La Justicia reconoció la falta de eficiencia de los programas de protección de testigos y puso el foco, por primera vez, en cuidar a los que declaran en procesos por delitos de lesa humanidad haciendo un seguimiento de los represores que estos sobrevivientes acusan. Fue en una resolución referida al caso de un testigo en riesgo, que recogió un pedido de la agrupación Justicia Ya! También destacó el impacto negativo de las constantes excarcelaciones de represores en estos procesos.

El juez federal Arnaldo Corazza citó a un “testigo clave” en una de las causas del circuito Camps para ofrecerle ingresar a alguno de los programas de protección de testigos vigentes. “Los programas de protección existentes en la actualidad no guardan correlación con las necesidades de los testigos y la única protección eficiente sería que los distintos imputados-procesados de estas causas, que fueron puestos en libertad a partir de las excarcelaciones decretadas en instancias superiores, fueran debidamente controlados y/o vigilados por las autoridades competentes y responsables de su seguridad”, dijo el testigo ante el juez. El sobreviviente agregó que aceptar una custodia o control policial respecto de su persona sería “un absurdo”, y expresó que “las excarcelaciones constituyen un mensaje de impunidad que repercute negativamente en la subjetividad y ánimo de los testigos, y si se implementara vigilancia sobre el grupo de procesados excarcelados la medida no sólo beneficiaría a su situación personal sino también la de otros testigos”.

En su respuesta el juez comenzó diciendo que a partir de la desaparición del testigo Jorge Julio López quedó en evidencia la falta de un “plan de asistencia, seguridad y protección de testigos para estos casos” y “todavía queda un margen muy holgado en materia de seguridad”. Tras establecer que se encontraba ante un conflicto entre el derecho de las víctimas testigos a la protección integral y los derechos de los procesados excarcelados a la libertad ambulatoria e intimidad, el magistrado expresó que “las excarcelaciones generan un efecto disfuncional en materia de protección” y “representan una respuesta institucional contraria a los intereses y necesidades” de las víctimas. A su criterio, “no puede dejar de advertirse el grado de relaciones y vínculos que, en general, tienen las personas excarceladas con agencias de seguridad y personal que participó en la última dictadura y que tienen en la actualidad bases operativas y de acción tangibles. La desaparición de Jorge Julio López es un ejemplo de ello”. Por estas razones decidió “dictar una medida cautelar consistente en la vigilancia, seguimiento y realización de tareas de inteligencia sobre los distintos procesados que han sido excarcelados” en las causas que tramitan en su juzgado por delitos de lesa humanidad. La medida fue ordenada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, bajo la coordinación del programa Verdad y Justicia.