El fiscal federal Federico Delgado dio el primer paso para que el ex presidente Fernando de la Rúa sea juzgado por haber ordenado o consentido el pago de coimas a cambio de la aprobación de la ley de flexibilización laboral en el Senado, en abril de 2000. “La pieza que le faltaba a este esquema era Fernando de la Rúa que, como presidente de la Nación, participó del acuerdo ilegal, ordenó que se pague el dinero y controló en todo momento el desarrollo del delito a través de sus subordinados jerárquicos y ejecutó las acciones tendientes a que el hecho quede impune”, señaló en el escrito con el que pidió la elevación a juicio del expediente que involucra al ex presidente.

El dictamen que Delgado firmó ayer llegó luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento de De la Rúa. Esa medida le permitió al juez federal Daniel Rafecas iniciar el trámite que concluirá con el ex presidente en el banquillo. Otros siete acusados por este hecho –los ex senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo y Ricardo Branda, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex jefe de la SIDE Fernando De Santibañes y el “arrepentido” Mario Pontaquarto– ya están en condiciones de ser juzgados. También estuvieron procesados el ex senador radical José Genoud y el peronista Emilio Cantarero, pero el primero falleció y el último fue declarado inimputable debido a que está enfermo. El proceso, de todas formas, se iniciaría recién a fines de 2010 o principios de 2011 porque el Tribunal Oral Federal 3 debe realizar antes el juicio por el caso IBM-Banco Nación.

Delgado consideró que De la Rúa y sus funcionarios “cumplieron un rol relevante en la maniobra” de los sobornos, “a la par que en todo momento tuvieron la posibilidad de impedir el resultado debido a las posiciones de poder decisivas” que ocupaban. “Sobre todo –razonó el fiscal–, claro está, De la Rúa, que era el presidente de la República. En otras palabras, De la Rúa y sus cómplices dominaron el recorrido histórico en que se cometió el hecho, cooperando necesariamente unos con otros. Esto significa que todos fueron eslabones, bien que necesarios, de una amplia cadena”.

En un escrito con citas de Hannah Arendt, Pierre Bourdieu, René Descartes, Fedor Dostoievski, Nicolás Maquiavelo y Rodolfo Walsh, Delgado dio por probada una reunión en Casa de Gobierno en la que, según la confesión de Pontaquarto, Genoud le dijo a De la Rúa, en presencia de Alasino y Tell, que los senadores justicialistas necesitaban “otras cosas” para apoyar la ley de Reforma Laboral y el ex presidente contestó: “Eso arréglenlo con De Santibañes”.

Luego de este encuentro, el “arrepentido” ex secretario parlamentario –de acuerdo con sus propias palabras– retiró de la SIDE los cinco millones de pesos-dólares que se repartieron entre senadores de la oposición (4 millones 300 mil) y Genoud (700 mil). Delgado, como Rafecas, consideró verosímil la narración de Pontaquarto. No sólo por el relato en sí, sino también porque estimaron positivos los reconocimientos que el acusado hizo de los distintos escenarios en los que sucedieron los hechos y valoraron los análisis de los entrecruzamientos telefónicos de todos los acusados. Ambos, además, evaluaron el contexto social y político en el que se aprobó la ley de flexibilización laboral impulsada por el gobierno de la Alianza, que fue luego derogada. “No se puede entender esta causa sin hablar de política, porque aquí se comprobó la compra de una política pública; es decir, se comprobó cómo unos actores políticos compraron la voluntad de otros actores políticos. Se trató, en definitiva, de un hecho que involucró a actores institucionales en el proceso de sanción de una ley. Es imposible, entonces, abstraerse de los quehaceres políticos de la época, porque hacerlo sería desnaturalizar la investigación”, señaló Delgado. Hacía referencia a la importancia que tenía para la gestión de De la Rúa la aprobación de un proyecto que era percibido como “existencial para el gobierno”, porque era un reclamo del FMI y a la vez permitía demostrar que era posible gobernar a pesar del poder de la oposición peronista en el Senado.

“¿Podían no ocurrir los sobornos en el Senado en esos meses de marzo y abril del nuevo milenio?”, se preguntó el fiscal en una comparación con ¿Quién mató a Rosendo?, de Walsh. Y se contestó: “La sociedad argentina merece un juicio para desentrañar tal interrogante”.