Tras el testimonio de Eduardo Sadous, el ex embajador argentino en Caracas que habló de pedidos de coimas a los empresarios argentinos que querían hacer negocios con Venezuela, el juez federal Julián Ercolini orientó la investigación hacia un nombre: el ex funcionario Claudio Uberti, a quien señaló como quien manejaba la relación comercial con ese país. Sadous había aludido a maniobras a través de un fideicomiso por el cual lo que Argentina pagaba por fuel oil al gobierno de Hugo Chávez debía volver en la compra de productos industriales argentinos. El magistrado a cargo de la investigación le requirió ayer a la Dirección Nacional de Migraciones que informe todas las salidas y entradas de Uberti desde y hacia Venezuela de 2003 y 2006. Y le reclamó también al Ministerio de Planificación los documentos que darían cuenta del acuerdo bilateral y si Uberti había sido designado como coordinador del fideicomiso.

Como medida adicional, a propuesta del fiscal Gerardo Pollicita, Ercolini requirió la lista de todos los funcionarios que integraban las comitivas que viajaban a la tierra de Chávez en el marco de negocios, informaron allegados a la investigación. También pidió las agendas programadas para cada uno de los viajes. Cuando declaró la semana pasada, Sadous señaló que el Ministerio de Planificación era el que se ocupaba de las cuestiones del fideicomiso y le atribuyó a Uberti –por entonces titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi)– un papel central en el manejo de ese fondo.

Esta causa se inició con una denuncia de la Coalición Cívica por supuesta asociación ilícita contra el ex presidente Néstor Kirchner y buena parte de sus funcionarios. En ella, los acuerdos con Venezuela son apenas una porción. Sadous fue embajador en Venezuela desde octubre de 2002 hasta mayo de 2005 y fue reemplazado por pedido de Chávez que lo acusaba de reunirse con los dirigentes de la oposición y conspirar contra su gobierno por encargo de los diplomáticos norteamericanos. Sadous es un funcionario de carrera a quien se lo considera cercano a Domingo Cavallo, de quien fue su secretario privado. Además, la Cancillería dejó claro que durante todo estos años Sadous nunca hizo ninguna denuncia interna sobre los dichos que ahora recordó súbitamente en la Justicia.

En los próximos días, el juez Ercolini citaría a los dos empresarios que según Sadous se habrían quejado por los requerimientos: el ganadero Eduardo Cabana, quien intentaba exportar vaquillonas, y José Aizpun, de la empresa de ascensores Servas. Los dos empresarios ya desmintieron las denuncias de Sadous. Cabana incluso dijo que no conocía al ex embajador y que si se hizo su negocio fue porque le fallaron los compradores venezolanos. En el juzgado analizan si el empresario citado no es un homónimo del que desminitió al embajador.

El juez también tomaría las primeras medidas para reconstruir el funcionamiento del Fideicomiso, en el caso que hubiera existido. Pediría vía exhorto el detalle de los movimientos de la cuenta en el banco UBS Stamford de Nueva York identificada como “Bandes Fideicomiso”.