Para la Corte Suprema no fue nada fácil llegar a firmar el fallo que finalmente desincriminó la tenencia de drogas para consumo personal. A pesar de que Sus Señorías habían acordado sobre fines de 2007 estudiar el tema y definirlo más o menos pronto, todo lo que rodeó a la sentencia fue trabajoso: elegir el caso, el momento para pronunciarse, los argumentos medulares. En los últimos plenarios hubo caras de fastidio, mucha tensión y desgaste. Mientras la Iglesia, grupos conservadores y políticos de variada estirpe alimentaban la idea de que dejar de penar la tenencia de estupefacientes equivale a alentar su venta, su uso y la delincuencia, en algunos despachos supremos crecía un fuerte temor por cómo sería interpretada la decisión que, no obstante, hacía rato estaba tomada. Hubo tal preocupación por medir las palabras, que el comunicado oficial que emitió el tribunal resultó ambiguo y generó confusión. Daba a entender, por ejemplo, que la resolución era sumamente limitada y que se refería solo a la marihuana. “La Corte no ordenó la despenalización general del consumo de marihuana”, anunciaba.

A pesar de que el fallo estaba dividido en seis votos con argumentos diferenciados, el resultado era bien claro y lo repetía cada juez en su último párrafo: “El artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737 (de estupefacientes) debe ser invalidado, pues conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional en la medida en que invade la esfera de la libertad personal excluida de la autoridad de los órganos estatales (...) se declara la inconstitucionalidad de esa disposición legal en cuanto incrimina la tenencia de estupefacientes para uso personal que se realice en condiciones tales que no traigan aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros”. Como todo fallo, este resolvía un caso puntual referido a cinco personas que habían sido detenidas con una escasa cantidad de marihuana. Y como toda decisión suprema, llevaba la fuerza de todo pronunciamiento capaz de señalar un camino legislativo o señalar una política de Estado. Pero en ningún momento decía que la inconstitucionalidad era para los casos de marihuana y en determinadas cantidades. Tampoco hablaba de penalizar o despenalizar, porque ésa es una tarea de los legisladores, no de los jueces.

Todavía antes de que en el Gobierno se empezara a hablar de la posible despenalización, la Corte ya había seleccionado un expediente, el de Andrés Villacampa, que encarnaba un caso típico: el de un joven que había sido detenido en la calle por la policía con dos gramos de marihuana guardados en su bolsillo. El año pasado ya había cuatro votos –la mayoría necesaria– como para que saliera el fallo. Sin embargo, las suspicacias fueron más fuertes. La sentencia iba a ser firmada en marzo, pero uno de los ministros más influyentes en las decisiones pisó el freno. “No vamos a tirar por la borda todo el prestigio ganado por la Corte en estos años. Hay que tener mucho cuidado y lograr que quede claro lo que vamos a decir”, les advirtió, palabras más palabras menos, a sus colegas.

Los días pasaron y el caso “Villacampa” prescribió, como suelen pasar con muchas de estas causas por tenencia que atiborran los tribunales penales. Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni se convirtieron en los principales impulsores de la definición, con algún apoyo de sus pares juezas.

–Basta, hay que sacarlo, elijamos una causa y pongamos fecha –se enfadó hace tres semanas Maqueda. Así surgió el 25 de agosto.

En el ínterin, Zaffaroni apareció –para irritación de algunos de sus colegas– en la Conferencia de Drogas de la Asociación Intercambios, explicando los inconvenientes de seguir criminalizando a los usuarios de drogas. En el mismo evento, Aníbal Fernández dijo que esperaba con “ansiedad” el fallo que desincriminara la tenencia.

En un reportaje de este diario, Zaffaroni advirtió unos días después: “En la medida en que se siga criminalizando o haciendo que se criminaliza, lo que se hace es distraer esfuerzos para combatir el tráfico” y puso énfasis en el “paco”. A esa altura, hasta Carlos Fayt daba algunas pistas sobre el inminente fallo y hablaba de la “inhumanidad” de penar a un enfermo. En otro wing de la Corte leían, con incomodidad, el mensaje.

La semana pasada la fecha fijada estuvo otra vez a punto de naufragar. “¿Qué más vamos a esperar, a que se nos prescriba otra causa?”, se quejó ya más de un juez. Con el temor al qué dirán igualmente vigente, Sus Señorías descartaron un caso que incluía 960 dosis de marihuana porque les parecía demasiado; otro de un gramo de cocaína, porque se interpretaría que legalizarían drogas duras; otro en que un hombre fumaba frente a un menor. Sobre el fin de semana decidieron encarar el expediente de los cinco jóvenes detenidos en Rosario con tres cigarrillos de marihuana cada uno y poner de relieve que era una causa donde la propia Corte ya había condenado a los dealers. Eso ayudaría a que dejar claro el mensaje de que hay que perseguir el narcotráfico pero no a los usuarios de drogas.

Pese a todos los cuidados, el día que salió el fallo todavía primaba la preocupación por qué dirían los titulares de los medios, la tele, la radio, los diarios. A tal punto que un vocero del tribunal previno a los periodistas que lo escuchaban: “Les aviso que ninguno de los jueces va a explicar el fallo, no se habla más”. Sonaba raro en un tribunal que viene haciendo culto a la buena comunicación y que, contra el viejo oscurantismo de la Corte menemista, suele dar explicaciones exhaustivas y accesibles de sus decisiones. “Todo lo que piensa la Corte está en el comunicado de prensa”, insistió el hombre. Aludía a la gacetilla que contaba la gran noticia por la negativa, haciendo hincapié en lo que la Corte no hizo en lugar de lo que sí hizo. El efecto fue una gran confusión. Cada medio contó y tituló la novedad de manera diferente y tuvieron que salir a traducirla otros expertos en el tema. En el tribunal ayer se multiplicaron las voces críticas, algunas que advertían que desde allí mismo se había “desinformado”. Y aun así, como era previsible, salió a patalear la Iglesia y otras voces conservadoras.

Lo penoso fue que tanta ambigüedad terminó opacando algunos aspectos novedosos del fallo, como el señalamiento de la falta de políticas públicas de salud en materia de adicciones y de combate del narcotráfico, que ponen al Estado en posición de incumplidor de los tratados internacionales de derechos humanos que asume.