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El ex presidente del Concejo Deliberante porteño, José Manuel Pico (PJ), recibió ayer su condena record: 14 años de prisión y 90 mil pesos de multa por haber cometido 534 estafas como parte de una asociación ilícita que vendía departamentos en operaciones truchas. Eso es lo que resolvió ayer el Tribunal Oral 24, que integran los jueces Raúl Llanos, Carlos María Bossi y Jorge Rojas, quienes además lo inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos.
La maniobra inmobiliaria se concretó a través de la constructora San Sebastián, que manejaba Antonio Nicolisi –quien ya fue condenado a 13 años de prisión– y en la que Pico era uno de los inversores. El ex edil quedó fue acusado de operar como nexo entre esa firma y el Concejo Deliberante. Así, se construyeron departamentos que no cumplían con los metros mínimos que requerían las normas edilicias urbanas y eran vendidos a gente de pocos recursos, que después no podía escriturar.
Durante la instrucción de la causa el fiscal José María Campagnoli señaló a Pico como una especie de “protector” de ese sistema por el cual se vendían y registraban propiedades irregularmente. El ex concejal, además, invertía dinero en una escribanía que financiaba las construcciones. Al parecer, a Pico le pagaban con departamentos que él no escrituraba sino que vendía inmediatamente. Una de las personas que más investigó este caso fue el ex ombudsman porteño Antonio Cartañá.
La condena que recayó sobre Pico ayer, por estafas reiteradas y asociación ilícita, se unificó con otras anteriores por enriquecimiento ilícito y uso de documento falso. Ya cumplió una condena de cinco años por haber incrementado su patrimonio de manera ilegítima y este año, además, la Cámara Federal de Corrientes le impuso tres años de prisión por haber falsificado un documento para fugarse del país a fines de 1996. Luego se supo que con esa identificación había cruzando la frontera argentina por la ciudad de Paso de los Libres para después seguir viaje hasta Porto Alegre, desde donde fue finalmente extraditado.
Cuando ayer el tribunal le dio la oportunidad de decir sus últimas palabras, Pico –ex sindicalista de los trabajadores de pastas alimenticias– se puso en el papel de víctima: “Estoy aquí –dijo– por haber sido concejal y presidente del último Concejo Deliberante. Soy totalmente inocente”. “Aquí se construyó una arquitectura jurídica maliciosa para perjudicarme –añadió–. He cometido errores pero los he pagado con creces”. Después dejó la sala de audiencias llorando, abrazado a su mujer y a su hija y ya no presenció la lectura del veredicto.
Los imputados en este juicio eran en total 27, muchos de ellos empleados municipales como agrimensores, inspectores, administrativos, y gestores de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Pero más de la mitad se declaró culpable en un juicio abreviado y se acogió a la probation. Hubo, además, 100 querellantes y 700 testigos. Quienes investigaron el caso, creen que todo fue una maniobra para lavar dinero proveniente de la política.
Pico está preso en un pabellón especial de Gendarmería. Su abogado, Luis Sasso –el mismo que defiende a Carlos Telleldín en la causa AMIA– quien había pedido la absolución, anticipó que apelará la decisión ante la Cámara de Casación Penal. Según especuló el defensor, Pico podría recuperar la libertad dentro de dos años por el tiempo que ya lleva tras las rejas.