Parece impensable que un hospital pueda funcionar sin gas ni agua caliente. Pero sucede. Así está el hospital oftalmológico Pedro Lagleyze desde hace más de un año, resistiendo la única respuesta que recibe del gobierno porteño: que tendrá en cuenta el asunto dentro del período 2010-2012, “sujeto a disponibilidad”. En marzo último, cuando la situación se agudizó tras una inundación que destrozó lo que quedaba de las calderas, la administración PRO cerró el establecimiento, pero una medida cautelar dictada por la jueza Elena Liberatori le ordenó reabrirlo y hacerse cargo de las reparaciones necesarias. Los funcionarios de Salud se comprometieron a concretarlas y garantizar una atención digna. Sin embargo, nada cambió. Los médicos van a trabajar con su estufita eléctrica a cuestas –lo que a su vez hace que salten los disyuntores cada dos por tres– y el calor de su buena voluntad. Por todo esto, Liberatori acaba de intimar al gobierno de Mauricio Macri a iniciar las obras en un plazo de cinco días y habilitar nombramientos pendientes por lo menos desde 2007 de camilleros, oftalmólogos, bioquímicos, pediatras, telefonistas y hasta subdirector de la institución.

El derrotero que viene protagonizando el Lagleyze es un catálogo abierto de todo lo que se puede hacer para asfixiar un hospital público. Empezando por darle una ínfima parte de las partidas de dinero que reclaman sus directivos. En 2008 pidieron 2,1 millones de pesos para necesidades operativas básicas, y les dieron 710 mil, o sea, un 32 por ciento. Este año pidieron 3 millones para equipamiento, y les dieron 20 mil pesos. Los problemas con el gas y el agua caliente comenzaron hace cerca de tres años y fueron empeorando, igual que la carencia de insumos y personal. La “falta de presupuesto” es la respuesta favorita a todo planteo.

Tras la inundación que el centro oftalmológico de Paternal sufrió en febrero, el gobierno porteño encontró la excusa para cerrarlo. Un amparo del legislador de Proyecto Sur Jorge Selser consiguió evitarlo: la jueza Liberatori resolvió que debía seguir funcionando con garantías del Ministerio de Salud local. La cartera prometió encarar las obras postergadas. Poco después, Liberatori firmó una ampliación de la cautelar porque el hospital no recibía insumos. Y anteayer, en una tercera cautelar, puso plazo de cinco días para que se concrete la instalación de un sistema de calefacción y agua caliente y se habiliten 27 nombramientos. El fallo dice que la voluntad de mantener el establecimiento abierto que mostró en marzo el gobierno de Macri “no se condice” con “la actividad administrativa desplegada por el Ministerio de Salud, dado que existen reclamos efectuados por el director del hospital –Ernesto Anauati– que datan de más de dos años sin respuesta”.

El Lagleyze atiende un promedio de 1000 pacientes por día y realiza cirugías de la vista. La jueza Liberatori recuerda que al ser también un hospital-escuela “reviste trascendencia nacional”. Pese a las limitaciones, los médicos y empleados intentan seguir prestando servicio. Saben que, por dar un ejemplo, un glaucoma no tratado puede ser una ceguera. “Es una pelea día a día. El área de internación es una heladera, no se puede estar. Intentamos reducir al máximo las internaciones. Si llega un accidentado es un drama. Hoy ni siquiera había elementos de laboratorio para hacer análisis de orina”, cuenta Elena Nicosia, administrativa y delegada de ATE.

La resolución detalla lo que la cartera sanitaria deberá hacer: desde poner termotanques, reparar la caldera, reemplazar el montacargas, arreglar cuatro baños, la entrada del hospital, hasta poner luces de emergencia y crear un “habitáculo para residuos patógenicos”. Además, tendrá que nombrar dos telefonistas, un electricista, nueve administrativos, siete camilleros, un farmacéutico, un pediatra, dos oftalmólogos, un microbiólogo, dos bioquímicos y cubrir el cargo de subdirector del hospital. La mayoría están pendientes desde 2007, dice el fallo. El Ministerio de Salud prohíbe a los directores de hospitales hablar con la prensa sin autorización. Por eso Página/12 no pudo hablar con Anauati.

Un párrafo de la cautelar recuerda que se debe “garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes de la ciudad y –en este caso– de todos los pacientes oftalmológicos que puedan ser derivados desde distintos puntos del país”. Esto contradice un criterio que parece reinar en la ciudad: en una de las audiencias judiciales los funcionarios porteños mencionaron en un cuarto intermedio que no hay intención de invertir en un hospital oftalmológico donde el 84 por ciento de los pacientes viene de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias y de países limítrofes. El comentario no consta en actas, pero lo escucharon varios testigos. La oposición legislativa especula con que quieren cerrar el hospital para vender el terreno por subasta, ya que una rezonificación permitirá la construcción de edificios altos en el área. Así ganarían plata y achicarían gastos.

Aunque está obligado a cumplir con la medida cautelar en danza, el Ministerio de Salud de la Ciudad ha tenido por política no acatar los fallos destinados a revertir situaciones críticas en hospitales porteños y barrios carenciados. El incumplimiento le ha costado multas, pedidos de juicio político y embargo de cuentas al titular de Salud, Jorge Lemus. Días atrás incluso la oposición pidió su renuncia, tras hacer un análisis del desmantelamiento de la salud en la Ciudad y que este diario revelara que, además de cobrar 25 mil pesos como ministro, Lemus recibe 16 mil pesos como asesor de una mutual.