“Ahora es cuando.” La frase se fue convirtiendo en una señal de identidad entre las organizaciones de la sociedad civil que impulsan la democratización del mapa de medios en la Argentina. Era una frase que describía el clima de urgencia, la determinación de no seguir postergando el debate para modificar la ley 22.285, heredada de la dictadura. Esa exigencia de no esperar tendrá su primera coronación hoy a las 11, cuando la Presidenta anuncie la presentación del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales al Congreso. El acto será en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, pero tendrá su eco en la Plaza de Mayo. Allí se reunirán medios comunitarios, ONG, movimientos sociales que forman parte de la Coalición para una Radiodifusión Democrática. Tras el discurso de CFK, el público se movilizará hasta el Congreso como un gesto de acompañamiento y apoyo al proyecto. La iniciativa que se presentará en la Parlamento no es exactamente la misma que se anunció el 18 de marzo en el Teatro Argentino de La Plata. En el tiempo que pasó desde entonces, y como consecuencia de los 24 foros de debate que se realizaron a lo largo del país, el texto original recibió cincuenta modificaciones.

Los foros contaron con el auspicio de 11 gobernaciones y 25 universidades nacionales. Las modificaciones que se incorporaron al texto original provienen de los aportes de los participantes. Otros cambios surgieron de documentos girados por correo al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) o de mails que se recibieron en el organismo. El nuevo proyecto, con las cincuenta modificaciones que quedaron tras la sistematización de 1200 aportes individuales, fue enviado a Presidencia y a la Secretaría Legal y Técnica el 10 de julio.

Los cambios más importantes tienen que ver con las controversias que había despertado el anteproyecto original: la revisión de licencias cada dos años, la convivencia entre cooperativas de servicios públicos y distribuidoras de TV por cable de alcance local en el Interior, el desembarco de las telefónicas a la comunicación audiovisual y la regulación para el triple play. Otros cambios apuntan a ampliar los derechos de pueblos originarios, hacer más federal el funcionamiento de la Defensoría del Público y declarar el espectro radioeléctrico como un bien público. A continuación un punteo de las principales modificaciones al texto original.

- Revisión de licencias. El artículo 38, en su redacción original, dispone que cada dos años se revisarán las licencias en poder de los adjudicatarios. La oposición planteó que el artículo permitiría que el Gobierno ejerciera un poder discrecional para cambiar las reglas y digitar el escenario tecnológico cada dos años. En el Gobierno aseguran que con la nueva redacción del artículo se ofrecerán garantías claras de que no va a haber discrecionalidad en la distribución de licencias. La constatación bianual tendrá como único objetivo evitar que la incorporación de nuevas tecnologías en la comunicación audiovisual –la famosa digitalización– termine distorsionando el espíritu de evitar la concentración y preservar la pluralidad.

- Pulseada entre cableoperadores locales y cooperativas de servicios públicos. Esta situación se produjo principalmente en localidades alejadas de los principales centros urbanos, donde los servicios de electricidad y teléfonos son brindados por cooperativas de usuarios. El artículo 23 excluye a las prestadoras de servicios públicos de la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación audiovisual. En el artículo 25 se plantean las excepciones a esa regla. Allí se establece que las personas de existencia ideal sin fines de lucro –léase cooperativas– pueden dar esos servicios pero con una condición: antes deben pedir un dictamen de la Comisión de Defensa de la Competencia. Si ese organismo considera que las cooperativas no se quedarán con más del 35 del mercado, las cooperativas podrán desembarcar en el negocio de la TV por cable. Las pequeñas empresas de distribución de cable habían planteado que si las cooperativas ingresaban en la actividad les resultaría imposible competir con ellas. “Vamos a ofrecer condiciones de convivencia”, responden en el Gobierno.

- El triple play y las condiciones para que las telefónicas puedan ingresar al negocio del cable. El mismo artículo 25 plantea que las telefónicas privadas con una lógica comercial también podrán ingresar al negocio de la distribución por cable –lo que haría realidad el famoso triple play, la posibilidad de brindar Internet, teléfono y cable en un mismo soporte– si antes cumplen con una serie de requisitos bastante exigentes: interoperabilidad de redes, portabilidad numérica y demostrar que el 70 por ciento del capital es de origen argentino. En el Ejecutivo dicen que el proyecto establecerá mecanismos de seguimiento para controlar la composición accionaria de cada telefónica que pretenda desembarcar en la actividad audiovisual.