Y un día arrancó. Después de casi veintiséis años de democracia, el Congreso empezó a debatir ayer el proyecto oficial de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazaría a la ley de Radiodifusión dictada por la última dictadura militar. El plenario de las comisiones legislativas de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados escuchó, realizó preguntas y propuso modificaciones sobre la iniciativa al titular del Comfer, Gabriel Mariotto, que se comprometió a “explorar” las propuestas para “hacer la mejor ley”. El martes próximo comenzará una seguidilla de audiencias públicas “sin restricciones”, que en principio abarcaría hasta el jueves, aunque podrían extenderse aún más. El núcleo duro de la oposición al proyecto –el radicalismo, la Coalición Cívica, el PRO, el peronismo disidente y el cobismo– se abroqueló detrás de la propuesta de la Comisión de Libertad de Expresión, que preside la radical Silvana Giúdici, de extender las audiencias públicas a siete regiones del interior del país y amenazó con retirarse del debate si no se cumplía su exigencia. Ahora, la oposición ya piensa en convocar a audiencias paralelas, en pos de su objetivo de estirar todo lo posible el tratamiento del proyecto en el recinto.

Fue una extenuante jornada marcada por los vaivenes políticos en las más de ocho horas de discusión. Poco después de las seis y media de la tarde, el kirchnerismo y sus aliados más fieles se impusieron en una votación nominal del plenario, que convocó al inicio de las audiencias públicas a partir del martes próximo y que también están pautadas para miércoles y jueves. El viernes 11 por la mañana volverá a reunirse el plenario de comisiones para definir cómo continuará el recorrido parlamentario del proyecto por la Cámara baja.

Algunos legisladores kirchneristas especulaban que el viernes que viene ya podrían emitir dictamen de mayoría. Otros, en cambio, auguran que antes sería mejor repasar el porotómetro: “No somos suicidas. Vamos a bajar al recinto sólo cuando tengamos los votos”, precisaron a Página/12.

Los miembros de la conducción de la bancada oficialista ya están abocados, junto a técnicos del Comfer, a realizar modificaciones para darle mayor precisión al texto del proyecto e introducir algunos cambios en los temas más cuestionados por opositores y aliados: las características y composición de la autoridad de aplicación, ponerle límites al ingreso de las telefónicas al negocio de los medios de comunicación y modificar el artículo 40 sobre la revisión cada dos años de las licencias.

Estos reclamos unifican a todo el arco opositor. Pero también a algunos oficialistas y aliados que impulsan la ley: una lista que abarca a los peronistas chubutenses –como lo expresó en el plenario Juan Pais–, los radicales K y los bloques de centroizquierda que incluye a Solidaridad e Igualdad, Proyecto Sur, Libres del Sur y Miguel Bonasso.

Antes, el propio Mariotto fue quien abrió las puertas a las modificaciones en sus respuestas. El interventor del Comfer dijo que “no está en el espíritu del proyecto revisar cada dos años las licencias, sino aspectos que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías como la digitalización del sistema”, pero que estaba dispuesto a revisar la redacción del artículo para darle “mayor precisión y despejar dudas”.

Mariotto defendió que la autoridad de aplicación quedara en manos del Gobierno “porque no hay antecedentes en la legislación internacional, aun en los países más avanzados, que esta atribución se maneje con otros criterios”. Aunque se mostró más permeable y pidió los textos de las propuestas para modificar la composición de los organismos de control como el Consejo Federal y la Comisión Bicameral.

También explicó los “límites que el proyecto impone a los nuevos jugadores” que habilita la iniciativa: las telefónicas. Aseguró que tendrán las mismas restricciones que el resto de los operadores: “No podrán pasar más allá del 35 por ciento del mercado, el tope de 24 licencias y la composición del 70 por ciento de capital nacional”. Pero dejó abierta la recepción de otras sugerencias en la redacción del texto.

A propósito de este último punto, Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi, de SI, advirtieron a Mariotto sobre el cuidado que debería tener la redacción final del artículo que establece la necesidad de una mayoría de capitales nacionales, por lo que establecen los Tratados de Protección de Inversiones (TPI), firmados con 54 países. Lo que podría exponer a la futura ley a reclamos judiciales en tribunales internacionales.

Pero la jornada de discusión se había iniciado con un revés para el oficialismo. La Comisión de Libertad de Expresión fue citada por Giúdici una hora antes del plenario y logró emitir una propuesta –que nucleó al grueso de la oposición– para prolongar el debate por dos meses en siete regiones del interior del país. La propuesta fue llevada al plenario como condición para iniciar el debate. Incluso, Giúdici insistió que había que discutir la metodología antes de escuchar a Mariotto y hasta amenazó con retirarse del plenario. La intervención de otros opositores lograron apaciguar los ánimos y encaminar la apertura del debate. Sólo la encendida intervención opositora al proyecto de Patricia Bullrich le dio pie a Giúdici para volver a la carga, sin suerte, con su reclamo.

“Fue una provocación política. Giúdici primero reclamó la incorporación de su comisión al plenario y después rompió el acuerdo. Sólo quieren prolongar indefinidamente el debate”, dijo el jefe del bloque K, Agustín Rossi. La votación volvió a poner en discusión el insistente reclamo de la diputada radical. Giúdici cuestionó primero algunos aspectos de la votación –que terminó 34 a 24 a favor del oficialismo–, pero ya tenía en mente otra salida: convocar a audiencias paralelas. Habrá que ver qué sectores de la oposición deciden acompañarla en la confrontación.