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Pese a las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior, el jefe de Gobierno porteño autorizó a incorporar a las filas de la Policía Metropolitana a los militares en actividad. Además, decidió impedir el control de la Legislatura a la nueva fuerza: lo hizo mediante el veto de la norma votada que creaba un Comité de Seguimiento de la actuación policial. Por añadidura, Mauricio Macri decidió que no se exigirá como requisito a sus cuadros el título secundario, aun cuando así lo exige la ley 2.894, que creó la fuerza de seguridad. Eso sí, el nuevo superintendente que estrenó cargo el 1o de mayo, el comisario mayor retirado de la Federal Carlos Arturo Kevorkian, goza de una amplia discrecionalidad para asignarse recursos, designar instructores y elegir lugares de entrenamiento.

El decreto 210/09, en su cláusula transitoria tercera, convierte en una caricatura a la Ley 24.079 de Seguridad Interior de la Nación. El jefe de Gobierno porteño lo firmó para que a quienes se designe en la Policía Metropolitana no les sea “computada incompatibilidad alguna derivada de la posesión de estado policial o militar vigente en su Fuerza de origen” ya que, en ese contexto, “no les resultarán de aplicación las previsiones del decreto 1.123/01”.

La misma cláusula aclara que “no obstante ello, ante una eventual convocatoria obligatoria de su Fuerza de origen, el interesado deberá acreditar su solicitud de baja en dicha fuerza para continuar en la Policía Metropolitana. Quienes así no lo hicieren, serán dados de baja en forma automática”.

La incorporación de cuadros de las fuerzas armadas es incompatible con la Ley Nacional 24.079, pero también con la 2.894 o Ley de Seguridad Pública del gobierno porteño, ya que en el artículo 47, inciso G, estipula que “no pueden desempeñarse como miembros quienes pertenezcan a las Fuerzas Armadas”.

El contenido de esta norma pone negro sobre blanco una situación que ya venía dándose. Militares y policías de otras jurisdicciones comenzaron a pasarse a la tropa en formación seducidos por promesas de mejores salarios. Así como la ciudad que gobierna el PRO les pagará más a sus uniformados que la Bonaerense (unos 3000 pesos de sueldo básico), a los maestros porteños los relega si se comparan sus ingresos con los de otros distritos.

En armonía con su política de modelar una policía propia, el Ejecutivo aceleró los tiempos de la Metropolitana, designó a su principal responsable, el comisario Kevorkian; al rector del Instituto de Seguridad Pública que tendrá a su cargo la formación de los egresados, el abogado Daniel Roberto Pastor –cuestionado por los organismos de Derechos Humanos por su oposición a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad–, y a varios mandos medios de la fuerza. Según datos muy recientes, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Daniel Montenegro, habría nombrado a 125 oficiales, muchos de ellos provenientes de la Policía Federal.

Una fuente judicial consultada por este diario que analizó las normas vulneradas por las resoluciones de Macri señaló: “Esto es gravísimo. El decreto 210, al admitir personal de las Fuerzas Armadas, viola la ley que está reglamentando, la 2.894 y la de Seguridad Interior, que les prohíbe a los militares realizar tareas de seguridad interior. Además, rompe la idiosincrasia que supuestamente tenía esta ley –y que por eso fue votada por todos los bloques de la Legislatura– de lograr una policía moderna, con conocimiento de la prevención del delito y comunitaria. Un militar no está entrenado para eso, sí para la guerra”.

A las críticas de los especialistas se sumaron las de legisladores. El diputado nacional Juan Carlos Dante Gullo presentó el viernes pasado un proyecto de resolución en el que pide información “sobre si se está incorporando a las filas de la embrionaria Policía Metropolitana a oficiales o ex oficiales del Ejército Argentino, incluyendo comandos o ex comandos, y en base a qué criterio, máxime teniendo en cuenta que la función y formación de éstos está estrechamente ligada a las tareas propias de una fuerza de seguridad cuyo objetivo es la defensa territorial frente a la eventualidad de un ataque externo y que los mismos carecen de idoneidad para tareas de seguridad interna, las que por otra parte se hallan expresamente prohibidas por la legislación vigente en materia de seguridad interior y defensa nacional”.

La legisladora porteña Liliana Parada también cuestionó al jefe de Gobierno: “Mauricio Macri hace lo que quiere. No respeta a las instituciones democráticas, igual que lo que critica del gobierno nacional. En este caso, la Legislatura es menos que una escribanía, ya que ni siquiera respeta lo que sus diputados votan. O bien veta las leyes o bien las viola por vía de la reglamentación”.

Parada alude al veto de Macri al Comité de Seguimiento y Control de la Seguridad Pública que la Legislatura había votado el 14 de mayo por 31 votos afirmativos contra uno negativo. La iniciativa para crear ese organismo de control fue de los legisladores Pablo Failde y Silvia La Ruffa, que le atribuían funciones como “recomendar mecanismos de articulación y coordinación permanente entre las distintas agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad con el fin de armonizar y garantizar la implementación de la Ley de Seguridad Pública” y “proponer mecanismos de monitoreo permanente con el fin de poder establecer indicadores que permitan a las agencias de seguridad pública con competencia en la ciudad tener una evaluación constante de la evolución del sistema de seguridad pública”.

Macri vetó esa ley el 9 de junio. Y el mismo día, mediante el decreto 520/09, flexibilizó un requisito que estaba contemplado en la ley 2894, que les exigía a los futuros cuadros el título secundario como condición para su ingreso. El artículo 1 de aquel decreto determinó que “el personal proveniente de otras fuerzas de seguridad nacionales o provinciales que se incorpore a la Policía Metropolitana hasta el 31 de diciembre de 2011 y que al momento de su designación no tenga estudios secundarios completos deberá acreditar dentro del primer año el inicio del curso para completar sus estudios”. El artículo 2 establece un plazo máximo de tres años para finalizarlos y el 3 una prórroga de dos más.