El procurador general de la Nación, Esteban Righi, instruyó a los fiscales para que rechacen todos los pedidos de probation que pretenden reemplazar el enjuiciamiento público en las causas por corrupción. Las penas alternativas, evaluó, son herramientas que a menudo debilitan o desmoronan los juicios orales por ese tipo de delitos. Hoy el beneficio no se aplica para los funcionarios propiamente dichos, pero la Justicia puede admitirlo si están acusados por hechos que cometieron fuera del cargo o habilitarlo para los particulares/cómplices que participaron de las maniobras contra el Estado. Según Righi, todos por igual deberían pasar por el banquillo.

Los fiscales –señala la disposición de Righi a la que accedió Página/12– “deberán oponerse” a la probation “siempre que se esté ante un delito de corrupción sin que corresponda hacer al respecto distinciones entre particulares o funcionarios públicos, o que en este último caso el hecho haya sido cometido en ejercicio o no de la función pública”.

Hubo un caso concreto que fue disparador de la directiva: un pedido del ex titular del PAMI Víctor Alderete, para que le permitieran hacer tareas comunitarias en lugar de tener que enfrentar su primer juicio oral, que iba a empezar a fin de junio. El ex funcionario está acusado de presentar ante la AFIP un documento falso para justificar un préstamo de 243 mil dólares que le otorgó el Banco Galicia en 1998 para cancelar una deuda. Era una forma de justificar movimientos en su patrimonio. Alderete pidió la probation con el argumento de que su declaración jurada ante el ente recaudador es del año 2000, cuando él ya no era funcionario. La fiscal del juicio, Sabrina Namer, rechazó el pedido, al igual que el Tribunal Oral Federal Nº 6, pero la decisión para que empiece o se suspenda el juicio ahora está en manos de la Cámara de Casación Penal.

Según Righi, las penas alternativas han servido para “evitar la estigmatización” de los delincuentes comunes y han colaborado con la descongestión de la Justicia, pero los delitos de guante blanco merecen un capítulo aparte que priorice los procesos orales y públicos “en defensa de los intereses de la sociedad”. La instrucción que firmó ayer apunta a que todos los fiscales promuevan los juicios orales cuando están en juego delitos contra la administración pública (defraudaciones, coimas, enriquecimiento, incumplimiento de deberes, entre otros tantos). Es, dice, la manera de sacar a la luz “el contenido” del caso, “el debate de las circunstancias fácticas y jurídicas relevantes y la declaración de responsabilidad del autor”. El juicio, añade, es “en sí un instrumento idóneo para producir los efectos preventivo-generales eventualmente atribuidos a la pena estatal” e “implica un modo particular de insertar a la Justicia en el medio social”.

La ley actual excluye la probation sólo para las personas juzgadas por delitos cometidos en la función pública, pero la concede para sus cómplices. No vale para el funcionario que trucha una licitación, pero sí para el que se benefició con ella. No aplica para quien recibe una coima, pero sí para quien la paga. Así, explican en la Procuración, el día que el ex funcionario llega a juicio, los coautores particulares quedan desvinculados del proceso y eso puede afectar la solidez de la imputación y las pruebas. La confrontación de lo que digan acusados y testigos es central en un juicio oral.

En el affaire IBM-Banco Nación, cuyas audiencias vienen sufriendo postergaciones, uno de los acusados había pedido reemplazar su juicio por tareas comunitarias y el pago de 100 mil pesos. Era Juan García del Río, titular de una de las firmas que facilitó la apertura de las cuentas en el exterior donde se depositaron las coimas por el contrato para la informatización del Nación. El fiscal aceptó el planteo que luego fue rechazado por el Tribunal Oral Federal Nº 3. Falta que se pronuncie Casación. El tema no está exento de controversias, más aún teniendo en cuenta que la Corte falló a favor de que haya un criterio “amplio” ante pedidos de sanciones alternativas.

Righi estableció que los fiscales deben rechazar la probation cuando estén ante “un hecho que requiera de la realización del debate por la conveniencia del control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía” y en aquellos casos donde el otorgamiento de la pena alternativa “pueda debilitar la acusación”. El puntapié para esta instrucción lo dio la fiscal Namer, quien dirige una oficina de seguimiento de las causas de corrupción en la Procuración, con el objetivo de recuperar para la sociedad el dinero robado en actos de corrupción.