Una decena de represores, incluido el condenado Luciano Benjamín Menéndez, afrontará en los próximos meses el primer juicio por crímenes de lesa humanidad de Mendoza. Si bien el proceso no tiene fecha confirmada de inicio, trascendió la decisión del Tribunal Oral Federal 1 de unificar en un mismo proceso oral y público las 16 elevaciones parciales recibidas hasta el momento, referidas a secuestros, torturas y asesinatos durante la última dictadura. La medida no se funda en criterios de acumulación por centro clandestino o por operativos militares, como han solicitado históricamente los organismos, pero evita los juicios por goteo, con imputados aislados y testigos obligados a peregrinar por tribunales.

El juez federal Walter Bento, que interviene en primera instancia en estas investigaciones, en tanto, rechazó sin fundamentos los criterios de acumulación solicitados en abril por representantes del Ministerio Público fiscal para agilizar instrucciones, elevar la mayor cantidad de casos y evitar el peregrinaje de testigos en distintos juicios. El reclamo había sido formulado por el fiscal general Omar Palermo, coordinador de la oficina de asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos de Mendoza, junto a las fiscales federales María Alejandra Obregón y María Gloria André. El extenso escrito destacaba la importancia de juzgar a los militares en plazos razonables y evitar la revictimización de testigos y familiares.

Los fiscales señalaron que la negativa de Bento “carece de fundamentación”, hicieron pública su “desilusión” y su “preocupación por la suerte presente y futura de estos procesos”, y le solicitaron al magistrado la delegación de todos los legajos que no tienen aún imputados identificados. Según un estudio de la oficina que conduce Palermo, “sólo el 10,5 por ciento del total de causas iniciadas en febrero de 2006 se encuentra en condiciones de realizar el juicio oral y el 36 por ciento se encuentra sin imputación o sin identificación de presuntos responsables”.

Los reclamos del Ministerio Público para lograr concretar juicios significativos no sólo están destinados a Bento. Los fiscales generales Palermo y Jorge Auat, titular de la unidad destinada a causas de lesa humanidad a nivel nacional, esperan desde marzo que la Corte Suprema de Justicia, en uso de sus facultades de superintendencia, intervenga y exija el cumplimiento de los procedimientos legales en la designación de los conjueces que reemplazan a los recusados camaristas Alfredo López Cuitiño, Carlos Pereyra González y Julio Demetrio Petra, que en noviembre liberaron a los últimos dos represores presos de la provincia. El Ministerio Público destacó en su escrito que “la metodología utilizada se aparta claramente de la normativa legal” e implica un caso “de gravedad institucional”, dado que ante un pedido de nulidad de las defensas “acarrearía nuevos y graves retardos, incompatibles con la acordada 42/08” de la propia Corte, que reclamaba celeridad en los juicios de lesa humanidad.