Desde Medellín

Otra jornada crucial en la política colombiana se vivió ayer en el Congreso. Los parlamentarios que tienen en sus manos la actual suerte del referendo se reunieron nuevamente para continuar la sesión que se aplazó llegada la medianoche del martes. Al cierre de esta edición continuaban debatiendo y la votación seguía lejos. Las quince horas que pasaron entre un encuentro y otro fueron también de alta tensión. Fuertes declaraciones iban y venían por las denuncias que hicieron varios congresistas sobre presiones del gobierno y ofrecimiento de prebendas a cambio de votar favorablemente el proyecto de ley en curso. El uribismo puso en marcha su estrategia para salir victorioso, el carrusel, la misma que le sirvió hace cinco años para aprobar el primer referendo. Con ello sobrevino otra avalancha de denuncias que señalan que esta herramienta va contra el orden constitucional.

Esa táctica del oficialismo es tan audaz que hasta a los mismos congresistas les costaba entender, al principio, a qué estaban jugando. Después, la oposición aprovechó cada momento posible para “dejar constancia”, decían todos, de la “falta de honradez” y los “oscuros intereses” que trae el carrusel. Pero ése fue el pacto que hizo el grupo de congresistas que apoya el referendo. Serían unos 90 de 125 que participan en el debate. Esa mayoría se declaró el martes impedida para votar este proyecto por conflicto de intereses. Y así comienza el carrusel.

Antes del momento de dar sí o no al referendo, todos deben votar si consideran que esos impedimentos son válidos. Esto es, uno a uno los parlamentarios aprueban o desaprueban la solicitud de sus colegas. El pacto incluye que en este punto los uribistas les devuelven la habilidad para votar a sus compañeros de coalición oficialista. Con ello, pueden votar el referendo y, después, no pueden ser “recusados” por la oposición.

La única opción de la minoría opositora era, a la hora de votar el referendo, impedir que esos 90 parlamentarios voten, pues están imposibilitados moralmente para participar del tema y sólo así lograrían sacar mayor número de negativas. Pero con el carrusel, gana la mayoría. La falta moral está en que en diciembre era ilegal votar la conciliación para el actual referendo, pues ni entonces ni hoy la Registraduría Nacional certifica que los casi 100 millones de dólares que costó recoger las firmas para poder radicar el proyecto fueron conseguidos de manera legal. La Corte Suprema de Justicia está investigando a 86, de esos 90, por votar en aquel momento.

En el debate de ayer, los congresistas Guillermo Rivera y Julián Silva manifestaron que los votos fueron mecánicos, sin lugar a la discusión de fondo sobre si es prudente y legal que entre los mismos uribistas se quiten y pongan permisos para votar. “No es posible que un representante diga que se siente impedido para votar por cierto motivo moral y que a la vez apruebe que su colega sí puede hacerlo, cuando las razones que expusieron fueron las mismas”, señaló enérgicamente Rivera.

Todo eso pasaba entre palmaditas y susurros del ministro de Interior, Fabio Valencia Cossio, principal abanderado de la causa reeleccionista de Uribe. El ministro se movía de la mesa principal a los puestos de los parlamentarios, una y otra vez durante las largas horas de debate. El presidente, por su parte, no dio la cara a los medios ni menos en el Congreso, pero sus funcionarios desmintieron las denuncias sobre que se está repitiendo el delito del anterior referendo, por el cual un par de ellos ya fueron condenados y están en la cárcel.