El general del Ejército Oscar Gallino, poco conocido hasta ahora, comenzó a perder el anonimato en los últimos días. Gallino fue el hombre a quien la dictadura militar le encomendó “investigar” económicamente a los Graiver y fue su interrogador mientras estuvieron en cautiverio entre marzo y abril de 1977. Los fiscales de La Plata que investigan las violaciones a los derechos humanos cometidas en el “circuito Camps” pidieron su detención e indagatoria como medida urgente ante el juez Arnaldo Corazza. En rigor fue un reclamo: ya habían requerido la captura en abril de 2008 por 69 casos de secuestros y torturas, entre ellos los de todos los Graiver, sus empleados y Rafael Ianover (su testaferro), y por el homicidio de Jorge Rubinstein (el abogado que fue mano derecha de David Graiver en sus negocios).

Gallino, presumen en la fiscalía, podría convertirse en una figura central en la causa sobre la venta de Papel Prensa. El reclamo de su detención en otra investigación conexa –la de los crímenes en el centro clandestino Puesto Vasco– intenta ser un reaseguro para evitar, por ejemplo, que se fugue.

En los últimos días se difundieron documentos del Ejército de los días 7 y 9 de abril de 1977. En uno de ellos Gallino asentaba que se había reunido con “el secretario de Industria, Raymundo Podestá, los presidentes de los directorios de La Nación, Clarín y La Razón, que son los adquirentes del paquete accionario del ‘Grupo Fundador’ de Papel Prensa, que representa el 26 por ciento del total del paquete accionario”. Es decir que hay actas firmadas por el propio Gallino que dan cuenta de reuniones que mantenía con los directivos de los tres diarios mientras los Graiver estaban detenidos y eran sometidos al Consejo de Guerra Especial 2 donde él mismo interrogaba. Gallino, en la jerga castrense, hacía una “prevención sumarial”, un expediente militar que pretendía dar aspecto de legalidad a las privaciones ilegales de la libertad de muchos desaparecidos, después de ser torturados. Las declaraciones eran giradas a un juzgado.

Para la Unidad Fiscal de Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de La Plata, las actividades de Gallino tenían un alcance mucho mayor. Ya en 2008, en la causa sobre Puesto Vasco, los fiscales decían: “No sólo tenía conocimiento de la existencia de los centros clandestinos de detención, sino que concurría a ellos, ostentaba poder de mando sobre los represores de cada uno de esos lugares y procedía a interrogar a personas que habían sido vejadas y torturadas previamente”. Pedían su indagatoria “en virtud del alto cargo jerárquico que ostentaba en el Ejército y el poder de hecho que realmente tenía y la libertad con la que desplegaba su accionar sobre personas secuestradas y torturadas”. El dictamen incluye testimonios que señalan a Gallino como interrogador no sólo en Puesto Vasco sino en el Pozo de Banfield, por donde se paseaba con Ramón Camps. También fue subdirector del centro de detención El Tolueno, en Campo de Mayo.

Lo que le presentaron ayer al juez Corazza los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Carlos Dalau Dumm es un “pedido de pronto despacho”. Reclamaron no sólo la detención de Gallino sino de otros represores. Algunos ya están presos por otras causas, como el comisario Miguel Etchecolatz, el ex capellán Cristian Von Wernich, el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el ex gobernador bonaerense Ibérico Saint Jean y el coronel Alejandro Arias Duval. Los imputados señalados son veinte. A la mayoría de ellos se los responsabiliza por 69 casos de secuestros y torturas, entre los que figuran: Lidia Papaleo (viuda de David Graiver), Juan Graiver y Eva Gitnacht (padres de David), Isidoro Graiver, Silvia Fanjul (tesorera), Lidia Gesualdi (secretaria), Ianover, Orlando Reinoso (directivo de Galería Da Vinci, de los Graiver), Osvaldo Papaleo, Omar A. Espósito (del Banco Comercial del Plata, de los Graiver), Jacobo Timerman y Gustavo Caraballo (secretario legal y técnico de Perón y abogado de José Ber Gelbard). Algunos casos ya fueron juzgados como crímenes de lesa humanidad en el juicio a Von Wernich.

Tras el Consejo de Guerra, los Graiver y Ianover, entre otros, fueron sancionados por la Junta Militar (el 19 de abril de 1977) que les quitó sus derechos políticos o gremiales, los inhabilitó para ejercer cargos públicos y les prohibió administrar y disponer de sus bienes. A esa altura, Papel Prensa ya estaba en manos de los diarios (en sociedad con el Estado, la Junta Militar), afuera de la “interdicción”. Todo el proceso fue revocado más adelante por la Justicia federal.

Los fiscales abrieron un expediente específico sobre la venta de Papel Prensa, donde en principio se contempla el delito de extorsión y su posible vinculación con el terrorismo de Estado en función de una resolución que giró el juez porteño Daniel Rafecas, que plantea como “inescindible” el traspaso accionario de los secuestros.