, dijo Fiszbin en su testimonio, que duró apenas diez minutos. En medio de una gran expectativa, señaló, sobre una pantalla de video, un documento que está en la causa. Mostró la carátula de la actuación 631 de la Defensoría del Pueblo porteña, en la que se pide una nómina de los locales bailables habilitados en la Capital Federal.

En la respuesta a la solicitud, se deja sentado que la “inspección final” de bomberos en Cromañón correspondía al 6 de enero de 2004 y tenía vigencia por un año. “Esto se refiere al legajo 12.420, correspondiente a Bartolomé Mitre 3060”, que es la dirección donde funcionaba Cromañón. De ser así, el vencimiento de la habilitación debía producirse el 6 de enero de 2005, una semana después de la tragedia. La ex funcionaria comentó que había encontrado el dato “por casualidad”, junto con sus abogados, cuando estaban preparando su alegato en el juicio.

El abogado Fernando Soto, que representa a algunas de las víctimas del incendio, le dijo a Página/12 que “es raro” que el dato aportado por Fiszbin “aparezca recién ahora”. En este sentido, recordó que “el propio ex jefe de Gobierno porteño (Aníbal Ibarra) reconoció que el certificado estaba vencido y que el boliche tenía que haber sido clausurado” antes de que se produjera el incendio. Soto agregó que, de todos modos, aunque el certificado estuviera en vigencia, “la habilitación era irregular porque el plano del boliche que tenían los bomberos era falso”. Precisó que en ese documento “aparecían aberturas que no existían y había otras que existían, pero no figuraban en el plano”. También se decía que “el local tenía un censor contra incendio que abría las puertas en forma automática, cuando lo que había era un portón cerrado con candado y alambre”.

Soto sostuvo, además, que “en el local estaban la media sombra, la guata y la gomaespuma, es decir los materiales inflamables que desencadenaron el desastre. Por otro lado, el local estaba habilitado como boliche bailable y no para la realización de recitales. En los lugares donde hay recitales es obligatorio contar con ambulancias y médicos, se admite la presencia de menores pero no la venta de alcohol, como ocurría en Cromañón, y el lugar no estaba habilitado para la presencia de cinco mil personas”. Por todo lo expuesto, Soto aseguró que “aún en el supuesto de que la habilitación no estuviera vencida, ¿cómo puede ser dada como válida cuando era una habilitación falsa?”.

En Tribunales circuló enseguida la versión de que la revelación beneficiaría a la mayoría de los imputados. “Esto prueba que todo estaba en orden en Cromañón”, se apresuró a comentar Vicente D’Atolli, abogado del gerenciador del boliche, señalado como el principal responsable de lo ocurrido. El fiscal de instrucción Juan Manuel Sansone, en su acusación, dijo que Chabán organizó el recital de Callejeros, en el que ocurrió el siniestro, “a sabiendas de que el certificado de seguridad contra incendios expedido por la Superintendencia de Bomberos se encontraba vencido”. También se dijo que en el mes de noviembre un inspector se había presentado en el local para iniciar el trámite de renovación y que no había podido hacerlo porque nadie le abrió la puerta. El punto será motivo de controversia cuando lleguen los alegatos.