“El problema en la Argentina no es la pobreza sino la inequidad social.” La declaración de la Presidenta resonó en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, pero también en cada uno de los hogares argentinos que estaban viendo televisión o escuchando radio. Sucede que ayer al mediodía, en el lanzamiento del plan Ingreso Social con Trabajo, el Gobierno decidió usar la cadena nacional. Como informó ayer Página/12, el objetivo del plan es crear 100 mil puestos de trabajo genuinos a través de cooperativas. En esta primera etapa –los cuatro meses que restan del 2009– el programa tendrá un presupuesto de 1500 millones de pesos y se aplicará en el conurbano. En 2010, el presupuesto aumentará a alrededor de 9 mil millones y el plan se extenderá a todo el país.

Al hacer el anuncio, CFK aludió al debate pendiente por el ingreso universal por hijo. Dijo que sin entrar en la discusión entre políticas focalizadas o universales, el punto central era de dónde se obtenían los recursos “para transferir de un sector a otro”. Y entonces se atrevió a lanzar una frase de inmediata repercusión: “Alguna vez tendremos que hacer el padrón de los ricos en la Argentina, para ver cuál es la brecha real entre los que más tienen y los que menos tienen”.

El plan de crear 100 mil empleos ya había trascendido al menos en sus líneas principales (el primer aviso de su lanzamiento fue una declaración de Néstor Kirchner a Página/12 en Quilmes, hace ya una semana). De cualquier manera, aunque muchos detalles se conocían, el anuncio de ayer en el Salón de las Mujeres reunió a una importante convocatoria. El repaso de los asistentes fue un fiel reflejo de la importancia política que el Gobierno le asigna a esta iniciativa.

La Presidenta explicó las líneas básicas del plan que promete llegar a los 100 mil nuevos empleos. Dijo que los beneficiarios deberán inscribirse como monotributistas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que cobrarán su sueldo a través de una tarjeta de débito y que las obras que construyan las cooperativas serán monitoreadas por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Luego se extendió en una larga exposición, en la que defendió la política social instrumentada por el kirchnerismo a partir de 2003.

Auxiliada por su cuñada, que le corrigió un dato cuando citaba números de memoria, la mandataria aseguró que el presupuesto de la cartera de Desarrollo Social había aumentado un 800 por ciento en los últimos seis años: pasó de los 1083 millones de pesos previstos en 2003 a los 10.200 millones vigentes para 2009. “Aunque son números que tal vez resulten insuficientes, es una cifra muy importante. Pero sabemos que hace falta más, para eso estamos aquí”, admitió la Presidenta.

El discurso siguió con un reconocimiento pocas veces escuchado en el kirchnerismo: dijo que a pesar del crecimiento económico y de la disminución del desempleo del 25 por ciento a “menos de un dígito”, el modelo de industrialización e incorporación de valor agregado había encontrado límites. “Tenemos que enfrentar los núcleos duros de la pobreza mediante la organización social. Hay que a abordar el mientras tanto desde Desarrollo Social”, reconoció CFK. La frase pareció confirmar la conclusión que está circulando desde hace tiempo en la intimidad del Gobierno: que la crisis tuvo su impacto sobre la franja de la población que depende de la economía informal.

El diagnóstico de la Presidenta incluyó una cifra contundente sobre la magnitud de la exclusión en la Argentina. De los 12.400.000 menores de 18 años que viven en el país, la mandataria dijo que 2.860.713 no tienen cobertura social de ningún tipo. Sus padres no reciben salario familiar, tampoco son beneficiados por los planes sociales del Estado vigentes, que significan un costo fiscal de 10.200 millones al año. “Esto hay que saberlo para la discusión que se dará en el Congreso en materia de ingreso universal por niño. Nosotros hemos hecho el análisis de cuánto costaría la asignación universal según el monto que recibiría la familia, que puede ir de 135 pesos a 250 pesos. Si fuera de 135 pesos, necesitaríamos 6900 millones de pesos por año adicionales. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos para asignarlos de un sector a otro? Esa es la primera discusión que se debería dar en el Congreso”, aseguró CFK.

La referencia al reclamo de implementar una asignación universal por hijo llevó a la Presidenta a recordar “los subsidios y las transferencias” con que el Estado favorece a sectores de la producción y los servicios. “Habría que ver el nivel de exenciones y eximiciones que estamos teniendo en la Argentina para ver de dónde pueden salir los recursos. Además, el Estado realiza transferencias a un sector productivo primario”, puntualizó. Fue una forma elegante de referirse a la cruzada de la Mesa de Enlace para recortar el nivel actual de retenciones a la soja. “El problema es que a veces se subsidia a los que tienen para terminar no subsidiando a los que no tienen”, agregó. En ese capítulo, la Presidenta les devolvió la pelota a los legisladores, al recordar que la fijación de gravámenes es potestad del Congreso. En algunos bloques legislativos se viene hablando de impulsar un eventual impuesto a la renta de la Minería o imponer otro a las Transferencias Financieras.

La mandataria también hizo una breve autocrítica. Dijo que en los últimos seis años el Gobierno tuvo “errores, falencias y miserias, como todos los tenemos”. Enseguida ratificó su convicción de estar representando los intereses populares. Entonces tuvo una digresión que derivó, al parecer de manera casual, en el momento más comentado del discurso. Dijo que el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, había ido a ver la obra de teatro La Tentación, que narra un encuentro entre Manuel Dorrego y el embajador inglés Lord Ponsomby en la Buenos Aires de 1820. Dorrego terminó fusilado por Lavalle. “El (Dorrego) optó por el pueblo... Tranquilos, porque yo no creo que eso se repita. Tal vez ya no se produzcan esos fusilamientos. Tal vez hayan surgido otro tipo de fusilamientos, de tipo mediático”, aseguró CFK con una sonrisa irónica.