El debate por una posible reforma del Consejo de la Magistratura tuvo un nuevo round ayer. A raíz del reportaje publicado por Página/12 al ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, el presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, señaló que el Gobierno “tiene el poder absoluto de veto, o sea que si quiere proteger a un juez, lo hace”. La diputada oficialista e integrante del cuerpo, Diana Conti, le solicitó entonces que dijera “qué jueces deberían ser acusados en juicio político, queremos saber sus nombres y apellidos para actuar en consecuencia”. Alak aseguró a este diario que el “marco normativo” era el adecuado, pero que había que “optimizarlo”.

“El Consejo de la Magistratura necesita cirugía mayor, no cirugía estética. Y el único efecto que ha provocado es perturbar el funcionamiento de la Justicia. En realidad, nunca funcionó bien y hay que reformarlo”, reclamó el líder de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, quien salió al cruce de las declaraciones vertidas por el ministro en la edición de ayer. Alak había planteado que estaba “convencido” de que la representación en el Consejo le parecía “equilibrada” y que “un país serio se construye con normas estables. Es una ley de hace sólo tres años”. Aunque también dejó en claro que en el marco del diálogo convocado por la presidenta Cristina Kirchner el 9 de julio pasado iba “a escuchar todas las propuestas”.

La polémica instalada por la oposición y un sector de la “familia judicial” se centra en la cantidad de representantes que tiene el sector político. El cuerpo que define los juicios políticos a jueces por su desempeño está compuesto por trece escaños: tres para los jueces, seis para los legisladores divididos en tres por Cámara, dos para los abogados, uno para el Poder Ejecutivo y uno para representantes del ámbito académico. Parte de las críticas se fundan en la mayoría de cinco que tiene el Gobierno y las facultades que consigue con ese número –de acuerdo con la oposición– para bloquear o promover los juicios a los jueces.

En una opinión con fuerte trasfondo político, Recondo sostuvo que “parece que el pueblo da su opinión (en las elecciones) y no lo escucha nadie”. Y luego sentenció que el Gobierno “tiene el poder absoluto de veto, o sea que si quiere proteger a un juez, lo hace” y a modo de ejemplo indicó que al juez federal de Zárate-Campana que lleva adelante el caso de la efedrina, “(Federico) Faggionatto Márquez, probablemente lo abandonen” cuando deba enfrentar algunas de las causas que pesan en su contra, en referencia al Poder Ejecutivo.

La diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, desafió a Recondo para que diga “a qué jueces protegemos, qué jueces deberían ser acusados en juicio político, queremos saber sus nombres y apellidos para actuar en consecuencia”. La ex secretaria de Derechos Humanos azuzó al presidente de los magistrados al que invitó a que “se saque el antifaz y le diga a la sociedad argentina qué es lo que verdaderamente no le gusta de este Consejo, qué intereses y privilegios está defendiendo”. Además, le sugirió que “sería muy bueno que la corporación judicial que encabeza, aporte los datos necesarios para que el Consejo de la Magistratura pueda cumplir su función y acusar a los malos jueces con mayor eficacia”.