Desde septiembre de 2003 hasta ayer la jueza federal de Córdoba Cristina Garzón de Lascano consintió que militares retirados y civiles procesados por secuestros, torturas y asesinatos se alojaran como honorables huéspedes en cuarteles del Tercer Cuerpo de Ejército, donde conviven con camaradas en actividad. Durante más de cinco años ignoró pedidos de Hijos y Familiares regional Córdoba, de la fiscal Graciela López de Filoñuk y del Ministerio de Defensa para que ex miembros de grupos de tareas de La Perla fueran trasladados a cárceles y obligó a jóvenes soldados a violar las leyes que les impiden oficiar de guardiacárceles. Ayer la magistrada dispuso el traslado de ocho represores desde el cuartel Unión a una prisión común. Pero no lo hizo por propia voluntad. La Cámara Federal de Córdoba ordenó el miércoles que todos los detenidos de su jurisdicción sean alojados en unidades penitenciarias. La jueza, sin embargo, simuló ignorar la instrucción del tribunal superior e invocó como motivo de su decisión la negativa de la ministra de Defensa, Nilda Garré, para que los suboficiales requisen las habitaciones de los presos en busca de armas, medida que ella ordenó la semana pasada, luego de que las obscenas condiciones de detención fueran constatadas por funcionarios de Defensa y de la Procuración General de la Nación.

Habitaciones con televisión, muebles de estilo y baño en suite. Comedor con fogón y vista panorámica. Sala de Internet. Huerta y criadero de conejos. Taller de carpintería. Servicio de comida y limpieza a cargo de subordinados. Médico y profesor de educación física para actividades terapéuticas. Así eran las condiciones de detención en el Tercer Cuerpo de Ejército de militares retirados y agentes de inteligencia civiles procesados por secuestros, torturas y asesinatos. Los privilegios, de vieja data y autorizados por Garzón de Lascano, fueron corroborados por primera vez a fines de abril por la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado y funcionarios del Ministerio de Defensa.

La ley prohíbe a las Fuerzas Armadas intervenir en tareas de seguridad interior en reemplazo de policías o carceleros. La ley de Ejecución Penitenciaria encomienda al Servicio Penitenciario Federal “la custodia y guarda” de procesados privados de la libertad. La de Personal Militar obliga a los activos a respetar la jerarquía de superiores retirados. Su combinación con la orden de Garzón de Lascano enfrenta a los soldados con la esquizofrénica misión de servir y a la vez custodiar a coroneles y generales imputados en torturas y asesinatos.

Desde mediados de 2006, Garré reiteró en tres oportunidades a los jueces federales que las unidades militares no están diseñadas para servir de cárceles ni los soldados capacitados para controlar presos. La aparición del cadáver envenenado de Héctor Febres en su dúplex de Prefectura y las fotos del ex ESMA haciendo la plancha en la pileta de la base naval de Azul llevaron a algunos jueces a replantearse los privilegios. Garzón de Lascano no acusó recibo. En julio pasado, tras la fuga del oficial de inteligencia Julián Corres de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal, Garré ordenó a las tres fuerzas bajo su mando no acatar nuevas órdenes judiciales de recibir detenidos. Ante esta situación, Garzón de Lascano concedió a sus nuevos represores presos arrestos domiciliarios o excarcelaciones.

En enero, ante un requerimiento de Defensa, el Cuerpo III informó que los detenidos a disposición de Garzón de Lascano se alojaban en los casinos de oficiales o suboficiales, según la jerarquía, junto a militares en actividad. El informe destacó que los ex subordinados del condenado Luciano Benjamín Menéndez no estaban en celdas sino en cuartos, se los controlaba “golpeando la puerta de la habitación”, y a las visitas apenas se les “advertía respetuosamente” la prohibición de ingresar con armas, explosivos, bebidas alcohólicas o celulares. Ante “la gravedad de la situación”, la ministra solicitó una inspección de las unidades del Tercer Cuerpo al fiscal federal Jorge Auat, titular de la Unidad de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de la Procuración.

El 28 de abril, Auat se presentó en el cuartel Unión, donde pasan sus días ocho imputados. Lo acompañaron en la inspección la fiscal federal Graciela López de Filoñuk y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Ileana Arduino. Los recibió el comandante del Tercer Cuerpo, general de división Carlos Artuso. Tres coroneles oficiaron de testigos. El panorama que encontraron consta en un acta de cuatro páginas manuscritas:

- Los imputados se alojan en habitaciones con televisor, muebles de madera, escritorio y baño en suite. Algunas tienen dos camas, para esposas o visitantes. Las puertas se cierran con llave sólo desde adentro.

- No hay rejas en “ninguna dependencia del edificio”.

- Los presos “cohabitan con personal en actividad”, que producto de la orden judicial padecen de “faltante de lugar”.

- En el comedor del casino de oficiales, con fogón y vista panorámica, encontraron “una mesa con cuatro lugares con su respectiva vajilla” a la espera de los comensales/presos.

- Hasta 2007 tenían “Internet en la habitación, a su cargo”. Garzón de Lascano dio “directivas” para que se equipara una sala especial con servicio gratuito.

- A las 8 desayunan. De 8.30 a 12.30 realizan “actividades físicas o trabajos autorizados, bajo la supervisión del médico o del profesor de educación física de la unidad”. De 14 a 16.30 realizan “actividades en su habitación”, léase siesta, y luego retoman sus hobbies hasta la hora de la cena.

- Garzón de Lascano autorizó actividades con “fines terapéuticos” que “no forman parte de las propias del cuartel” y generan “inconvenientes” con los suboficiales/guardiacárceles. El capitán Jorge Exequiel Acosta, trasladado a una cárcel común tras la condena del Tribunal Oral Federal, tenía su propia huerta. El sargento ayudante Hugo “Tarta” Herrera, que salió y no pudo volver a entrar porque ya regía la orden de Garré, instaló un criadero de conejos. El ex PCI Emilio Morard aún se dedica al “fraccionamiento de carbón” para la venta. Su colega Héctor “Palito” Romero realiza “trabajos de carpintería”.

- Reciben visitas de viernes a domingo de 9 a 22, aunque si lo desean pueden quedarse a “pernoctar”. Los abogados defensores pueden ir cuando quieran. Los días de festividades cristianas, Garzón de Lascano autoriza la extensión del horario hasta la 1.15 de la madrugada.

- No se requisan las habitaciones ni a los visitantes porque “no cuentan con las facultades para hacerlo”. Consecuencia: “No es posible saber si ingresan armas o no”.

- La vigilancia está a cargo de dos suboficiales.

- “Todas las erogaciones que generan los detenidos” corren por cuenta del Ejército.

- Los huéspedes dejan constancia de que “la jueza Garzón de Lascano ha visitado las instalaciones y tiene conocimiento de estas circunstancias”.

Con este panorama, Auat envió un escrito a la Cámara Federal de Córdoba, (superior de Garzón de Lascano) para “poner en su conocimiento una situación de gravísima irregularidad”, donde detalló las conclusiones de su visita al cuartel de Unión del Tercer Cuerpo de Ejército. “Resulta impostergable la adopción de medidas que de un modo definitivo regularicen las condiciones de alojamiento de los detenidos (...) que se neutralicen los altos riesgos procesales que se asumen al mantener vigente esta situación, como así también la irritante situación de desigualdad en relación a los demás casos que se ventilan en los distintos tribunales del país”.

La Cámara Federal de Córdoba tomó nota del asunto y a través de un acuerdo extraordinario dispuso informar a todos los jueces de su jurisdicción que “deberán alojar a las personas privadas de su libertad por cualquier tipo de ilícito penal de competencia federal en las unidades penitenciarias que correspondan conforme a la etapa procesal por la que transiten”.

Ayer, Garzón de Lascano ordenó el traslado de ocho represores a “una unidad del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”. Pero no se dio por enterada de la orden de la Cámara. Argumentó, en cambio, que no podía garantizar la seguridad de los detenidos ni de terceros porque Garré impedía que el personal militar requisara a los internos y a sus visitas. La jueza no dijo nada aún acerca de siete ex policías del Departamento de Informaciones (D2) que pasan sus días en la guardia de infantería de la misma policía de Córdoba ni del coronel Luis Gustavo Diedrich, en la práctica jefe de las patotas del Destacamento, que es bien atendido en la Brigada de Infantería de Montaña VIII de Mendoza. Según la resolución de la Cámara Federal, también ellos deberían dormir en una cárcel.