“Esta llamada proviene del Servicio Penitenciario Federal”, alerta una voz grabada. Del otro lado, ansiosa y enojada, Shajaira, una travesti venezolana, habla rápido antes de que se le acabe la tarjeta con los pulsos telefónicos. El miércoles, dice, comenzaron una huelga de hambre en el módulo para gays y trans de la cárcel de Marcos Paz porque se colaron algunos presos condenados por abuso deshonesto y pudrieron la convivencia. “Hubo una pelea hace cuatro meses y desde entonces nos pusieron en un régimen de cautiverio, no todos soportan un encierro de 18 horas al día. Un chico se ahorcó”, cuenta Shajaira. Además, denuncia que les negaron el acceso a los talleres de costura y electricidad y se los dieron a los colados. “Esas actividades las manejan desde el Obispado de San Isidro y no nos quieren incluir porque somos travestis”, agrega Emilce, desde el teléfono.

“Nos viven discriminando, es horrible. Nos cortan la luz a las siete de la tarde y no podemos salir al patio. La situación es inhumana, nos maltratan. ¡Por favor, esto se tiene que saber!”, pide Shajaira, antes de que se le corte la comunicación. Según le contó a este diario Marlene Wayar, activista de Futuro Trans, una organización que lucha por la diversidad sexual, Shajaira estaba en situación de calle en Venezuela y llegó a Buenos Aires como refugiada. “Fue testigo de cómo la policía asesinó a una chica y a otra gente de la calle. Está amenazada de muerte en Venezuela”, dice Wayar. “Hace dos semanas que está adentro, pero es cocorita y agitó a los demás al ver lo que estaba pasando”, agrega la activista.

Para reclamar por mejoras, además de la huelga de hambre, las y los integrantes del módulo 1 del pabellón 4 difundieron una carta abierta en la que relatan la situación en Marcos Paz, una cárcel conocida por alojar a criminales como el genocida Miguel Etchecolatz o los narcos mexicanos que destaparon el escándalo de la efedrina. En el texto señalan la supuesta complicidad entre el director del penal y Marta Curti, que trabaja en el Obispado de San Isidro.

“Curti, que organiza 25 talleres comunitarios en distintas unidades penitenciarias federales con subsidios estatales, en abierta connivencia con los directivos del penal de Marcos Paz, otorga discrecionalmente a algunos presos el beneficio del trabajo. En nuestro caso éste se ve negado por cuestiones de discriminación y arbitrariedad”, dice el texto. En otro tramo, aseguran que el director, Curti y un ex convicto encargado de los talleres “organizan a presos comunes para que concurran a los talleres en nuestras horas, de 8 a 19”.

Además de pedir que se relocalice a los 6 “colados”, piden el fin de las 18 horas diarias de encierro. “Antes teníamos un régimen abierto, después aplicaron el artículo 24.660 de disciplina. Este régimen de cautiverio nos mata psicológicamente. Somos el único pabellón en el que todavía se mantiene esta medida”, dice Emilce. Y repite, como Shajaira, que no van a levantar la huelga hasta que se solucionen los problemas.

Hay veinte personas portadoras de VIH entre las y los huelguistas, lo que complica sostener la medida. “La medicación la tienen que tomar con la panza llena, es lo indicado, así que realmente es algo urgente”, dice Marlene Wayar, quien dirige la revista travesti El Teje. La activista y la antropóloga Josefina Fernández fueron al pabellón el lunes pasado pero les fue imposible entrar. Tampoco pudieron dejarles alimentos, vestimenta y elementos de higiene personal.

“Sólo pueden ingresar familiares, algo complejo en el caso de las travestis, porque la mayoría rompen lazos con sus familias. Pueden recibir visitas de amigos, pero para hacerlo hay que llevar un certificado de antecedentes penales, lo cual es discriminatorio –comenta Wayar–. La discriminación es estructural, las travestis van a cárceles de hombres. En Marcos Paz no tienen cocina ni esparcimiento. No reciben ropa de cama, como los demás presos. En otros penales podés ser uno más, salís a limpiar o cocinás.”

Página/12 consultó a Marta Curti, de la pastoral carcelaria de San Isidro, sobre estas denuncias. La mujer negó cualquier trato discriminatorio, al tiempo que aseguró que no existe ninguna huelga de hambre en lo que ella llama “el pabellón de los delitos morales”. También aseguró no recibir ayuda del Estado. “Desde lo personal puedo tener mis pensamientos sobre estas personas, pero desde la realidad no se censura la participación de nadie, pautamos reglas, si se cumplen, van a estar adentro del programa”, aseguró Curti.

Mientras tanto, las travestis y los homosexuales siguen con su reclamo, conscientes de estar “en un penal con reglamentos duros”. Sin embargo, como postulan en su carta abierta, más allá de las reglas piden ser respetadas y respetados en toda su diversidad. “Las autoridades se niegan a un régimen común abierto de convivencia por discriminación y homofobia. Así, quedamos doblemente presas y privadas del acceso a las actividades laborales de los talleres –mencionan en otro tramo del texto–. Queremos vivir de manera justa y humana como el resto de internos de este penal.”