A siete años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, una masiva protesta cortó el Puente Pueyrredón en reclamo de que se investigue a los trece funcionarios denunciados por su responsabilidad política en aquel operativo represivo. Como todos los años, el puente que une Avellaneda con la Capital Federal volvió a reunir a miles de manifestantes de los barrios del conurbano, la mayoría pobres, casi todos jóvenes. Muchos incluso tan jóvenes que cuando ocurrieron los hechos iban a la escuela primaria, y que sin embargo ayer fueron el sostén de la movilización. Por las muertes de Kosteki y Santillán el entonces presidente Eduardo Duhalde debió dejar anticipadamente el poder; aunque el comisario Alfredo Fanchiotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados, la causa judicial que debe investigar las responsabilidades políticas está congelada.

La marcha se realiza los 26 de junio al mediodía, la hora en que los policías dispararon contra los piqueteros, y en cada oportunidad reúne a los protagonistas del 2002 con nuevas camadas. Mezclados entre los que caminaron desde la estación de trenes de Avellaneda hasta el lomo del puente –una vez arriba se podía ver la tira de asfalto como cubierta de hormigas–, ayer estuvo Alberto Santillán, el padre de Darío, que fue con sus dos nietos.

Santillán no subió al palco donde se leyó un documento –en general prefiere el bajo perfil–, pero habló sobre lo que significaba para él la jornada. “Es un mensaje para la Justicia, que cuando tiene que juzgar a los grandes mira para otro lado”, definió. Además, se dijo “desilusionado” por “la falta de voluntad política del gobierno de Kirchner para que se investigue”.

Estuvo también Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano. “Queremos que (el juez Ariel) Lijo llame a declarar a los trece funcionarios involucrados”, sostuvo Vanina. En la causa están denunciados junto con Duhalde varias figuras de su gabinete así como las ex autoridades de la provincia, Felipe Solá (en ese entonces gobernador), Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete de Duhalde), Aníbal Fernández (secretario general de la Presidencia), Juan José Alvarez (secretario de Seguridad), Carlos Soria (jefe de la SIDE) y Oscar Rodríguez (segundo de la SIDE). En las elecciones del domingo, Solá y Atanasof son candidatos de Unión PRO, mientras que Rodríguez encabeza una lista colectora kirchnerista en el municipio de Presidente Perón.

Juan, de 18 años, ropa piquetera, la cabeza tapada por una remera que sólo dejaba ver sus ojos, hacía seguridad en una de las columnas. Contó que el 26 de junio de 2002 estaba en sexto grado. Conoció la historia de Darío Santillán “porque me la contaron en el barrio” Don José, de Florencio Varela, donde vive. “Darío fue un militante que luchaba por los ideales del pueblo y la policía lo mató”, definió. También relató que en su movimiento, el 29 de Mayo, “lo teníamos a Petete Almirón”, al que “también lo mató la policía el 20 de diciembre del 2001”.

A dos días de los comicios, una novedad fue que algunas agrupaciones de piqueteros K, minoritarias en la marcha, salieron a defender al Gobierno desde el escenario del puente. El dirigente del MTD Aníbal Verón, Juan Cruz Daffuncchio, habló de su apoyo al Gobierno y repartió un comunicado: “No queremos volver a una Argentina piquetera. Por eso le pedimos al pueblo que tenga memoria, que participe de las elecciones y vote. Nuestro país tiene dos caminos: el de los piquetes y la represión o el camino que venimos transitando desde el 2003, apoyando el modelo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner”. Junto a Daffuncchio, también en el ala kirchnerista, se movilizó el Movimiento 8 de Octubre.

El sector de más peso, sin embargo, estuvo integrado por organizaciones sociales autónomas de los partidos, agrupaciones piqueteras de izquierda y partidos de izquierda, que redactaron un documento común con fuertes críticas al Gobierno.

El documento fue leído al cerrar la marcha con el título “Basta de impunidad. Seguimos reclamando al gobierno de los Kirchner el juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda”. Centralmente, sostuvo que “los discursos sobre la redistribución de la riqueza” no se cumplieron y que “sigue habiendo hambre en un país que produce alimentos para once veces su población”.

“Los despidos de los últimos meses se cuentan por miles”, apuntó el texto, “la baja en los salarios, la falta de viviendas y la amenaza de la pérdida del trabajo” son formas de “precarización de nuestra vida”. En solidaridad con los detenidos en la contramarcha por el acto sobre el Estado de Israel, desde el escenario se leyó una carta enviada por los doce presos del Teresa Rodríguez y el Frente de Acción Revolucionaria.

Las actividades por el séptimo aniversario habían comenzado el jueves, con una jornada cultural en la estación Avellaneda del Frente Darío Santillán. Militantes, bandas e integrantes de colectivos de arte montaron allí tres escenarios en los que hubo música y teatro. La estación volvió a ser rebautizada como “Darío y Maxi” con carteles señalizadores, y al final del día hubo un acto en el que hablaron Alberto Santillán, Vanessa Arruga (hermana de Luciano, desaparecido desde enero), Alia Espen (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Pablo Solana (del Darío Santillán).

El Polo Obrero, las asambleas del Pueblo, la Unión de Trabajadores en Lucha, el Movimiento Teresa Vive, el Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Partido de los Trabajadores Socialistas, Convergencia de Izquierda y el Movimiento Brazo Libertario fueron algunas de las organizaciones que participaron de la movilización.