El camarista mendocino Otilio Roque Romano, acusado como partícipe secundario en un centenar de privaciones ilegítimas de la libertad y torturas durante la dictadura, declaró ayer ante el juez federal Walter Bento. El acusado, que hace tres décadas era fiscal federal, aseguró que se atuvo al Código Penal Militar que regía en la época y que la represión clandestina implementada por el gobierno de facto funcionaba “aislada” del Poder Judicial. Hoy deberá declarar Luis Miret, juez federal durante la dictadura y compañero de Romano en la Cámara Federal de Mendoza.

Con la representación de su hija, Verónica Romano, y del abogado Juan Carlos Aguinaga, Romano aseguró que el Poder Judicial estaba aislado de la persecución y represión encarada por las Fuerzas Armadas desde 1975. Según explicó Aguinaga a la prensa local, Romano “hizo una exposición muy inteligente e interesante, refiriéndose a las normas jurídicas que regían en aquella época y, particularmente, ha hecho hincapié en los testimonios de destacados juristas sosteniendo que todo el proceso de persecución y represión clandestino que armó el gobierno militar era aislado del Poder Judicial”. El ex ministro de seguridad del gobernador cuyano Celso Jaque agregó “que el sistema impedía la participación de los jueces, a tal punto que también estaba sometido al sistema del Código Penal Militar”.

Romano está imputado por encubrir los secuestros de 55 personas, de las cuales 35 continúan desaparecidas, más otros 39 casos de torturas. Su situación sería más complicada que la del juez Miret, porque se le atribuye haber omitido las denuncias que recibía como fiscal. Romano está acusado justamente por omisión “sistemática y prolongada en el tiempo de promover la persecución y la represión” de delitos de lesa humanidad. Romano fue el primer magistrado cuyano indagado por el juez Bento por su actuación durante el terrorismo de Estado. Mañana deberá declarar Miret; el próximo martes, Guillermo Max Petra Racabarren, y un día después Rolando Carrizo, que ya no forman parte de la corporación judicial.

“Es un día histórico”, consideró la abogada Viviana Beigel, defensora de la ex presa política Luz Faingold, quien padeció a las fuerzas represivas cuyanas cuando tenía 17 años y vivió durante ocho años exiliada en Francia, hasta que en 1983 pudo denunciar las atrocidades sufridas y el rol de los magistrados mendocinos. “Empieza a desarmarse el aparato de impunidad”, celebró el ex preso político Fernando Rule, uno de los impulsores de la denuncia, rodeado de familiares de víctimas de la dictadura que se acercaron hasta el tercer piso de los tribunales federales. Rule calificó a Miret y Romano como “delincuentes intelectuales”, ya que “ellos no recibían órdenes de un general o un teniente”.