El fiscal federal Sergio Franco opinó que el Congreso Nacional es el órgano que tiene atribuciones para impedir que las personas acusadas de delitos de lesa humanidad asuman cargos públicos. Lo hizo en un dictamen con el que señaló que, por el momento, no hay impedimentos para que el ex comisario Luis Abelardo Patti sea elegido como diputado porque, para inhabilitarlo, la ley exige que esté condenado. “La Justicia tiene atribuciones para excluirlo porque estamos hablando de una interpretación constitucional. La Constitución es una sola y hay pactos internacionales que impiden que personas con sospechas suficientes de haber cometido estos crímenes se presenten como candidatos”, señaló a Página/12 Ana Oberling, abogada de la agrupación HIJOS.

El dictamen de Franco sostiene que la ley actual sólo permite restringir la posibilidad de ser electo a personas que hubieran recibido una condena. Se espera que hoy el juez federal de La Plata Manuel Blanco se expida sobre la impugnación del represor, que está preso y hace campaña desde la cárcel de Marcos Paz.

Según confiaron fuentes judiciales, el escrito del fiscal menciona que, tal como adujeron HIJOS y el CELS al presentar la impugnación contra Patti, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló en 1995 y 2000 que el Estado argentino debía adoptar “las medidas necesarias para la exclusión de cargos estatales de personas sospechadas de participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura a fin de modificar la ‘sensación de impunidad’”. En ese documento se hizo especial hincapié en la “situación excepcional” de los represores del terrorismo de Estado. Pero Franco concluyó que el Congreso debía modificar la reglamentación. Justamente anteayer, luego de quince meses de espera, los diputados aprobaron sobre tablas la media sanción para un proyecto que imhabilita a imputados de graves violaciones a los derechos humanos a asumir en cargos públicos. Pero como esa iniciativa aún no fue convertida en ley, los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas de Patti recurrieron a la Justicia para que impida que el torturador tenga la posibilidad de ser electo.

“No se puede hacer una interpretación autómata de las normas y no se puede tratar este tema como si los involucrados hubieran cometido un delito común, porque si no están condenados es porque durante treinta años las instituciones del sistema democrático no funcionaron. En este momento, Patti tiene un procesamiento firme y está a punto de ir a juicio. Pero no se puede exigir una condena en este caso cuando fueron las mismas instituciones las que impidieron el acceso a la Justicia”, señaló Oberling a Página/12. La abogada sostuvo que “el juez está en condiciones de inhabilitarlo porque la Corte Suprema señaló que el Congreso no tenía facultades para excluirlo una vez que había sido electo, pero dijo que la vía para oponerse a su candidatura era la judicial. Y esto supone que no hay que rechazar los planteos de plano, sino analizar en profuncidad el caso y las características especiales que tiene. Todos se están tirando la pelota y lo más triste es que hay personas que quedan en el medio y tienen que soportar la atrocidad de que Patti sea candidato”.

El ex comisario fue arrestado el 22 de noviembre de 2007 por los secuestros de Diego Muniz Barreto y Juan Fernández, el asesinato de Gastón Gonçalves, las desapariciones de Carlos Souto y Luis y Guillermo D’Amico y la detención de Osvaldo Arriosti.

El ex diputado Muniz Barreto y Fernández, que era su secretario, fueron secuestrados en Escobar en febrero de 1977. Los llevaron a la comisaría de la zona, a la Unidad Regional Tigre y finalmente a Campo de Mayo. De allí salieron el 5 de marzo en un Fiat 128 adormecidos con alguna sustancia. Fueron arrojados con el auto a un arroyo cercano a Raíces Oeste, en Entre Ríos. Muniz Barreto murió, pero Fernández sobrevivió y antes de irse al exilio dejó su testimonio ante un escribano público.

Patti está implicado en este caso desde el principio. La ex esposa de Muniz Barreto lo denunció en 1977. Así figura en una presentación hecha ante la nunciatura por la mujer. Un amigo de la familia declaró en la causa que el 17 de febrero se entrevistó con un hombre que dijo venir de parte de Muniz Barreto (era familiar de un preso de la comisaría de Escobar) que le entregó una nota de puño y letra del diputado que decía: “Movete rápido, estamos en Escobar. Nos detuvo el suboficial inspector Luis A. Patti”. Muniz Barreto mandó dos mensajes más de este tipo que llegaron a la familia y a su empresa. Según el informe del personal de la comisaría de Escobar, Patti fue promovido el 7 de marzo de 1977, un día después del asesinato de Muniz Barreto.

Los secuestros de Souto, los hermanos D’Amico y Arriosti se produjeron en 1977 en la zona de Garín. Arriosti sobrevivió a su cautiverio e identificó a Patti como uno de los hombres que lo capturó.

Gonçalves fue secuestrado el 24 de marzo de 1976 en Zárate. Dos testigos narraron que estuvieron detenidos con él en un camión celular ubicado detrás de la comisaría de Escobar, donde Patti cumplía funciones de oficial subinspector. El 2 de abril de 1976 el cadáver de Gonçalves fue dejado en el paraje El Cazador, en la ruta 4. Lo habían fusilado y después incinerado. Veinte años más tarde, el cuerpo, que estaba enterrado en el cementerio de Escobar como NN, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Unos meses antes de su secuestro, Gonçalves y su mujer habían discutido con Patti a raíz de la organización de un acto en Escobar. “Ya vas a ver lo que te va a pasar. Te voy a hacer matar”, lo amenazó el policía.