”Hoy es público que hay desaparecidos en España. Hace diez años dudo que lo fuera”, afirma Hernán Macías, cofundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), la principal entidad española que busca recopilar información para identificar a las víctimas de la dictadura de Francisco Franco. La entidad es una de las querellantes en la causa que persigue que la Justicia argentina aplique las leyes de jurisdicción internacional para investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1936 y 1977 en la península ibérica. Con 37 años y más de diez dedicados a la coordinación, búsqueda y exhumación de fosas comunes, Macías ha conseguido la identificación de 1400 cuerpos de fusilados durante el franquismo, que fueron devueltos a sus familiares. En diálogo con Página/12, afirma que será muy difícil que se derogue la Ley de Amnistía que hoy permite que el brazo político que sobrevive a Franco (la Falange) impulse el pedido de destitución del juez Baltasar Garzón por declararse competente para investigar el genocidio.

–¿Cómo surge la necesidad de crear la ARMH y cuál es su función?

–La curiosidad nos impulsó a investigar sobre el tema. La ARMH nace en 2000, después de la primera exhumación de una fosa común con métodos científicos. En muchos casos, la gente sabía dónde estaban sus familiares, pero no podía recuperarlos porque estaba prohibido. El régimen de Franco no quería dejar las pruebas, quería borrar todo lo que había hecho. Hubo intentos clandestinos: iban con un pico y una pala y se llevaban lo que podían. Nosotros sabíamos de una fosa donde estaba el abuelo de Emilio Silva (presidente de la ARMH), en ella había doce hombres más y se nos ocurrió sacarlos, llevarlos e identificarlos con forenses. Luego utilizamos los medios de comunicación: lanzamos una carta dando una comparativa de lo que sucedía en España y en Sudamérica. “Mi abuelo también fue un desaparecido”, fue el título. En España, la figura del desaparecido no existía.

–¿Los españoles tienen conciencia de sus “desaparecidos”?

–La sociedad ha cambiado en los últimos diez años de manera espectacular. El problema de los desaparecidos es que no por muchos que haya termine siendo un asunto más público. Todavía hoy nos escriben algunos que se acaban de enterar de su historia familiar. Las propias familias no se lo dijeron a sus hijos o nietos. Fue borrada. Hay otros que nunca hablaron de sus parientes. Hoy hablan entre vecinos y se dan cuenta de que se conocían hace años y jamás se habían dicho uno al otro que tenían familiares desaparecidos. Cuando hay muchas historias que son privadas, no se transmiten. Son muchos los desaparecidos, más de 113 mil, pero también es verdad que fueron 40 años de dictadura donde hay dos generaciones exterminadas y otros que van muriendo por causas naturales. Sobre todo, en España fue reprimido el recuerdo. En los últimos diez años, a fuerza de denunciar la existencia de fosas comunes, a base de demostrarle a la opinión pública que los jueces no quieren intervenir, hemos logrado que el ciudadano común se dé cuenta de que se están haciendo las cosas mal.

–¿Cuál fue la repercusión en España de la presentación de la querella en Argentina?

–Hoy todo el mundo en España habla de eso, con todos los detalles. La noticia de haber un proceso afuera, en Argentina, contribuye a derribar el imaginario que investigar estos delitos no significa poner el país patas arriba ni fusilar a nadie. Los que simpatizan con Franco tienen miedo de que a ellos les hagan lo mismo: un sistema democrático jamás se va a poner a la altura de una dictadura y nadie los va a llevar al pelotón de fusilamiento. Desgraciadamente, llegamos demasiado tarde. Los causantes de las mayores atrocidades posiblemente ya estén muertos, pero hay otros vivos que deben pagar por sus crímenes. Esta querella contribuye a poner en un mismo nivel a la dictadura chilena, argentina y española. Ahora son lo mismo.

Macías denuncia que los núcleos duros del franquismo siguen enquistados en la sociedad española y conservan sus privilegios. Los nietos de los dictadores –que aún son homenajeados en los nombres de las calles– forman parte de una suerte de “jet-set” ibérico. Para Macías, la Falange debería estar prohibida como partido político por reivindicar la violencia; cree que el error que desembocó en la época más sanguinaria de la historia de España fue no haber separado a Franco del ejército cuando intentó levantarse contra la república, años antes del golpe. Al intentar explicar cómo en ese período forzaron a los intelectuales más lúcidos a exiliarse y cómo la Iglesia fue la responsable de ser el sustento ideológico y cultural de la dictadura, su relato recala en las atrocidades cometidas por Vallejo Nágera. Psiquiatra de cabecera de Franco, experimentó con los brigadistas internacionales que habían sido capturados para intentar identificar el gen que los había vuelto marxistas.

–¿El gobierno español apoya la investigación sobre los asesinatos?

–No. El gobierno no ha establecido ningún tipo de mecanismos para buscar a los desaparecidos. Les encarga esa labor a las asociaciones o les dice a los familiares que hay asociaciones que los pueden ayudar. Me da risa, a muchos familiares que se están dirigiendo a las oficinas de un ministerio los mandan con nosotros.

–¿Rodríguez Zapatero apoyó a Garzón frente a la embestida de la derecha?

–La actitud no ha sido de respaldo a Garzón. No creo que estén en contra, pero tampoco demuestran que estén muy a favor. Zapatero declaró que a Franco lo juzgó la historia. Entonces yo digo que cuando alguien asesine a otro, pues entonces que lo juzgue la historia y ya está. Los crímenes se tienen que juzgar, la historia es para otra cosa. Me imagino que si Zapatero no supiera dónde está su abuelo tendría otra actitud, pero él sí sabe. No es una herida tan profunda como la de las personas que hoy buscan a sus desaparecidos.

–¿Es posible que en España se derogue la Ley de Amnistía, como sucedió en Argentina con las leyes del perdón, para que se pueda juzgar a los genocidas?

–Los congresistas no están preparados para derogar la Ley de Amnistía. Ese proceso lo vivieron países con situaciones similares a la de España y que más tarde va a tener que vivir la misma España. Salvo los partidos de tradición izquierdista, los demás no apoyarían algo así. Hay una corriente dentro del mismo Partido Socialista que no lo va a hacer. El Partido Popular seguro que no, porque si lo hicieran, su fundador y presidente honorario (Manuel Fraga) estaría en la cárcel. Fraga es uno de los causantes de una matanza en una manifestación en 1976 donde mueren seis obreros, y hay grabaciones que lo comprometen en su rol de ministro de la dictadura. Es probable que la Ley de Amnistía se termine derogando siguiendo la legislación internacional, desde afuera. Con las presiones externas tal vez alguien se decida a hacerlo, ya que no tiene ningún costo político. El Partido Socialista revalidaría el título si la deroga. El electorado no está dividido, sino que está ampliamente a favor de que se investigue. El PSOE pierde elecciones por no movilizar a su electorado. Parte de su electorado lo que quiere es que se investigue. También creo que una de las claves sería que el Partido Popular se dividiese: los que están a favor y los que están en contra.

–¿El Poder Judicial tampoco se mueve para investigar?

–Se han acostumbrado a decir “eso ha prescripto”, y eso no lo pueden hacer a menos que ellos determinen quiénes son los que están ahí enterrados. Cuando una fosa aparece, no hay ninguna documentación que diga quiénes están ahí. Hay que hacer el proceso para identificarles. Recién entonces pueden decir que queda excluida la responsabilidad penal por la Ley de Amnistía. Ellos saben que no pueden demostrar la identidad de esa persona. Deberían investigar quiénes son esos desaparecidos, y una vez que se sepa devolvérselos a sus familiares. Si no quieren seguir investigando a los autores del crimen es su problema. Ese sería el primer paso. Pero es muy difícil hacerles entender esto.

–¿Qué opinión tiene sobre la jueza María Servini de Cubría en cuyo juzgado recayó la querella?

–No puedo hablar de algo que desconozco. Por la impresión que me dio tiene puntos para no ser tan optimistas y otros para serlo: como las investigaciones sobre niños recuperados que ella ha permitido que sigan adelante. Con la experiencia que tenemos con los jueces españoles, en algunos casos nos podemos sorprender.

Entrevista: Gabriel Morini.