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La Procuración General de la Nación instruyó a los fiscales para que impulsen el “reintegro a la sociedad” de bienes obtenidos en casos de corrupción. La directiva establece que los representantes del Ministerio Público “adopten las medidas necesarias para no frustrar el recupero de esos bienes, evitando en el momento oportuno y sin dilaciones innecesarias su libre disposición por parte de los imputados o las personas jurídicas que representan”.

La instrucción firmada por el procurador general Esteban Righi se extiende también a casos de narcotráfico, evasión, lavado de dinero, contrabando y trata de personas y se produjo en base a una propuesta de la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de Delitos contra la Administración Pública (Ocdap).

El documento impulsa a los fiscales a “intervenir activa y coordinadamente” con jueces y otros funcionarios judiciales de todas las instancias “para conseguir la pronta inmovilización de activos desde el comienzo de las actuaciones judiciales, con el objeto de que el posterior decomiso –en caso de ser requerido– sea verdaderamente viable”. Recomienda concretamente que “una vez acreditados mínimamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar”, los fiscales “deberán requerir al juez interviniente el embargo preventivo de los bienes que correspondan”.

Un ejemplo de esta política es el caso de María Julia Alsogaray. Luego de su condena por enriquecimiento ilícito, el Tribunal Oral Federal 4 dispuso que se subastara su casa para que la ex funcionaria compensara al Estado. Los jueces le reclamaron 3.179.207 pesos pero Alsogaray dijo que no tenía fondos.

En este expediente el decomiso de los bienes fue impulsado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), una ONG que, como tercero interesado, reclamó la medida y pidió que el dinero sea destinado al Hospital Garrahan. La resolución de Righi apunta a que de aquí en más sean los fiscales quienes se conviertan en parte activa para promover medidas de ese tipo.