La Sala II de la Cámara Federal ordenó reabrir una investigación donde se intenta establecer la vinculación del líder de la CGT Hugo Moyano y del ex titular del gremio de los colectiveros, Juan Manuel Palacios, con la compra de una mítica estancia en la localidad bonaerense de Henderson. En el expediente, el fiscal Carlos Rívolo buscaba determinar el origen de los fondos con los que fue adquirida la propiedad, de 380 hectáreas y un importante valor histórico. El juez federal Norberto Oyarbide había mandado el caso al archivo pero los camaristas le indicaron que fue una decisión prematura y debe retomarlo.

El disparador de la pesquisa fue un e-mail recibido por el fiscal federal Oscar Amirante, que reproducía un panfleto, escrito con tono irónico, que incluía frases como “Bienvenido compañero Hugo” a la “comunidad de Henderson”, “esperamos que represente nuestros intereses en las reuniones de gabinete” y “lo esperamos en la Sociedad Rural y Coninagro”. El texto hacía también una estimación sobre lo que cuestan los campos en esa zona –ubicada a unos 450 kilómetros de Capital Federal– con valores que, decía, podían rondar los 3 mil dólares por hectárea y aludía a la importancia de la estancia San Ignacio. Amirante hizo la denuncia, en la que les tocó intervenir al juez Oyarbide y al fiscal Rívolo.

Cuando los investigadores fueron a verificar (a través del Registro de la Propiedad y de la Inspección General de Justicia) quiénes figuraban como titulares del establecimiento rural, apareció el nombre de una sociedad, Calema S.A., cuyas autoridades tienen vinculaciones con Palacios, ex mano derecha de Moyano. Su hijo, Gabriel Palacios, registraba una participación en el 30 por ciento de las acciones. También surgían lazos con la mujer de Palacios y con el actual titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, quien habría presidido la compañía hasta 2003 y luego siguió como accionista. Calema, incluso, habría adquirido varios campos por más de diez millones de dólares. Hasta 1997 reportaba un capital de 100 mil pesos y ese año saltó a un millón. Palacios perdió respaldo en el gremio y se retiró después de 22 años de liderazgo.

Quedaba, a partir de ese punto, establecer el origen de los fondos con los que se había pagado la estancia. Rívolo pidió la intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF), que rastrea operaciones de posible lavado de dinero. Sin embargo, Oyarbide decidió archivar el caso con el argumento de que no se había podido acreditar lo denunciado “en particular respecto de la posible participación de Hugo Moyano”. “Tampoco es posible profundizar la investigación entorno (sic) al patrimonio de Calema S.A., sus socios y miembros de la UTA en tanto que tal proceder constituiría una operación de pesca que excedería ampliamente el objeto procesal”, decía.