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La convocatoria a los partidos políticos y a las organizaciones corporativas es una operación de control de daños luego del contraste electoral del 28 de junio. Ante el propósito de las patronales agropecuarias y de algunas de sus expresiones políticas de forzar una crisis que interrumpa el proceso institucional, el diálogo tiende a colocar a cada uno frente a su responsabilidad y bajo la mirada de todos los demás, como insinuó la presidente en Tucumán. La cooperación y el consenso no sólo limitan la discrecionalidad del gobierno. Si el Poder Ejecutivo ha reconocido la nueva realidad que surge de las elecciones, la oposición tampoco podrá ignorarla. Todos tienen ahora menos espacio para la fantasía y los caprichos. Un buen ejemplo son las reacciones críticas que produjo la negativa de Elisa Carrió a participar en la primera ronda de encuentros.

Pijamas

Como es evidente, la Mesa de Enlace ha asumido de facto la conducción del frente opositor y el mismo día que comenzaba el diálogo reunió a las principales fuerzas partidarias. La agenda de los gordos consiste en apretar al gobierno con pinza: por un lado privarlo de recursos mediante la baja/y o supresión de los ingresos por retenciones al comercio de cereales y oleaginosas y por otro incrementar sus egresos por mayores transferencias a los estados provinciales y puesta en práctica de planes sociales como los que ahora reclama Francisco de Narváez. “No terminan” es la frase que una y otra vez ha repetido Hugo Biolcati, socio del filántropo colombiano en la explotación del predio de Palermo. La próxima fecha que se han fijado es el 24 de agosto. Hace diez días la presidente arrancó lágrimas al jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier Jorge Chevallier, cuando dijo que los golpes de Estado de la historia argentina habían sido cívico-militares. Lo único irreversible es la muerte, repite en público y en privado, impresionada por la regresión democrática de Honduras, en la que lee una señal ominosa para todo el continente. Sobre todo le impactó el relato del presidente derrocado Mel Zelaya sobre la noche en que fue extraído de su residencia en pijama y trasladado con esa única vestimenta a Costa Rica. Al depositarlo en el avión, el general golpista le confesó: “Me dieron la orden de matarlo, pero yo voy a garantizar su vida, presidente”. Más que nunca, CFK está atenta a los intereses económicos que acechan a su gobierno y que hoy no necesitan de un golpe tradicional. La convocatoria al diálogo es una respuesta de estricta racionalidad, sobre todo por la escasa homogeneidad alcanzada por la oposición salvo el petardeo al gobierno.

Te aconsejo que dialogues

Luego del primer contacto del martes, el ministro de trabajo Carlos Tomada y el secretario de Planificación Federal Roberto Baratta quedaron a cargo de mantener conversaciones por separado con los distintos sectores para recibir sus planteos sobre el proyecto de ley o de decreto de creación de un “Consejo para el Diálogo Económico Social”, como es su nombre completo. Ese texto lo define como “un órgano permanente no estatal de carácter consultivo” cuya función será emitir opinión previa no vinculante sobre anteproyectos de ley del Poder Ejecutivo en cuestiones económicas, laborales y sociales. Esto implica que no se afectarán las atribuciones del Congreso, que es donde esos proyectos serán debatidos. La oposición política tiene una cierta dificultad para comprender que también hay vida fuera del Congreso. Esta semana varios legisladores, entre ellos el Libertador Fernando Iglesias y la radical Silvana Giudici, dejaron con la boca abierta de asombro al relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, al cuestionar que el anteproyecto de ley de servicios audiovisuales haya sido discutido en una docena de foros regionales con entidades y ciudadanos. La presidencia del Consejo corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional pero también habrá dos vicepresidentes, uno por los empleadores y otro por los trabajadores. A pedido de ellos el Consejo también podrá producir dictámenes sobre políticas públicas. Su existencia tampoco impedirá que las fuerzas políticas elaboren sus propias propuestas y las lleven a las comisiones parlamentarias y al recinto de ambas cámaras. Es el Poder Ejecutivo el que se autolimita, al imponerse la consulta con el Consejo. Según el modelo del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, el Consejo tendrá 44 miembros, de los cuales 40 representarán por mitades a trabajadores y patrones y los restantes conformarán las autoridades, por el Estado y por las corporaciones. El gobierno desea que las delegaciones sean representativas de todas las fracciones importantes de cada corporación, pero las propuestas las harán las entidades. La CGT tendrá la representación mayoritaria de los trabajadores, pero también habrá delegados de la CTA, como ya ocurre en el Consejo del Empleo. Al día de hoy, Hugo Moyano tiene más problemas con las líneas internas que se le oponen en su propia organización que con la otra central nacional. Sólo falta determinar cómo será la representación del Transporte, que ha crecido mucho en los últimos años, y de las PYMES.

El trabajo decente

Nada obsta para la participación de la coordinadora de patronales agropecuarias, si es que sus miembros aceptan los considerandos del anteproyecto sobre la participación responsable en el desarrollo de un estado social y democrático de derecho, para fortalecer “el desarrollo económico, la competitividad, el trabajo decente y la inclusión social”. Estas cuestiones no perturban el sueño de la Mesa de Enlace que, hoy como en 1946, se opone a que los trabajadores rurales cumplan un horario en vez de trabajar de sol a sol. La reacción hostil que expresaron ante el nuevo sistema de distribución de los cupos para exportar los cortes vacunos más valiosos sugiere que no les resultará una digestión fácil: las condiciones de mantener el empleo y cumplir con las obligaciones impositivas van en contra de las más caras tradiciones nacionales. De ahí su tirria con la Oficina Nacional de Control de la Comercialización Agropecuaria (“el ONCA”, le llaman despectivamente), que obstaculiza la evasión. El Consejo tendrá una secretaría técnica, un plenario que se reunirá una vez por mes, una comisión permanente con la misma proporción pero menor número de representantes (siete por cada parte) y distintas comisiones de trabajo. Las resoluciones del plenario se tomarán por consenso y si eso fuera imposible habrá un dictamen de mayoría al que se acompañarán las opiniones en disidencia. Esas recomendaciones, así como los dictámenes e informes que emita el Consejo no serán obligatorios, dado que se trata de un órgano asesor, pero es obvio que adquirirán una consistencia social difícil de soslayar. Aunque seguirá siendo la primera minoría, la bancada oficial en el Congreso se reducirá en diciembre (y tal vez también antes y después por deslizamientos como los de Julio Cobos y Felipe Solá). Aun así ni siquiera toda la oposición unida sumaría los votos necesarios para superar un veto presidencial, recurso de legitimidad constitucional impecable, que el gobierno está dispuesto a esgrimir si avanzara el intento de asfixiarlo.

Cortes

Los resultados electorales no han sido objeto de un análisis riguroso ni se han adoptado decisiones consecuentes con lo que indican. Con menos del 9 por ciento de los votos para un distante cuarto puesto, Córdoba fue el distrito con peor desempeño del oficialismo en todo el país. A ese desenlace, conducido por Ricardo Jaime se llegó luego de suprimir de la lista a Patricia Vaca Narvaja, vicepresidente de la Cámara de Diputados. Pese a su identificación con las propuestas del gobierno nacional, su próximo destino no será un cargo relevante en el país, sino una embajada. Con tal descuido por las fuerzas propias no es imaginable que pueda construirse alguna alternativa ni dentro ni fuera del Pejota, donde está por verse si el kirchnerismo puede mantener la relación de fuerzas actual. La discusión acerca del rol de los intendentes que obtuvieron mejores resultados que Kirchner-Scioli no es ociosa, pero requiere mayor densidad que la simple aritmética. En primer lugar esto ocurrió en 112 de los 137 distritos bonaerenses, lo cual no se compadece con la idea de una conspiración. El gobierno entiende que la diferencia entre Kirchner y sus intendentes debe computarse dos veces, porque el corte de boletas le restó esos votos al Frente para la Victoria y se los sumó a Unión Pro. Kirchner-Scioli obtuvieron el 32,1 por ciento de los votos, según los datos del escrutinio provisorio del ministerio del Interior. Pero las listas de concejales que llevaron a Kirchner en la misma boleta sumaron el 37 por ciento. En consecuencia, de no haber existido esa diferencia entre las elecciones nacionales y las municipales, Kirchner hubiera obtenido 5 por ciento más y De Narváez 5 por ciento menos, con lo cual el ex presidente habría vencido por más de siete puntos.

La hipótesis es aún más nítida si se cotejan los votos que obtuvo De Narváez para diputado nacional (34,6 por ciento de los positivos emitidos) y las listas de concejales que lo acompañaron, básicamente Unión Celeste y Blanco y Propuesta Republicana (27 por ciento entre ambas). Si estos 7,6 puntos se restaran a Unión Pro y se sumaran al Frente para la Victoria, el margen a favor del ex presidente hubiera logrado una ventaja superior al 10 por ciento (los cuadros completos para Kirchner y De Narváez en toda la provincia pueden verse en la edición electrónica). La congruencia técnica es imperfecta, porque por diputados nacionales hubo 7,2 millones de votos positivos y por concejales 6,9 millones y porque suponer que sólo hubo trasvasamiento entre las dos primeras Alianzas es una abstracción extrema. Aun así la hipótesis no es desdeñable y sirve al menos para explicar los momentos de optimismo que se vivieron en Olivos durante la campaña. Sin embargo, ningún análisis contrafáctico podrá eludir la pregunta de por qué ocurrió lo que ocurrió. La supuesta traición de los intendentes es una exégesis que podrá bastarle a Mario Ishii, pero no mucho más.

La cartera de la dama

En busca de respuestas la presidente lleva en su cartera una hoja arrugada, con un fragmento de la segunda charla de Enrique Santos Discépolo del ciclo “Mordisquito, ¡a mi no me la vas a contar!”, de 1951. En ese programa radial que Discépolo hizo en los últimos meses de su vida, discutía con un imaginario personaje portador de todos los estereotipos de la clase media antiperonista. Ese breve texto dice: “Pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote. Vos, sí, vos, que ya estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva, y entonces, en vez de dar las gracias por el sobretodo de vicuña, dijiste que había una pelusa en la manga y que vos no lo querías derecho sino cruzado. ¡Pero con el sobretodo te quedaste! Entonces, ¿qué me vas a contar a mí? ¿A quién le llevás la contra? Antes no te importaba nada y ahora te importa todo. Y protestás. ¿Y por qué protestás? ¡Ah, no hay té de Ceilán! Eso es tremendo. Mirá qué problema. Leche hay, leche sobra; tus hijos, que alguna vez miraban la nata por turno, ahora pueden irse a la escuela con la vaca puesta. ¡Pero no hay té de Ceilán! Y, según vos, no se puede vivir sin té de Ceilán. Te pasaste la vida tomando mate cocido, pero ahora me planteás un problema de Estado porque no hay té de Ceilán. Claro, ahora la flota es tuya, ahora los teléfonos son tuyos, ahora los ferrocarriles son tuyos, ahora el gas es tuyo, pero..., ¡no hay té de Ceilán!” Otro texto citado a la hora de las explicaciones es la columna sobre el segundo cordón publicada aquí por el director del INTI, Enrique Martínez. También para él la derrota kirchnerista es una consecuencia paradojal del crecimiento económico a tasas chinas, del aumento significativo del salario mínimo de activos y pasivos, de la abrupta caída de la desocupación, todo lo cual permitió a gran parte de los argentinos construir perspectivas personales mucho más confiables que pocos años antes. “Muy pocas de esas personas asociaron esa mejora a decisiones de gobierno. Fue –se creyó su propia capacidad– o una tendencia mundial.” En ese contexto, dice, la resolución 125, fue percibida como expropiatoria de “la ganancia fácil y exorbitante de toda la producción sojera, que en parte se derramaba en los pueblos por construcción, vehículos nuevos y alto consumo”. De ese modo, el desinterés por la política se convirtió en agresividad sin límites hacia el gobierno. “En lugar de que se vayan todos fue que se vayan éstos”. Esto explicaría también los resultados “de un conurbano con más clase media y menos pobres que hace seis años, aunque no haya visto nunca un grano de soja”, que se pliegan a la lógica de clase media y media alta, “los que creen que para ellos está todo bien y que los dejen de embromar”. Claro que Perón ganó las elecciones presidenciales de 1951 con dos tercios de los sufragios, tal vez porque sólo faltaba té de Ceilán y el sobretodo abrigaba bien a pesar de las pelusas.

Jauretcheanas

En la misma línea jauretcheana, otros analistas suministran lecturas como mínimo complementarias de las anteriores. Uno es el economista especializado en asuntos laborales Ernesto Kritz, quien proyectó al terreno político los resultados de sus investigaciones sociales. El gobierno habría subestimado la pobreza, la indigencia y el desempleo y reducido en consecuencia los recursos de los planes sociales, allí donde más se necesitaban. Kritz sostiene que si los cálculos del Indec fueran reales, el gasto asistencial a la población en riesgo social se habría duplicado. Pero con los datos de su consultora SEL el gasto asistencial real por persona en estado de pobreza extrema cayó cerca del 30 por ciento. La estrategia de compensar esa caída con obras públicas en los municipios sería una de las explicaciones para el mejor resultado obtenido por los intendentes en relación a la fórmula Kirchner-Scioli. Un razonamiento congruente con el de Kritz realizó el sociólogo Artemio López. La misma noche de las elecciones, bajo el sugestivo título “Falló el clientelismo” López deploró “la ausencia de las entrañables prácticas clientelares justicialistas bonaerenses”, que definió con fría precisión científica como “una intervención estatal profunda de transferencia de ingresos para satisfacer una necesidad de carácter imperioso, impostergable y urgente, normalmente asociada a la seguridad alimentaria del hogar”. Su necesidad surge de la permanencia de un patrón distributivo de alta inequidad, incapaz de “perforar el 40 por ciento de pobreza y el 15 por ciento de indigencia en el segundo cordón bonaerense”. Es allí donde, según López, se perdió la elección. En un trabajo posterior, agregó que la existencia de un “núcleo duro de pobreza sostenido ya no en el desempleo abierto sino mayoritariamente en la informalidad laboral” se cuantifica en un 40 por ciento de la población activa asalariada con empleos precarios, lo cual afecta al 30 por ciento de la población “cuya condición de pobreza se perpetuará”, datos duros que no difunde el INDEC. “De eso dejen que se encargue Boudou” fue la respuesta presidencial a los muchos planteos de sus ministros acerca de la necesidad de enviar a reparaciones ese instrumento de medición al que se atribuyen, como tubos pitot de la realidad social, los más graves errores.