Las diferencias internas y la resistencia del socialismo impidieron al Grupo A acordar ayer un proyecto único para suprimir las retenciones a las exportaciones agrícolas. La propuesta más extrema –que apunta a la eliminación de las alícuotas al trigo, el maíz, el girasol y el sorgo, y la reducción del diez por ciento a la soja– cosechó las adhesiones de la UCR, la CC y el PRO. El peronismo disidente reclamó también un piso sin retenciones para la soja; el GEN pidió que se contemplen las diferencias regionales y el socialismo insistió en la segmentación de las retenciones por niveles de producción en todos los cereales y oleaginosas. Sin acuerdo político, la discusión seguirá a través de los “equipos técnicos” que también evaluarían el impacto fiscal que la eliminación de las retenciones provocaría en las arcas del Estado.

El encuentro en las oficinas que el bloque del GEN tiene fuera del Palacio Legislativo fue numeroso pero mucho más corto de lo esperado. La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, abrió la reunión con la propuesta de avanzar sobre la iniciativa que elimina las retenciones para maíz, trigo, sorgo y girasol y mantiene en el 25 por ciento a la soja. Pero la discusión no siguió por esos carriles.

La presidenta del bloque socialista, Mónica Fein, mantuvo la postura de favorecer a los pequeños y medianos productores a través de la segmentación de las retenciones por niveles de producción y en todos los cereales y oleaginosas. El diputado socialista y productor agropecuario Lisandro Viale fue el encargado de exponer la iniciativa, lo que molestó a Carrió. Lilita afirmó que el encuentro era solamente para las autoridades de bloque y se retiró momentáneamente de la sala mientras duró la exposición del socialista, aunque también estaban presentes en la reunión diputados de otros partidos que no representan a la conducción de sus respectivas bancadas.

Viale dijo que había que sostener un piso sin retenciones para cada producción: 1000 toneladas para el trigo y la soja; 2400 para el maíz, 1800 para el sorgo y 700 para el girasol. Y a partir de allí, la segmentación en las alícuotas a medida que aumenta las toneladas exportadas para cada uno de los productos. Pero Viale también cuantificó el agujero fiscal que produciría sólo la rebaja del 35 al 25 por ciento en las retenciones a la soja: “Más de 8000 millones de pesos, de los cuales unos 6000 embolsarían el ocho por ciento de los productores que concentran el 75 por ciento de la producción sojera”. Lo que significaría una transferencia de fondos del Estado hacia los grandes grupos concentrados de la producción agrícola.

Carrió interpretó la resistencia socialista como el abandono de las promesas electorales del Acuerdo Cívico y Social. Los socialistas, en cambio, afirman que siempre sostuvieron la misma postura, “incluso durante la peleas por la 125”. La discusión siguió por otros medios.

El comunicado de prensa difundido por cívicos y radicales afirma que “los presidentes de los bloques de ambas cámaras de la UCR, CC, PRO, Peronismo Federal y GEN alcanzaron un principio de acuerdo en materia de retenciones que implica su eliminación en productos regionales y la creación de una comisión que resolverá la alícuota para la soja”.

Allí también se afirma que dicha comisión “estará integrada por miembros de los partidos de la oposición integrantes de la Comisión de Agricultura”. El comunicado excluyó del “acuerdo” a los socialistas, que sí aparecen en la foto del encuentro que la CC adjuntó al comunicado. Sin embargo, los socialistas afirmaron que igual participarán del debate en la comisión técnica.

El macrista Federico Pinedo salió a respaldar el “acuerdo” entre los legisladores opositores. “Decidimos formar un grupo de trabajo técnico de diputados especialistas en temas de agricultura y economía para acordar una política de retenciones a la soja”, afirmó el jefe de la bancada PRO y definió el apuro opositor: “Tenemos que establecer las nuevas retenciones a principios de agosto, ya que el 24 de ese mes se vence la delegación de facultades del Congreso al Ejecutivo”.

En tanto, el PJ anti K y el GEN, que avalaron el acuerdo, también plantearon otras cuestiones al proyecto original. Margarita Stolbizer se mostró preocupada por la producción de trigo y pidió contemplar las dificultades regionales para diferenciar a los productores más afectados. El peronista disidente Felipe Solá consideró que también se podría dejar sin gravamen a las primeras 500 toneladas de soja exportadas.

Pero Solá pidió que la comisión analice el “impacto fiscal” que produciría la futura medida: “Es una discusión técnica pero también política”, admitió a la vez que propuso que la decisión que adopte el Congreso abarque solamente “el año agrícola de junio a junio” porque la realidad agropecuaria “se modifica permanentemente”. Preocupaciones que también alcanzan al resto de los partidos opositores que aspiran a gobernar en 2011.