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Si no fuera por el dictamen de La Haya –es otra temática, aunque en cierto sentido también podría incluírsela en la volteada—, han pasado unos días que parecieron ratificar, como nunca, eso de que “la política” va para un lado y la economía exactamente hacia el opuesto.

En el primer caso, es un tanto abrumador lo sucedido por lo enchastrado del escenario. Las polémicas y acusaciones estalladas se retroalimentaron, perdiéndose de vista lo nodal de cada hecho. Alguno fue muy gracioso, o más bien patético. En el debate por la revisión del Presupuesto, la diputada radical Silvana Giúdici citó a la intelectual Amalia Granata tras el encontronazo televisivo de ésta con Aníbal Fernández. “Granata tiene razón”, dijo Giúdici como si hubiera mentado a Keynes, en referencia a lo intolerable de la inflación. El apunte es nada más que un bocadillo, por supuesto. Sin embargo, a través del ridículo, en alguna medida refleja los extravíos conceptuales, las omisiones y los desenlaces que caracterizaron al resto de lo acontecido. Por ejemplo, la oposición consiguió recortar las facultades del Ejecutivo para decretar por necesidad y urgencia. Empero, al momento de votar el articulado volvió a quedar abajo del quórum porque faltaron varios. Entre ellos, el macrista Esteban Bullrich, ministro de Educación porteño, a quien no lo reemplaza el suplente. Esa deficiencia del conglomerado opositor, que en vez de funcionar en bloque es una suma de pegatinas circunstanciales comandadas por nadie, dejó también una enseñanza mayor tras las idas y vueltas con los cambios del impuesto al cheque. Gardiner habilitó una votación cuestionable. El presidente de Diputados, bajo ostensible presión del Gobierno y muy poco convencido, le devolvió el proyecto argumentando que no se había aprobado con los votos suficientes. El mendocino se lo reenvió con el sello de aprobado y ahora pasa al plenario de Cámara. En medio y al cabo de esa riña surgieron los pedidos de juicio político y pericias psiquiátricas al titular del Senado mientras la oposición se abroquelaba en su defensa. Pero resulta que la noticia principal no es ninguna de ésas sino una muy otra: frente a la sola percepción de que Fellner podía renunciar como titular de la Cámara baja, el grueso opositor entró en tembladeral porque esa instancia lo pondría en posición de dirigir el Congreso. ¿Cómo lo harían, siendo que no pueden gobernarse ellos mismos? Por cierto, el dato no fue presentado de esta manera sino como el temor de la oposición a aparecer estimulando un clima destituyente.

El rubro corrupción también dejó lo suyo, siempre visto desde las miradas que, por desidia o interés, se posan en lo superficial. O en forma parcelada. Amainó el affaire de las escuchas ilegales del equipazo de Macri, salvo por un fallo de Cámara que ratificó a Oyarbide como responsable del expediente y por la detención de uno de los ex jueces implicados. Pero arreció el de las andanzas de Ricardo Jaime, quien fue procesado por presunta aceptación de dádivas. El tema es que además se dictó el procesamiento de varios empresarios, entre los cuales figura Carlos Colunga, director de la compañía de taxis aéreos Mac Air, que pertenece al Grupo Macri. E igualmente la denuncia del ex embajador en Caracas, Ricardo Sadous, acerca de pedidos de coimas para proveer negocios con Venezuela, fue mostrada de manera tal que relativiza la lista de empresarios involucrados. Es notable la facilidad para olvidarse de algo tan elemental como que en las corruptelas, pequeñas o enormes, el baile requiere de más de uno, persona o bando. Y es igual de curioso que, casi invariablemente, el señalado por la mayoría de la prensa sea el “político” y nunca el de los hombres de negocios o las grandes corporaciones. Sin ir más lejos, no halló eco la noticia de que fueron detectadas maniobras de evasión impositiva, de empresas cerealeras, por más de 45 millones de pesos. Y una cifra aún mayor de compras de dólares y euros de compañías fantasma. No es importante, según parece. Habrá que ver cómo evoluciona el escándalo por el asesor de Claudio Lozano, descubierto dos metros en orsai en el Ministerio de Economía. Ya se sabe lo que generó el asunto, entre lo insólito de la situación y los cruces violentos de Boudou vs. Lozano y Fernández vs. Solanas. Pero lo que no se conoce, y por eso el caso es o podría ser conectable con aquello de los vistazos o informaciones parciales, es qué sucederá si Roberto Larosa prende el ventilador. Porque trabaja hace muchos años como informante para gente de la city, donde la alarma es asaz más grande de lo que se notificó. ¿Continuaría en danza la batahola si en lugar de dirigentes políticos emergieran involucrados empresas varias, consultoras, transaccionistas de Bolsa y otros congéneres?

Ajenos a esa atmósfera, los indicadores de la economía que se denominan “macro” siguen de fiesta. La actividad creció en marzo más de un 5 por ciento respecto del año pasado, la industria más todavía y el FMI corrige hacia arriba sus previsiones sobre el crecimiento económico argentino. Salvo los cigarrillos y un poco más los alimentos y las bebidas, en el primer trimestre del año subió la producción automotriz (más del 75 por ciento), siderúrgica, textil, química y plástica (todos por encima del 10 por ciento). Otro tanto el sector agropecuario. No son datos de Morenolandia sino estimaciones privadas. Los números de consumo doméstico, en obvia consonancia y con la mera percepción callejera, también se incrementan. La pregunta que ya se hace crónica es cómo se compatibiliza esa realidad con la pesadez del clima político. La respuesta se torna cada vez más complicada, salvo si se toma nota de que la existencia opositora lo es mucho más desde un carácter inercial que por presentación de alternativas convincentes. Y si acaso no se coincidiera con eso, habrá que contestar por qué la economía prácticamente no figura en el debate político.

Desde esta lógica que subalterniza los fondos de cuestión, parecería que el diablo también metió la cola en cómo se aprecia, en las dos orillas, el fallo del tribunal de La Haya. El Gobierno argentino aplaude la condena al de Uruguay por apropiarse del río, y el uruguayo festeja que esa sentencia no tenga efectos prácticos porque Botnia seguirá donde está. La próxima reunión de ambos presidentes corrobora que el tema continuará en alivio institucional y está muy bien, más allá de la tozudez de los vecinos de Gualeguaychú en persistir con el corte de la frontera. Pero la opinión del autor es que entre las barrabasadas de un lado y del otro, y la satisfacción mutua por el fallo, se pierde de vista que la política ambiental del costado argentino es un desastre (empezando por las propias contaminadoras locales de los ríos). Y los uruguayos se conforman con que la planta siga ahí, viendo cómo la gran torta va a parar a una multinacional privada de otro continente a cambio de plantar arbolitos. Da la sensación de que quienes verdaderamente deben festejar no viven por acá.