“Las subzonas tuvieron la responsabilidad primaria, total e indelegable en cuanto a la operativa concreta: determinación de blancos, traslados, lugares de reunión de detenidos.” La afirmación pertenece a Carlos Suárez Mason, ex comandante del Primer Cuerpo de Ejército, y fue citada por el abogado Gerardo Fernández, del Centro de Estudios Legales y Sociales, para pedir la condena a reclusión perpetua del general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios como ex jefe de la subzona Capital en 1976. Idéntica pena reclamaron los abogados de Justicia Ya!, que además pidieron al Tribunal Oral Federal 5 “una condena de acuerdo a la normativa del derecho interno, pero considerando a los delitos como de lesa humanidad en su sentido específico de genocidio”. Hoy será el turno de la abogada Mirta Mántaras y la semana próxima del fiscal federal Félix Crous.

El juicio a Olivera Róvere y los ex jefes de áreas militares de la ciudad de Buenos Aires, el mayor en términos de cantidad de víctimas desde el Juicio a las Juntas, transcurre desde hace siete meses. A diferencia de lo que ocurre en el interior del país, donde las salas suelen quedar chicas, la asistencia de público al subsuelo de Comodoro Py rara vez supera en cantidad a los policías presentes. Los imputados están excarcelados y tienen una certeza que los tranquiliza: seguirán en libertad aun en caso de ser condenados, criterio que el TOF 5 ratificó con los ex jefes de Mansión Seré. Sólo el coronel Bernardo Menéndez, que se defiende a sí mismo, aceptó el reto de concurrir a las audiencias para escuchar los padecimientos de los familiares de víctimas y de los sobrevivientes de Atlético, Banco, Olimpo, Vesubio y Automotores Orletti, a quienes reitera una misma pregunta: “¿Pertenecía usted a alguna organización política?”.

Los abogados del CELS destacaron el martes que “la Justicia tardía no es igual a la ausencia de Justicia”, pero también que por los años de impunidad pocos padres de víctimas viven para dar testimonio y demasiados represores murieron sin condena: Suárez Mason, José Montes, Andrés Ferrero y Rodolfo Wehner, entre otros. Consideraron que los 240 secuestros que se imputan representan “una ínfima porción” del universo total pero “brindan una clara muestra de la magnitud de la represión ilegal” y destacaron que “el plan criminal diseñado e implementado por las Fuerzas Armadas” tuvo como objetivo “despolitizar, desmovilizar y disciplinar a la población”.

Los letrados de Justicia Ya! recordaron “el genocidio contra los pueblos originarios para apropiarse de sus tierras”. “Dos siglos, dos genocidios, ambos impunes, ambos para reestructurar las relaciones sociales”, resumió Luis Bonomi. Durante la dictadura “no hubo represión indiscriminada” sino “destrucción sistemática de una parte sustancial de un grupo nacional: destruir la organización y la participación era uno de los objetivos a más largo plazo, cuyas consecuencias padecemos hasta hoy”, agregó.

Los querellantes coincidieron en que “el principal responsable” de la represión en la ciudad fue Olivera Róvere, que el viernes participó del velorio de Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia. Humberto Lobaiza y Teófilo Saa, ex jefes del Regimiento Patricios y del área II, “tuvieron a su cargo un área geográfica estratégica” y “pusieron a disposición de lo que llamaron ‘lucha contra la subversión’ un escuadrón de más de cien hombres”, destacó Fernández. Felipe Alespeiti, segundo jefe del regimiento, y Bernardo Menéndez, jefe del área V, fueron “eslabones intermedios de la cadena de mandos” y tenían autoridad sobre las comisarías que liberaban las áreas para concretar los secuestros.