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En ninguno de los dos casos existieron anuncios oficiales. El gobierno porteño no comunicó a la población de la ciudad que el traslado de Puerto Pibes, un espacio que funciona como hogar de día y escuela para chicos en situación de marginación social, y la utilización de amplios sectores del Parque Chacabuco tenían como objetivo generar espacios de utilización exclusiva de la inminente Policía Metropolitana.

El caso de Puerto Pibes salió a la luz luego de que Página/12 revelara la presencia de 30 uniformados en el lugar. Sólo entonces la Dirección de la Niñez porteña confirmó que el edificio será el nuevo escenario de la fuerza de seguridad porteña. Según se informó entonces, el complejo cercano a Parque Norte, donde además de una escuela se ofrecía un espacio para que 120 chicos y chicas en situación de riesgo social pudieran desarrollar actividades recreativas y culturales en un marco de contención, tendría como nueva sede algún edificio en algún barrio sureño de la ciudad.

Fueron los propios vecinos de la zona los que, por su parte, descubrieron la utilización que cerca de 30 uniformados le estaban dando al polideportivo municipal que funciona en el Parque Chacabuco. Funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Subsecretaría de Deportes de la ciudad confirmaron a este diario, hace poco más de un mes, que los “exámenes de aptitud física” de unos 900 aspirantes a la nueva fuerza se tomarían en el predio público. En el mismo lugar, cuatro escuelas secundarias de la ciudad dictan clases de educación física a sus alumnos, actividades que “se verían afectadas”, según la adjunta de la Defensoría del Pueblo porteño, Graciela Muñiz.

Lo único que anunciaron los carteles amarillos fue el inicio de las obras para recuperar la vieja pista de atletismo: se necesitaba adecuarla para los aspirantes a policías porteños.