La Asociación Argentina de Swingers reclama que le otorguen la personería jurídica, una pelea que lleva desde hace ocho años. En 2002, la Inspección General de Justicia le rechazó el trámite. El organismo, que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, alegó en ese momento que la promoción del estilo de vida swinger, objetivo de la entidad, lesionaba “la moral y las buenas costumbres” y atentaba contra el deber de fidelidad establecido en el artículo 198 del Código Civil, aun cuando no haya engaño u ocultamiento y exista el consentimiento recíproco de los cónyuges de mantener relaciones sexuales con terceras personas. En diciembre, la AAS volvió a insistir con el pedido pero todavía no obtuvo respuesta. “Están cajoneando el expediente”, cuestionó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien patrocina a la AAS.

La entidad acompañó su nueva presentación con un dictamen del Inadi del 31 de agosto de 2009 que recomienda a las autoridades de la IGJ otorgar la personería jurídica a la AAS, y advierte que denegársela contraria los valores democráticos, y los principios de igualdad, libertad y laicidad, y en consecuencia, se encuadra en una práctica discriminatoria. Como antecedente, la AAS incluyó un fallo de 2006 de la Corte Suprema de Justicia que avaló el reclamo de personería jurídica de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual de Argentina y revocó una sentencia de cámara que había sostenido que la Alitt perseguía fines sociales contrarios al bien común.

En diálogo con Página/12, el presidente de la AAS, Daniel Bracamonte, aseguró que en el país hay alrededor de 100 mil parejas swingers. Bracamonte vive en el barrio porteño de Villa Urquiza, es periodista, tiene 53 años y junto a su esposa, Beatriz Mufachio, practica el estilo de vida swinger desde hace dos décadas. Bracamonte y Mufachio tienen dos hijos, de 30 y 27 años. El titular de AAS contó que edita desde hace 14 años la revista Entre nosotros swingers, que “vende unos 10 mil ejemplares cada mes”. “En la ciudad de Buenos Aires hay siete clubes swingers y tres más en la provincia de Córdoba”, apuntó.

–¿Para qué quieren la personería jurídica? –preguntó este diario.

–No buscamos tener un permiso para realizar nuestra actividad porque la practicamos en la intimidad. Lo que nos pasa es que sin personería jurídica se nos dificulta lograr habilitaciones de los clubes swingers. Nos categorizan como discotecas y cuando llega una inspección y ven a una persona haciendo un striptease, lo clausuran. Tenemos que “arreglar” inspectores y policías para no sentir la presión de que nos van a cerrar. ¿Por qué los criadores de palomas tienen derecho a agruparse y nosotros no? Queremos tener una sede para poder dar charlas, talleres y apoyo psicológico para parejas que tal vez tienen la fantasía de ser swingers pero no se animan por celos, el miedo al día después u otros factores. Hoy ese apoyo lo brindamos en forma privada.

Un pedido de personería jurídica habitualmente no demora más de un mes. El de la AAS ya lleva más de cuatro meses. Página/12 consultó en la IGJ pero el organismo no respondió sobre la situación del expediente de la AAS.

Ocho años atrás, la entidad intentó obtener la personería jurídica por primera vez. Pero le fue denegada a través de la Resolución Nº 541, dictada el 28 de junio de 2002 por la IGJ, y por la Sala A de la Cámara Nacional Civil. Ese fallo no fue apelado y quedó firme. De acuerdo con el estatuto constitutivo de la AAS, sus objetivos son “la promoción del estilo de vida swinger, entendido éste como propuesta alternativa en materia sexual y cultural en la estructura matrimonial y de parejas” y la difusión de “la filosofía swinger por medio de revistas, videos, y/o páginas web”. “Esta actividad permitirá agrupar a los swingers desarrollando su cultura, preservando su intimidad y divulgando las normas que los definen”, dice el documento presentado en la IJG.

Gil Domínguez sostiene que el fallo de la Corte Suprema que en 2006 avaló por unanimidad el pedido de personería jurídica de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti-Transexual es un antecedente incuestionable para allanar el camino para que la AAS obtenga la suya. Ese fallo revocó una sentencia de la Sala K de la Cámara Civil –que a la vez había confirmado lo resuelto por la Inspección General de Justicia– y dictaminó que en resguardo del derecho fundamental y humano de asociarse con fines útiles, Alitt estaba facultada para obtener la personería jurídica conforme lo establece el artículo 33 del Código Civil, es decir, con el objetivo de promover el bien común, explicó Gil Domínguez.