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Desde Santiago

Con el conflicto mapuche planeando sobre La Moneda, el presidente Sebastián Piñera firmó ayer un proyecto de ley que busca modificar la Justicia Militar circunscribiendo su teatro de operaciones exclusivamente a causas en que estén implicados uniformados y sacando a los civiles. Además, aumentará las sanciones por maltrato a funcionarios de las policías (uniformadas y civiles), entre otras reformas.

“La aprobación de este proyecto va a significar que más de cuatro mil causas, que hoy día son conocidas por tribunales militares, muchas de las cuales afectan a activistas pertenecientes al pueblo o a la causa mapuche, pasarán a ser conocidas por tribunales civiles y sus procedimientos serán regidos por las normas comunes contenidas en nuestro Código Procesal Penal”, explicó Piñera.

Con ello, su gobierno intenta encontrar una salida a una situación compleja que mantiene en huelga de hambre a 32 comuneros mapuches desde hace 59 días, procesados varios de ellos por la ley antiterrorista en juzgados civiles y militares. Más, cuando algunos de los comuneros han presentado descompensaciones durante los últimos días, siendo llevados a hospitales para examinarlos.

La iniciativa legal también regulará los casos de coautoría o coparticipación en los que aparecen involucrados civiles y militares, estableciendo la regla de que cada cual será juzgado en su respectiva jurisdicción. “De esta manera la Justicia Militar que, en un Estado de derecho, debe ser una Justicia excepcional sólo se limitará a conocer los delitos militares cometidos por militares”, precisó el presidente.

También se creará un estatuto que protegerá a los Carabineros e Investigaciones, sancionando delitos como el uso de fuerza e intimidación a las fuerzas de orden.

En cuanto a la modificación a la ley antiterrorista anunciada la semana pasada desde La Moneda, Piñera aseguró que ese proyecto será enviado en los próximos días al Congreso para su discusión.

“La idea es que la sanción a las conductas terroristas, que es algo que toda democracia necesita y requiere, se haga con los mejores estándares y con las mejores normas internacionales”, acotó.

Para gran parte de la clase política chilena, esta reformulación de la ley sería histórica, debido a que se trata de una aspiración que se arrastra desde que terminó la dictadura militar en 1990 y que hoy se enmarca en la extensa huelga de hambre de los comuneros mapuches que acusan la aplicación de esta normativa en su contra.

La reforma también contempla la investigación y el juzgamiento de delitos de naturaleza militar que puedan ser cometidos por civiles, como espionaje, rebelión y sedición, y regula casos como coautoría o coparticipación en que aparecen involucrados simultáneamente civiles y militares, asegurando que cada cual será juzgado en su respectiva jurisdicción.

Piñera hizo la presentación de la iniciativa en el Patio de los Naranjos de La Moneda. En ese escenario, reiteró el llamado a los 32 mapuches que mantienen el ayuno a que depongan su actitud y que “retomen cuanto antes el camino del diálogo y el camino del Estado de derecho”. Junto a ello, instó a la las iglesias y “a todos los chilenos y chilenas de buena voluntad”, a interceder en este caso.

Finalmente los diputados de la Democracia Cristiana por la región de la Araucanía, René Saffirio y Fuad Chahín, sin bien valoraron la firma presidencial, insistieron en la necesidad de impulsar una mesa de diálogo para solucionar la huelga de hambre. “No entendemos por qué el gobierno no quiere hablar con los mapuches y sus familiares; ellos lo han solicitado en cada una de nuestras reuniones; la mesa de diálogo puede ser el comienzo del término de la huelga de hambre”, coincidieron.