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“La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución.”
Constitución nacional, artículo 1er.
“Norteamérica está llamada a ser una federación (...). La República Argentina es una e indivisible.”
Domingo Faustino Sarmiento, Facundo

El miércoles pasado hervían de política las cuarenta manzanas que, parece, resumen y albergan el poder en la Argentina. En la Casa Rosada, Florencio Randazzo abría el diálogo político recibiendo a casi todos los representantes del Acuerdo Cívico y Social, previo emprolijamiento de una primera llamada desordenada. En el Congreso, Eduardo Fellner y Agustín Rossi concertaban con los jefes de todos los bloques de la oposición una agenda para los próximos meses. Julio Alak estrenaba la pilcha de ministro de Justicia departiendo por los integrantes de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura y reabriendo una interlocución demasiado descuidada en los últimos años. En otras dependencias oficiales se trabajaba en el diseño y la articulación del Consejo Económico y Social que será, al fin, presentado en sociedad en los próximos días.

El oficialismo corporizó un cambio de actitud, cuyos alcances y sinceridad se pulsarán con el tiempo. La oposición, con la estentórea y aislada excepción de Elisa Carrió, honró todos los convites.

Para completar esa panorámica sobre la gran Capital, hagamos un sobrevuelo por las provincias, donde también se cocerá este guiso. La Presidenta recibirá a los gobernadores, de a uno, en las próximas semanas. Mauricio Macri será el primero, “a agenda abierta” susurran en torno de Cristina Fernández, dejando entrever que no será a mano abierta. Hermes Binner vendrá luego. Esos paliques influirán en el juego parlamentario. Los gobernadores pueden ser aliados para evitar vaivenes políticos o económicos desestabilizadores. Hay necesidades mutuas que tiran más que una yunta de bueyes, ya se hablará de ellas.

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Con la soja al cuello. El listado de normas que podrían tratarse en Diputados es extenso, recepta varios reclamos opositores. El Consejo de la Magistratura y los llamados superpoderes, sin ir más lejos. La mejora del reparto proveniente de la Ley de Cheque, también. Rossi y Fellner ofrecieron tratar esas normas, que implican concesiones a la oposición partidaria y a las provincias de todos los colores partidarios, incluidas las gobernadas por el Frente para la Victoria (FpV). Pero el tema más acuciante son los reclamos de las corporaciones patronales agropecuarias, el nudo gordiano de los meses por venir.

En los entreveros ulteriores al “voto no positivo” se esbozaron propuestas y acciones que jamás cuajaron, en buena medida por la intransigencia del Gobierno y de la Mesa de Enlace. El nuevo escenario las reflota y, si hubiera tino colectivo, las viabiliza. Varias normas tienen parte del tratamiento parlamentario cumplido y ahora hay más ánimo de acordar: la Emergencia Agropecuaria, la Ley de Arrendamientos, el pago del precio pleno de la leche a los productores tamberos, reformas al régimen de exportación de carne vacuna. Diputados de varias bancadas atisban que son factibles aprobaciones de estas normas, con mayorías amplias y, ejem, transversales.

Claro que el casus belli, una virtual bomba de tiempo destituyente, son las remanidas retenciones a las exportaciones. La bancada oficialista es proclive a replantear el sistema que se propuso en Diputados en 2008: retenciones segmentadas y (aunque no se diga a voz en cuello) algunos puntos de reducción de la alícuota para la soja. En maíz y trigo, la baja podría ser mayor y no estaría descartada su supresión. Las facultades del Ejecutivo para determinar los impuestos a la exportación podrían delegarse por un nuevo lapso, a partir del 24 de agosto, fecha de su vencimiento. Como contrapartida, ese término sería breve (seis meses a un año) y se restaría al Ejecutivo la facultad de aumentar las alícuotas. También se analiza que el Congreso oville la maraña legal de las normas incluidas en la Emergencia, confeccionando un Digesto preciso.

Así contado, el esquema no dista tanto de los reclamos del panradicalismo, el PRO y el peronismo disidente. No hay una pregunta del millón sino dos. La primera: ¿acompañará la Casa Rosada esa negociación, sin torpedearla como hizo, de modo suicida, con la resolución 125? La segunda, compete al otro lado del mostrador. ¿Privilegiará la oposición una normativa acordada, con el sustento de una amplia aprobación parlamentaria encauzando la insaciable demanda de los productores o se arriesgará para torcerle el brazo al Gobierno merced a una mayoría ajustada? La última opción incluso podría fracasar: no es tan cantado que a la oposición le den los números. Ni con la actual integración de las Cámaras ni con la que tendrá desde el 10 de diciembre. Además de ese albur, lo que se pondrá a prueba es el compromiso sistémico de los opositores.

Las primeras declaraciones de dirigentes radicales mostraron un grado razonable de adecuación sensata a la flamante coyuntura, una asunción (en las verdes y en las maduras) de su rol de segunda minoría. Pero la reunión del jueves entre la flor y nata de la dirigencia opositora y los popes ruralistas encendió una luz amarilla o anaranjada, casi roja.

En un hotel lujoso, figuras revalidadas por el voto hicieron de claque del empresariado campestre. La liturgia del encuentro fue llamativa: presidió la sesión Mario Llambías. La batuta quedó en manos del más claro exponente ideológico “del campo”, cuyos emergentes más honestos intelectualmente son Hugo Biolcati y Alfredo De Angeli, poco dotados de prosapia democrática.

La jerarquía teatralizada en el cónclave es preocupante. La cuestión es quién conduce esa coalición de intereses, si las corporaciones o las fuerzas políticas que las apoyan. Hasta ahora, la respuesta fue obvia, decepcionante. En adelante, es un punto central para la estabilidad democrática.

Cada vez que mejoran los términos del intercambio renace el mito de la Argentina agropecuaria, integrada y poderosa. Esa utopía jamás se plasmó. El imaginario de la derecha se remonta a la prehistoria patria, al siglo XIX, ignorando la exclusión social y política, la desigualdad, la violencia desatada contra las luchas gremiales en pos de reivindicaciones muy básicas. A principios del siglo XX, el informe Bialet Massé sobre “el estado de las clases obreras” dio cuenta de lo que era, vista desde abajo, la Arcadia de la Generación del ’90. Las proezas sanitarias de Ramón Carrillo a partir de 1945 exponen todo lo que seguían padeciendo los trabajadores cuando éramos “el granero del mundo”.

En el siglo XXI la revalorización de las materias primas y el hambre insaciable de los cerdos de China, remozaron la vieja fantasía. Se da por hecho que el sector agrario es pujante e integrador, vanguardia productiva. El enfoque es, cuanto menos, parcial pues soslaya detalles relevantes, atávicos. Una porción (imposible de precisar, nunca escasa) de la pretensa competitividad es espuria, arropada en ancestrales prebendas del sector. El modelo del capitalismo del siglo XXI está habituado a la impunidad impositiva, que sólo alteran las retenciones. La contribución inmobiliaria tiene tasas irrisorias en casi todas las provincias. La informalidad empresaria es la regla, tanto como el negreo de los trabajadores. A eso se añaden violaciones consuetudinarias de las leyes laborales más básicas: la duración de la jornada, las retribuciones mínimas, la prohibición del trabajo infantil. “El campo” bate records en esas transgresiones. Quienes, desde la política, quieren mejorar su ecuación capitalista deberían hacerse cargo de ese lado ciego. Hasta ahora, rehusaron ese compromiso con el conjunto de la sociedad. El nuevo horizonte debería incitarlos a una perspectiva más amplia, que consultara derechos e intereses de otros argentinos. Habrá que ver.

Uno de los intríngulis de los “diálogos” es que cada sector pide más para sí y se distrae a la hora de ofrecer aportes. La coalición agropecuaria pide manos libres para crecer y promete derrame hacia el conjunto, una profecía incumplida cien veces por esos actores o por otros. El derrame es peliagudo si, en materia impositiva, insisten en vivir flojitos de papeles.

Este debate, el más ríspido en el mandato de Cristina Kirchner y el futuro corto plazo, dará la talla de la “clase política”. Hay un posible punto de confluencia, una salida distensiva. Aliviar la carga fiscal, promover la formalización impositiva, discriminar positivamente a los pequeños productores, diferenciar trigo y maíz de soja, resolver los nudos gordianos de la leche y las vacas.

Se podría concretar, por vía de un trámite parlamentario negociado, no jugado a suma cero. Los antecedentes de los protagonistas auguran que será muy arduo, que se transita un desfiladero. Los gobernadores tendrán voz y voto en esa transición.

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El espacio conservador popular. El federalismo argentino es enrevesado y traído. Las reformas menemistas le transfirieron competencias en educación, salud y políticas sociales sin incrementar correlativamente los recursos.

Los mandatarios provinciales necesitan tener juego propio para revalidarse y, eventualmente, lanzarse a la carrera por la presidencia. Son muchos los que imaginan entrar en esa competencia. Pero también requieren de la ayuda constante de la Nación y de su paciencia como acreedora de la deuda pública. El sistema educativo es un buen ejemplo. La normativa vigente, con importante afectación de recursos nacionales para solventar a las provincias, tiene sus bemoles y la acumulación de paritarias locales tras la nacional es un quebradero de cabeza. Pero es un oasis si se la compara con lo real existente hace menos de diez años: sueldos irrisorios para los docentes, demoras eternas en los pagos, asimetrías aún mayores entre las provincias.

En términos políticos, los gobernadores perciben el cambio de correlación de fuerzas y van por un mayor protagonismo. Pero la experiencia los alecciona, los años de preeminencia de los “gobernas” (tiempos de Duhalde y De la Rúa) fueron aciagos para sus territorios. En cambio, los primeros tiempos del kirchnerismo propiciaron el resurgimiento de las economías regionales, tanto como sus perspectivas internas de legitimidad. No les fue bien con el estado o el gobierno nacional inermes, sino cuando había poder central fuerte y (aj) caja bien provista. Esa referencia está fresca en las memorias, impactará en los comportamientos.

En el mix de crisis actuales, los gobernadores reclamarán un mejor prorrateo de los fondos. Para las provincias no sojeras, el fondo del 30 por ciento de excedente de las retenciones es un aporte importante, especialmente grato porque gotea a diario.

Una mayor participación en lo recaudado por el impuesto al cheque viene de cajón, el oficialismo se dispone a negociarlo.

Otro toma y daca de recursos se dirime fuera del Congreso. Es la deuda de las provincias con el fisco nacional, que condicionará conductas y alianzas futuras. Es disímil la posición de las distintas provincias, una referencia simbólica digna de mención es que Buenos Aires (la más grande) y Tierra del Fuego (la más chica) están sobreendeudadas. La cooperación entre el gobierno central y los gobernadores tendrá también ese condicionante.

Los gobernadores, allende su tradición partidaria, son de linaje conservador popular. Perciben las demandas de sus votantes, son reacios a los cambios, sus horizontes son moderados o hasta limitados. Su conjunción con el kirchnerismo pinta para ser parcial, pero firme en ciertas temáticas. A todos los mandatarios, en la Rosada o en sus equivalentes del Interior, les conviene un marco de paz social, previsibilidad, solidez política y liquidez financiera.

Una anécdota reciente ilustra esta hipótesis. Mario Das Neves fatigó despachos de legisladores y funcionarios nacionales después de reñir públicamente con Néstor Kirchner. Interpretó que el ex presidente le pisaba el poncho en su territorio, sin consultarlo: replicó doblando la apuesta. El intercambio, supone el cronista, le habrá dejado saldo negativo a los dos. Pero en su periplo ulterior el gobernador chubutense acordó medidas de cooperación con el gobierno central. Y, sin ambages, le dijo a una espada parlamentaria kirchnerista “con Néstor nos pelearemos pero mis cinco diputados y dos senadores juegan acá”. “Acá”, se entiende, es el espacio del Frente para la Victoria.

A la hora de tratar “superpoderes” (acotados al cinco por ciento del presupuesto) o una sensata prórroga de la emergencia o una baja moderada de las retenciones, el oficialismo puede ganarse su aval. Claro que deberá tener muñeca, oreja abierta y disposición para conceder: no son sus características más notorias.

Esa alianza contingente, todo lo indica, se daría vuelta ante issues conflictivos. Si el oficialismo insiste en conseguir la aprobación de la ley de servicios de comunicación audivisual, deberá procurar los votos que le faltan con otros interlocutores.

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Si te hace falta un consejo. El consejo económico social echará a rodar muy pronto, como se describe con más detalle en otras páginas de este diario. Las representaciones sectoriales de trabajadores y empleadores tendrán número equivalente: veinte por lado. Las corporaciones agropecuarias tiene asignados cuatro bancas, una representación acaso excesiva: la UIA tiene cinco, la CTA cuatro. Es un motivo más para que no rehúse el convite. Si lo hiciera, no desdeñaría a un gobierno sino a participar en un espacio institucional nuevo, acorde con los que funcionan en España, Francia o Brasil, que suelen señalarse como modelos políticos.

La conformación de la representación cegetista espeja su convulsionado frente interno. Los Gordos cavilan entre su proclividad a arrimarse al calorcito oficial (que Hugo Moyano, acusan, les obtura) y su ansia de mostrarle los dientes al secretario general y al oficialismo. A éste, y hasta a la institución a estrenar, le convendría que participaran, el espacio debería contener e implicar a un espectro amplio de representatividades

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Animos, incentivos, precedentes. El escenario cambió, a partir de la perspectiva de alternancia que siempre está en ciernes pero que se hizo ostensible el 28 de junio. El relativo equilibrio de chances induce a conductas soslayadas por un largo rato. Natalio Botana explicó bien la situación, sus incentivos y sus riesgos en una sugestiva columna publicada en La Nación, titulada “Con ánimo instituyente”. Con ese talante propone definir al Gobierno “con ánimo de seguir su mandato con menos votos y menos recursos fiscales”. Y alerta sobre el peligro de recaer en una “trampa” de esas “a las que nos tiene acostumbrados nuestra democracia”: “un escenario en el que el todo dominante en el Gobierno puede reducirse a la nada”. Tal vez Botana exagere un poco la polaridad, pero la describe cabalmente. De ahí, su requerimiento: el concurso del ánimo instituyente en el Gobierno, que debe cambiar sin gatopardismo. Y en la oposición a la que adjudica un triple cometido “preparar la alternancia y, al mismo tiempo, apuntalar la gobernabilidad sin declinar el deber de la crítica y el combate contra la corrupción”. “Es casi la cuadratura del círculo”, alarma con escepticismo de la inteligencia. Y luego incita a buscarlo, con optimismo de la voluntad.

Con menos verborrea y más perspicacia que la media de tantos escribas indignados, este crítico severo del kirchnerismo da en la tecla. El sistema democrático y su sustentabilidad pasaron de pantalla, son múltiples sus desafíos. El primero, tal vez, es ver cómo se convive democráticamente sin patear el tablero y sin poner en jaque la sustentabilidad económica y la gobernabilidad que (guste o no) caracterizaron los recientes seis años, muy discordantes con nuestra historia previa.

El aporte sistémico de todas las fuerzas políticas, un nuevo juego en el Parlamento y la interacción con los gobernadores serán determinantes para evitar una salida catastrófica o de mera decadencia, tan comunes en nuestra historia. En lo inminente, si la oposición desfonda las arcas fiscales, arrastrada por la codicia de un sector, conspirará contra la República que tanto invoca. Sin recursos económicos estatales no hay República que aguante aunque quede paquete hacerse el distraído.

Las polémicas sobre el devenir son inacabables. Sin embargo, existe un sentido común bastante extendido entre economistas de distintas vertientes, que suponen que es posible que (correcciones variadas mediante) se pueda repechar la crisis mundial y la nacional. El cronista arrima su punto de vista. Hay una pasable oportunidad para que el mandato de Cristina Kirchner termine con mayor sustentabilidad económica y más gobernabilidad que muchos de sus precursores. Puede suceder que su legado (la “pesada herencia” de la que hablarán sus adversarios, si derrotan al oficialismo en 2011) sea mucho más manejable y viable que el que recibieron Menem en 1989, De la Rúa en 1999, Duhalde en 2001 y Kirchner en 2003. Ese futuro depende de la cintura y la capacidad de corrección de muchos protagonistas, entre ellos la Presidenta. Si se consigue, en un contexto de división del poder político y de restricciones económicas, sería un salto de calidad... y una novedad.

Ya se dijo: es un futuro posible, pero muy supeditado al desempeño del sistema político. Por cierto que hay otros acechando, más aciagos, más trillados.

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