Integrado por científicos de distintas áreas de las ciencias exactas, naturales y sociales, las humanidades y el derecho, el comité funciona desde 2002 y es coordinado por la socióloga Otilia Vainstok. Desde entonces, se dedica a resolver dilemas surgidos de los nuevos avances en la ciencia y la tecnología, de los que emerge “la responsabilidad científica respecto de preocupaciones sociales más amplias”, aclaran en un comunicado. Es más abarcativo que un tribunal de bioética, no juzga conductas individuales, “ni (es) un espacio de negociación para llegar a consensos entre posturas ideológicas o religiosas disímiles”.

El documento fundacional del Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) afirma que, “en momentos de crisis social suele imponerse la curiosa idea de que, cuando la economía trastabilla, la ética no es exigible o puede pasar a segundo plano; este razonamiento se aplica también a la práctica científica”. En los casos que acepta, examina, concluye y recomienda (siempre en ese orden) se ponen en juego intereses corporativos concretos, millonarios como la utilización del glifosato, pero también se aclaran los tantos en grandes polémicas, como la clonación humana o la privacidad genética. Entre sus temas de estudio están la nanotecnología, la ética en la experimentación con animales y en las intervenciones de la memoria durante las investigaciones neurobiológicas. Diferentes organismos como la Cancillería o el Instituto contra la Discriminación le han pedido consejos. Del primero surgió la propuesta de evaluar entre 2003 y 2004 el Proyecto de Convención Internacional para prohibir la clonación humana en todas sus formas, preparado por Costa Rica. Fue entonces que los integrantes explicaron que la “fantasía de la fotocopia” expandida en la sociedad podía hacer perder una oportunidad de un gran avance, el médico. Por eso propusieron que el Poder Ejecutivo elabore un proyecto de ley “que distinga entre la clonación reproductiva y la clonación con fines terapéuticos y de investigación”. La primera, aclararon, debe prohibirse; la segunda no, porque serviría para curar enfermedades, como ya viene pasando.

Otros temas tratados por el comité fueron proyectos sobre bioseguridad en la aplicación de la biotecnología agropecuaria, promoción de la industria biotecnológica y técnicas de reproducción asistida. También intervino en un caso revelado por Página/12, como la polémica investigación científica y tecnológica realizada en instituciones públicas financiada con fondos provenientes de la Oficina de Investigaciones Navales de Estados Unidos. Su propuesta fue la de “limitar” cualquier tipo de aporte o intento de solventar investigaciones que provengan de fuerzas armadas extranjeras y estén “orientadas a la producción de armamento”. Las que no, dijeron, deberán “ser públicas y libremente accesibles”.