La comunidad judía volvió a rechazar públicamente la designación de Jorge “Fino” Palacios al frente de la policía porteña. “Manifestamos nuestro parecer como una expresión de deseo, estamos hablando del jefe de policía, que es un cargo sumamente trascendente”, opinó el presidente de la AMIA, Guillermo Borger, quien aclaró que “cualquier persona involucrada en una causa judicial no debería estar a cargo del puesto”. El ex comisario Palacios está imputado en la causa que investiga el atentado contra la sede de la AMIA y su posterior encubrimiento. A pesar de estas acusaciones, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, lo ha ratificado como jefe de la flamante fuerza de seguridad. Hoy, las fuerzas opositoras en la Ciudad comenzarán una recolección de firmas para que sea destituido (ver recuadro).

El ex presidente de la mutual judía Abraham Kaul reveló que los documentos sobre 66 casetes con pruebas que desaparecieron del expediente llevaban la firma de Palacios, por entonces titular de la oficina de Antiterrorismo de la Policía Federal. “Palacios estuvo en contacto directo con pruebas fundamentales y hechos concretos de la causa AMIA”, acusó Kaul, que incluso deslizó que el ex comisario “seguramente alteró la investigación”.

“Una persona como Palacios que está procesada por pedido de la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas del Atentado, tiene que ser investigada y lo que corresponde es que haya un veredicto” antes de que se haga efectiva la designación, apuntó Kaul. Sin embargo, se diferenció de otros grupos que rechazan la designación de Palacios, también señalado por su responsabilidad en la represión en diciembre de 2001, y que fue exonerado de la PF por su relación con Jorge Sagorsky, un reducidor de autos acusado por el secuestro y asesinato de Axel Blumberg.

Kaul aclaró que no le “caben dudas de que Palacios deber ser un buen profesional, eficiente”, pero que el problema es de quién recibía las órdenes: “Anzorreguy, Corach o Menem”. “Macri se equivoca, no porque Palacios no sea eficiente; pero que escuche al presidente de la AMIA, que dijo que no era conveniente su designación, que se los escuche a Familiares y a Memoria Activa”, exigió.

Fino Palacios habría alertado al empresario Alberto Kanoore Edul sobre un allanamiento que iba a realizarse en su domicilio pocas horas después del atentado que dejó 85 muertos, según figura en el expediente de la causa.