Domingo, 2 de agosto de 2009 | Hoy
EL PAíS › LA CANDIDATA DE MAURICIO MACRI PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA PORTEÑO
La renuncia del penalista Julio Maier se convirtió en una oportunidad para el jefe de Gobierno. Quien tiene más chances de reemplazarlo es una fiscal que suele dictaminar a su favor. “Es el Nazareno de Macri”, dijo el kirchnerista Diego Kravetz.
Por Werner Pertot
Daniela Bruna Ugolini es la candidata con más chances para reemplazar a Julio Maier en el Tribunal Superior de Justicia porteño. Mauricio Macri no piensa enviar una terna, sino un solo pliego a la Legislatura, donde necesita 40 votos. Ugolini es fiscal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, desde donde emitió numerosos dictámenes favorables a la gestión PRO. Algunos ejemplos: se pronunció contra la remoción de las placas con los nombres de las autoridades de gobiernos de facto, en contra de darles viviendas definitivas a los habitantes de Villa Cartón, a favor de la intervención de la Obsba y de los 2400 despidos con los que desembarcó Macri. “Es el Nazareno de Macri”, graficó el legislador kirchnerista Diego Kravetz.
El juez Julio Maier renunció esta semana al tribunal que equivale a la Corte Suprema en la ciudad. El estrado vacante le dio una oportunidad al macrismo para asegurarse un voto a favor ante los problemas judiciales que cada tanto enfrenta. Ugolini es la candidata por la que se inclinaría Macri, a pedido del procurador porteño Pablo Tonelli, aunque cerca del jefe de Gobierno aseguran que “no está definido”. Otros posibles candidatos son los camaristas Esteban Centanaro y Carlos Balbí. Centanaro es el padre de la legisladora Ivana Centanaro que, poco antes de las elecciones, hizo el salto del kirchnerismo al macrismo y logró que la incluyeran en la lista del PRO. Balbí estaría propuesto por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, aunque el camarista también tiene relación con Daniel Angelici, ex tesorero de Boca, presidente de la Cámara Argentina de Salas de Bingos de la provincia y cercano a los radicales PRO.
Ugolini fue subprocuradora en el gobierno porteño de Fernando de la Rúa y procuradora en el de Enrique Olivera. Su presentación ante la Legislatura se haría en las próximas semanas. Un furcio la pinta: recuerdan quienes estuvieron el 27 de julio de 2000 en la audiencia pública por la que llegó a ser fiscal de Cámara que, cuando le preguntaron por qué quería ser fiscal, dijo “para defender al Gobierno”, palabras más, palabras menos, y se ganó una polémica. “Entre los pares, es una persona que significa no sólo un retroceso del tribunal, sino que no tiene galones para estar ahí”, señaló un magistrado, que también cuestionó que no se busque a un penalista para reemplazar a Maier. “Ella sabe de represión, no de derecho penal”, sentenció. “Me preocupa la menemización del gobierno de Macri: pone al frente de la Metropolitana al peor policía y quiere una corte adicta. Para mí, ella es el Nazareno de Macri”, advirtió Kravetz, que la conoce de sus épocas de abogado ambientalista.
Si en los tribunales se suele decir que los jueces hablan por sus fallos, los dictámenes de esta fiscal gritan que “va a estar bueno Buenos Aires”. Al comienzo del gobierno de Macri, Ugolini se pronunció a favor de revocar el fallo de la jueza Elena Liberatori con el que la magistrada suspendió la intervención de la Obsba vía decreto de necesidad y urgencia (DNU). “Se encuentran bien justificadas y explicadas las razones que determinaron el dictado del DNU”, opinó la fiscal, que también falló a favor de los 2400 despidos con los que debutó el líder de PRO. “La política de empleo no puede dejar de tener por finalidad el interés general y no el individual o particular de algunas personas”, estimó Ugolini, quien destacó que “la decisión adoptada por el jefe de Gobierno en cuanto a no renovar los contratos celebrados en 2007 (...) escapan a la valoración del Poder Judicial”.
Ugolini también se pronunció este año en contra de un amparo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para que se “elimine de forma permanente de las placas de homenaje, así como de la nomenclatura urbana de calles, plazas, escuelas los nombres de las personas que usurparon el cargo durante los períodos de orden constitucional”. Entre ellos, estaban los dictadores Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu.
También se manifestó contra un fallo del juez Roberto Andrés Gallardo, que hizo lugar a los habitantes de Villa Cartón para que les dieran viviendas sociales definitivas, dado que pasaron más de un año viviendo en condiciones infrahumanas en un precario centro de refugiados en Parque Roca, donde murió un bebé por falta de asistencia médica. Ugolini planteó que “no se verifica la presencia de un caso o causa que permita la actuación judicial”. No lo eran las familias que vivían sin agua, cloacas y en viviendas precarias.
El año pasado también, Ugolini se opuso a una orden judicial para hacer refacciones en el Hospital Moyano. En 2005, se concedió un amparo contra el gobierno porteño para que se hicieran reformas “que dieran condiciones de seguridad y habitabilidad mínima” por falta de enfermeros y médicos, de servicios básicos, de seguridad, cantidad de camas por paciente y hasta sábanas y mantas. En 2008, Ugolini recomendó “revocar parcialmente” este fallo y remarcó entre sus fundamentos que “es de público conocimiento, en el mes de diciembre del año pasado han asumido nuevas autoridades del GCBA”, es decir, la gestión de Macri. “La propuesta del diseño y la implementación del Plan de Salud Mental es una facultad y competencia propia del Poder Ejecutivo”, escribió Ugolini, como si siguiera siendo procuradora. Se sabe que en esos terrenos Macri tiene previsto crear un “centro cívico” y trasladar tanto el Hospital Moyano como el Borda.
Ugolini también se pronunció a favor de la designación interina de un defensor y un asesor tutelar, cargos que normalmente pasan por concurso.
Esos nombramientos generaron un conflicto en la primera causa en la que tuvieron que intervenir y fueron apartados por el juez. Ugolini no sólo convalidó las designaciones (“la designación interina no viola ninguna norma constitucional”), sino que señaló “la irregularidad de la actuación” de la fiscal Mariana Pucciarello por haberlas cuestionado. El Consejo de la Magistratura le tuvo que recomendar “a la doctora Daniela Ugolini que se abstenga de emitir juicios fuera del ámbito propio de su competencia, que puedan colisionar con el ejercicio del poder disciplinario sobre los magistrados, que recae en forma exclusiva sobre este plenario de consejeros”. No le pedían tanto.
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